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Por Raúl Dellatorre  Carlos Rodríguez,
viceministro de Economía, pegó ayer un portazo. La agitada despedida del número dos de
Roque Fernández empezó el martes a la noche, cuando en el Palacio de Hacienda se tomó
conocimiento de que la reforma tributaria sería "descuartizada" en el dictamen
que aprobaría pocas horas después el bloque justicialista en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda. Ante la afrenta, asumió una posición intransigente. "Si es así, yo
renuncio", lanzó no sin dejar de hacer alusiones a la supuesta irresponsabilidad del
ala política del partido oficial que, a su juicio, está haciendo inmanejable la
economía por el clima de ebullición política que genera. Permanecerá en su cargo de
secretario de Política Económica hasta el 1º de agosto, para atender a la misión del
FMI que llega a revisar las cuentas fiscales. Luego, le dejará ese puesto a Rogelio
Frigerio (nieto), de 28 años, actual subsecretario de Programación Regional. Como
viceministro ejercerá Pablo Guidotti, a cargo además de la Secretaría de Hacienda.
El viceministro de Economía es la primera víctima de la disputa entre menemistas y duhaldistas en el seno del poder oficial. Su salida confirma, por otra parte, que el supuesto acuerdo al que se había arribado en la reunión de la quinta de Olivos, el martes por la mañana, entre el presidente Carlos Menem y los legisladores justicialistas para apurar el dictamen de comisión de la reforma tributaria, era sólo ilusorio. El dictamen salió, pero en base a un desguace de la propuesta enviada por Economía al Congreso que la invalida por completo frente a sus objetivos iniciales. "Nosotros cumplimos: comprometimos que salía el dictamen y salió, aunque no sea en los términos que Roque quería, así como tampoco está comprometida una fecha para su aprobación en el recinto", comentó ayer ante Página/12, con un dejo de sorna, uno de los operadores del bloque justicialista. Al ser consultado acerca de si el presidente Menem estaba al tanto de los términos en que se aprobaría la reforma tributaria, el operador respondió "no creo que Menem, después de la reunión en Olivos, no se haya enterado", y pidió no hacer más comentarios al respecto. La mínima victoria de haber sacado a Carlos Rodríguez del camino era celebrada con euforia por los diputados más menemistas. "Hoy es un día peronista", celebraba puertas adentro de los despachos justicialistas la diputada Elsa Melogno, "es un problema menos para el justicialismo, porque cada vez que abría la boca perdíamos votos", señaló apuntando al renunciante viceministro. En rigor, más que un triunfo de un sector u otro del justicialismo, el sacrificio de una pieza grande de los trebejos de la conducción económica muestra la debilidad en que se encuentra sumido el Ejecutivo y, en particular, su Ministerio de Economía. La inoperancia demostrada por el equipo de Roque Fernández para combatir la evasión, mantener la recaudación cuando la economía no está en auge y para evitar las maniobras de triangulación financiera de las multinacionales para eludir sus responsabilidades frente al fisco, quiso ser resuelta por una profunda reforma impositiva, pero lanzada en su peor momento político. El impulso dado por el Ejecutivo al proyecto de reforma impositiva fue entendido, en su oportunidad, como el resurgimiento de la figura de Roque, pero la interpretación no se compadecía con la realidad. La generalización del impuesto al valor agregado enojó a los holdings de prensa y a los exegetas de la medicina prepaga. El impuesto a los intereses de préstamos externos irritó a los grupos económicos con filiales en paraísos fiscales y el impuesto a los activos (piso mínimo para el impuesto a las ganancias) volcó en su contra a muchas empresas que directamente ignoran la existencia de un gravamen sobre sus utilidades. Con tantas presiones en juego, no es de extrañar la negativa del Congreso a votar la reforma. Las descalificaciones de Carlos Rodríguez hacia los legisladores y funcionarios políticos en disputa por la sucesión presidencial reflejaban la opinión del establishment, que ninguno de sus conspicuos miembros se animaba a pronunciar en público. "Es muy difícil manejar la economía de un país en donde no sólo hay ebullición política interna sobre quién nos va a suceder, sino que también está en duda qué sistema laboral y tributario vamos a tener", dijo el renunciante en un reportaje publicado por Clarín el último martes. Un alto funcionario del Palacio de Hacienda le comentó ayer a este diario que Rodríguez estaba "hastiado" de las internas políticas, pero que nadie le pidió la renuncia. Y hay que creerle. El juego de pinzas armado por la disputa Menem-Duhalde, las presiones políticas en el Congreso y de sectores del propio Ejecutivo que no quieren perder capacidad económica en medio de esta lucha, no reclamaba su cabeza. Sí, en cambio --y Carlos Rodríguez lo dijo con sus propias palabras--, hicieron "inmanejable la economía". Ahora Roque deberá seguir solo, con el mismo cuadro de situación pero sin su principal escudero.
