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Por Cledis Candelaresi  Los gobiernos de Argentina y Brasil retomarán el lunes las
negociaciones para instrumentar a partir del 2000 un régimen común para el sector
automotor con una coincidencia: rechazar la pretensión de las terminales de poder
importar desde los países ajenos al Mercosur a un arancel preferencial. Esa negativa a
las automotrices resulta casi inevitable después de que, en marzo pasado, la
administración de Fernando Henrique Cardoso se comprometiera ante los Estados Unidos no
sólo a desmantelar (aunque parcialmente) el sistema de subsidios a las inversiones del
sector, sino también a evitar que ese régimen prebendario fuera emulado por otras
naciones de la región. El desaire no es menor para las terminales radicadas en Argentina,
que venden en el mercado local casi tantos vehículos importados de extrazona como los de
su propia producción.
Las administraciones de ambos países acordaron fijar en 35 por ciento el arancel externo común para importar unidades terminadas, gravamen que se ubicaría entre el 14 y el 18 por ciento en el caso de las partes y piezas. Antes que esto se volcara en el papel, las automotrices arremetieron con su reclamo de que para ellas esos valores descendieran a la mitad. Pero tanto de un lado como del otro de la frontera hay razones para no ceder. Brasil ya tuvo que enfrentar en un panel de la Organización Mundial de Comercio la denuncia de los Estados Unidos de violar acuerdos internacionales, al otorgar ventajas competitivas a las automotrices radicadas en su territorio. El pleito se clausuró el 16 de marzo pasado, cuando los dos gobiernos sellaron un memorándum que obliga a los brasileños a aclerar el fin de aquellos programas de subsidios, que se consideran "distorsivos del libre comercio". En el mismo papel rubricado por la representante comercial estadounidense, Charlene Barshefsky, y el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Luiz Felipe Lampreia, éste asumió la obligación de no extender las aludidas facilidades a sus socios de la región, es decir, del Mercosur. Con ese corsé, difícilmente el gobierno de Cardoso hubiera podido conceder a las automotrices la pretendida preferencia arancelaria. El secretario de Industria argentino, en tanto, dio la pauta de cuál es la restricción que enfrenta su país. "Se nos vendría encima toda la industria reclamando ventajas similares. Técnicamente es imposible rebajar el arancel un 17,5 por ciento, cuando los reembolsos para el sector son del 10 por ciento". No hay terminal, cualquiera fuere su ubicación, que no vaya a acusar el impacto de aquella negativa, ya que todas complementan su línea comercial con importaciones de extrazona, especialmente en el caso de los modelos nuevos. Entre 180 y 200 mil de las unidades que se comercializan anualmente en Argentina son directamente importadas desde afuera del Mercosur y por esta razón la balanza del sector es especialmente deficitaria respecto de naciones como los Estados Unidos o México. Por lo demás, las negociaciones con Brasil por un régimen automotriz común parecen irremediablemente estancadas, y resulta imposible anunciar un acuerdo en la próxima cumbre presidencial del Mercosur, que se realizará dentro de unos días en Ushuahia. No hay coincidencias sobre qué hacer con las subvenciones que Brasil otorga a su industria, poderoso imán para orientar hacia allá los apetecidos capitales. Tampoco hubo acuerdo sobre qué proporción de componentes nacionales tendrán que tener las unidades fabricadas en cada país. Para Brasil es suficiente con exigir una parte de integración regional, sin importar en qué nación del Mercosur son fabricadas esas piezas. Argentina, en tanto, aspira a que la mitad de ese componente regional corresponda al país en el que está radicada la fábrica. Sólo así podría evitar que los autopartistas radicados aquí sean arrasados por sus competidores de Brasil.
DETECTAN IRREGULARIDADES POR $ 2400 MILLONES
En rigor, entre las acreditaciones en exceso y el cobro del beneficio por parte de empresas que no les correspondía, la AFIP verificó irregularidades por 240,5 millones de pesos. Pero, según aclaró ayer Marcelo Ramos, coordinador de la Subdirección General de Fiscalización de ese organismo, esa cifra debe ser "reformulada". Es decir que debe agregársele lo que las empresas tienen que pagar por multas e intereses por haberse apropiado de recursos que no les correspondían. Así, el monto total adeudado llegaría a 2400 millones. Hasta ahora, el organismo que comanda Carlos Silvani lleva controladas casi 300 de las 671 empresas que figuran cobrando fondos provenientes de la promoción industrial. Por un lado, dijo Ramos, "se está realizando un exhaustivo control sobre los montos que correspondían ser asignados en las cuentas corrientes computarizadas" de esas empresas. Por este concepto surgió que el fisco acreditó de más unos 60,5 millones de pesos. Por otro, el Estado pedirá la restitución de 180 millones de pesos por no corresponder directamente el pago del subsidio. Además, de mantenerse la proporción de "errores" ya verificados, las irregularidades contra el fisco podrían llegar a sumar, incluyendo multas e intereses, 5400 millones de pesos. El régimen de promoción industrial generó a comienzo de año una disputa entre el gobierno y los legisladores. Roque Fernández intentó excluir, en la Ley de Presupuesto, a la provincia de San Luis de la posibilidad de una extensión de ese beneficio por otros 15 años. Los legisladores no sólo volvieron a incluir a San Luis en su sanción, sino que además extendieron la promoción a otros distritos. Finalmente, el Ejecutivo vetó las ampliaciones pero dejó dentro del régimen el distrito que pretendía eliminarse.
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