Por Eduardo Febbro  desde Roma

EE.UU. mordió el polvo de la derrota. Una lluvia de aplausos, de abrazos y lágrimas incontrolables selló la suerte del primer intento internacional de envergadura por crear una Corte Penal Internacional --CPI-- capaz de juzgar en adelante los crímenes más horribles de la historia humana: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Tres años de preparación, un mes completo de discusiones entre los 162 países que se reunieron en Roma en la sede de la FAO --organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en el mundo-- estuvieron a punto de quedar reducidos a la nada a raíz de una moción presentada por EE.UU. tendiente a limitar la autonomía y el alcance jurídico de la CPI. Como un gato engañoso, los norteamericanos esperaron a último momento para dar el zarpazo evitado gracias a la intervención de uno de los países que, junto a la Argentina, Alemania y Canadá, están considerados como más progresistas.

Noruega sometió a voto una contramoción llamada de "no acción" cuyo principio básico era decidir que no se tomara en cuenta la enmienda norteamericana. Por abrumadora mayoría, 133 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el plenario adoptó la propuesta noruega. El imperio quedó ahogado en medio de las lágrimas de las organizaciones no gubernamentales y de quienes, desde hace años, vienen luchando para que exista una corte que, sin superponerse a la soberanía de los estados, sea al menos capaz de actuar allí donde el silencio y los intereses protegían hasta ahora a los Pol Pot, Videla, Mobutu o el líder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic.  El esbozo de Corte Internacional pactado en Roma es un primer paso imperfecto hacia una jurisprudencia mundial que no admita más a los criminales en libertad. Por paradójico que parezca ante el reflejo de la historia nacional, la Argentina se llevó de Roma un triunfo político de envergadura al estar entre los países más progresistas que pugnaron por una Corte de amplias prerrogativas y libres de toda influencia para juzgar los tres casos más notorios: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El grupo de los llamados "Estados pilotos", que se formó en torno de Canadá, Alemania, la Argentina y los países escandinavos, había defendido el principio que, para ser realmente verosímil, la Corte Penal Internacional debía actuar por su propia iniciativa contra los responsables de los tres crímenes mencionados. Este principio chocó con la "intransigencia" de dos sectores: en primer lugar el de ciertos estados --muchos países árabes por ejemplo-- querían limitar el campo de acción de la Corte a los meros conflictos entre estados, excluyendo así a los conflictos internos. En ese caso, asesinos como Videla, Massera, los jefes de las facciones somalíes, el serbio Karadzic o las violaciones perpetradas en la guerra de Chechenia hubiesen pasado a ser inocentes de por vida. El segundo y mayor escollo que hubo que superar fue la propuesta norteamericana tendiente a evitar que las competencias de la Corte se extendieran a los casos de crímenes de guerra y contra la humanidad en el caso de que los estados concernidos no hubiesen reconocido antes la juridisprudencia de la CPI. Este detalle es capital a fin de entender el proceso que se inició en Roma. Preocupada por proteger a sus soldados implicados en los conflictos internacionales ---Somalía, Irak o Granada y Panamá en el pasado--, la administración norteamericana quería poner un freno al círculo de acción de la Corte. De esta forma, EE.UU. no sólo hubiese salvado a sus soldados. También habría salvado sus intereses y sus protegidos --Mobutu, Kabila-- al tiempo que sentaba las bases de una curiosa jurisprudencia. Sin la intervención de Noruega y la adopción de la "no acción", monstruos sagrados del crimen como Saddam Hussein hubiesen quedado fuera de la jurisprudencia de la CPI. Si para enjuiciar a alguien por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad --el genocidio fue objeto de un consenso general--- hubiese sido necesario el acuerdo del Estado concernido, entonces, para sentar a Saddam Hussein en el banquillo de los acusados habría que haber obtenido antes el permiso del mismísimo presidente iraquí.  El compromiso adoptado estipula tres direcciones: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede decidir el enjuiciamiento sin acuerdo o reconocimiento de la Corte por parte el Estado concernido: la Corte Penal Internacional puede intervenir en caso de que se produzca, como en Somalía, un colapso del Estado en tela de juicio. Los países reunidos en Roma llegaron a duras penas a un compromiso entre las aspiraciones democráticas a una Justicia internacional para los crímenes contra la humanidad y el realismo exigido por los grupos de presión "presuntamente" implicados en esos crímenes", es decir, los militares.

DEMASIADOS CANDIDATOS PARA UN SOLO CARGO
Una interna traba la crisis nipona

Por Jonathan Watts  desde Tokio

El oficialista Partido Liberal Democrático de Japón se aproximaba ayer a una riesgosa batalla por el liderazgo ayer después de que un nacionalista sin pelos en la lengua desafiara al canciller Keizo Obuchi en la carrera para volverse primer ministro. Seiroku Kajiyama, un ex secretario de jefe de gabinete que una vez comparó a los negros norteamericanos con prostitutas, inició su campaña con un compromiso de practicar "cirugía mayor" en el sistema financiero del país, que está en peligro de derrumbarse bajo una montaña de malos préstamos. Su decisión de postularse pone en cuestión un intento de los "hacedores de reyes" del PLD de construir un consenso detrás de la escena en favor de Obuchi, quien también anunció oficialmente su candidatura ayer.

Como jefe de la fracción más numerosa del Partido, el canciller, de 61 años, había parecido el sucesor seguro de Ryutaro Hashimoto, quien anunció su renuncia después de una derrota devastadora en las elecciones de Cámara alta del domingo. Esta competencia ha forzado al PLD a postergar por tres días, hasta el próximo viernes, una votación sobre el nuevo presidente del Partido, lo que prepara la escena para otra semana de maniobras políticas. Dado que el Partido controla la poderosa Cámara baja del Parlamento, la persona que elija como su líder tiene casi garantizado el puesto de primer ministro.

Justificando su reputación como "el hombre indicado frente a una crisis", Kajiyama recetó una dosis de medicina amarga para el sistema financiero japonés. Después de prometer liquidar los malos préstamos en un plazo de dos años, dijo que los bancos deberían mostrar más sobre el problema y almacenar más reservas para tratar con él. "Hay que cambiar la situación desde las raíces --dijo--. No hay un remedio rápido". También prometió concretar recortes de impuestos que equivaldrían a 71.000 millones de dólares.

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