Aunque desgajada, la reforma tributaria tiene dictamen
Por David Cufré
En la conferencia de prensa en la que comunicó su alejamiento, Rodríguez remarcó que la interna en el justicialismo complica la gobernabilidad. Aunque no incluyó este factor como uno de los determinantes de su renuncia, lo cierto es que el fastidio que le genera fue fundamental para su decisión. "No hay dudas" de que la discusión por la reelección "puede afectar la sanción de leyes importantes", afirmó Rodríguez, dado que con este escenario "se hace difícil negociar". En cuanto a la generalización del IVA, Fernández remarcó que los diputados de Presupuesto y Hacienda se comprometieron a incluirla en un nuevo dictamen, dentro de los próximos diez días. Por lo tanto, cuando la reforma llegue al recinto, este punto formará parte del proyecto. Si no fuera así, el jefe de Economía dijo que pedirá que la iniciativa sea retirada del Congreso. "El objetivo de la reforma es reducir las cargas patronales para fomentar la creación de empleos. Pero no podemos reducir los impuestos al trabajo si no tenemos garantizada la recaudación", sostuvo el ministro. Uno de sus subordinados, el subsecretario de Política Tributaria, Guillermo Rodríguez Usé, puntualizó que sin el IVA a la televisión por cable, las tapas de revistas, la medicina prepaga y la publicidad, y sin el aumento de impuestos internos --mutilado anteriormente de la reforma en el Congreso-- el Estado dejará de recaudar 1400 millones de pesos, sobre los 3100 millones proyectados cuando se elaboró el proyecto. Ante la sospecha de que la generalización del IVA finalmente quedará al margen, Lamberto señaló que "la única garantía es el compromiso que (los diputados) tomaron en incluirla". No obstante, hasta el momento la negativa rotunda de Alberto Pierri a que el IVA alcance a la TV por cable hizo imposible aunar voluntades en el bloque oficial. Como señaló Rodríguez, la interna en el peronismo dificulta la resolución de conflictos. Y ello hace incierta la sanción de la reforma en la Cámara baja, por más que Lamberto haya comentado ayer que eso podría ocurrir en tres semanas. El dictamen dado ayer por la Comisión de Presupuesto y Hacienda incluye el aumento de la alícuota de Ganancias del 33 al 35 por ciento, el impuesto de 1 por ciento a los Activos (con un tratamiento especial para las inversiones y las empresas que registren pérdidas, quienes gozarán de un lapso de cuatro años para comenzar a abonar el impuesto), el gravamen a los intereses de los préstamos bancarios y de las Obligaciones Negociables (que serán deducibles de Ganancias) y la reglamentación de los precios de transferencia y de renta mundial. También figura una autorización al Poder Ejecutivo para reducir la tasa general del IVA en un 25 por ciento, hasta el 15,7, pero esto siempre y cuando aumente la recaudación. En los términos actuales, la merma parece una utopía. El otro punto es la rebaja de aportes patronales, desde el 17 al 10 por
ciento. La reducción será por etapas, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la
recaudación. En tanto, los gobernadores justicialistas fijaron ayer su posición respecto
a la reforma. Dieron un contundente aval a la generalización del IVA, aunque hicieron
reclamos a Fernández sobre cambios en el proyecto que favorezcan a las provincias.
DICTAMEN DE DIPUTADOS A FAVOR DE LA REFORMA
LABORAL
Con el visto bueno que los legisladores oficialistas le dieron ayer, la reforma laboral está a un paso de convertirse en ley. Es lo que Carlos Menem les había pedido durante la reunión que mantuvieron en Olivos. Una hipotética profundización de la pelea entre menemistas y duhaldistas, que derive en el quiebre del bloque del PJ, sería el único escollo que le falta sortear al proyecto del Gobierno, que siguió levantando polvareda hasta ayer mismo. Por caso, el titular de la UIA, Claudio Sebastiani, fue el único diputado justicialista que se opuso a refrendar la reforma. Otros dos peronistas, Ana Mosso y Juan Domingo Zacarías, plantearon disidencias parciales. Pero fue Domingo Cavallo quien más se encrespó por lo que se estaba aprobando. Tras la exposición de Erman González, obviamente en defensa de la iniciativa, el diputado de Acción por la República calificó el proyecto de "gatopardista", generando un contrapunto con su ex colega en el gabinete. "Para esto es mejor dejar todo como está", disparó. Fue entonces cuando Erman le contestó: "Si Cavallo desde el Gobierno no pudo dar soluciones, cómo las va a dar ahora a través de un proyecto de ley", se preguntó. La Alianza, por su parte, optó por dejar en pie su propio proyecto y dar debate en el recinto. El eje de la propuesta opositora pasa por mantener el "contrato estable por tiempo indeterminado" como única manera posible de garantizar la estabilidad laboral. Los principales puntos del dictamen firmado ayer son: * Deroga todos los contratos promovidos, excepto los de aprendizaje y pasantías, a los que les introduce modificaciones. * El período de prueba se reduce de 90 a 30 días, y por convenio podría extenderse a 6 meses. * Indemnización por despido sin justa causa: establece un resarcimiento equivalente a la remuneración de dos días y medio por mes trabajado. Este mecanismo no se aplica a quienes ya estén contratados al momento de promulgarse la ley. * Establece una indemnización especial --30 por ciento superior a la convencional-- cuando la causa de despido sea por discriminación (sexual, religiosa, ideológica). * Ultraactividad: convoca a la discusión de los convenios firmados entre 1975 y 1988 y no renovados.
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