EN UN JUSTICIALISMO EN CRISIS, MENEM CONTROLA EL APARATO PARTIDARIO PERO POR PRIMERA VEZ REHUYE EL VEREDICTO POPULAR

Padres de la derrota

  La consulta convocada por el gobernador de Buenos Aires Eduardo Duhalde para dentro de ocho semanas produjo un sinceramiento de las condiciones en que se desenvuelve el sistema político y acortó todos los plazos. Por primera vez en una década, el presidente Carlos Menem fue colocado a la defensiva con el mismo método que él usó para batir a Antonio Cafiero en 1988 y llenar de pavor a Raúl Alfonsín hasta forzar su capitulación en 1993. El que a plebiscito mata, a plebiscito muere.

Desde el 26 de octubre del año pasado, Menem se resiste a admitir que la marea ha cambiado de sentido. A pesar de la rotundidad de los resultados de aquel día, prefirió no darse por aludido y acudió a dos interpretaciones consoladoras complementarias: sólo se había votado por cargos legislativos y él no había sido candidato. Duhalde se proclamó esa noche padre de la derrota, no porque coincidiera con el presidente, sino como lisonja hacia su esposa, a la que había empujado a una candidatura que ella no deseaba. Pero en el Polideportivo de Olivos la frase se celebró con júbilo, como si el justicialismo no hubiera sido barrido por una ola nacional y sólo hubiera perdido en la provincia de Buenos Aires.

Travestis, unidos

Por un lado, es asombroso constatar hasta dónde ha avanzado el pelotón de incondicionales temerarios. Por otro, la mera decisión de Duhalde de solicitar la opinión del pueblo del primer distrito electoral del país, disipó el embeleco laboriosamente construido. Mediante el empleo desprejuiciado de todos los mecanismos del poder central y su caja, el jefe supremo de la Nación consiguió subordinar a una porción apreciable de su partido que comenzó a alejarse de Duhalde. Al margen de la discusión legal sobre la conformación del Congreso partidario y el padrón de delegados, que los duhaldistas plantearon ante la Justicia, es ostensible que Menem consiguió un cierto control del aparato. Pero aun para quienes participaron de la ceremonia, como el gobernador de Entre Ríos Jorge Busti, la confrontación entre los integrantes de la fórmula triunfal de 1989 representa adecuadamente la penosa situación actual del partido y preanuncia sus resultados para la renovación presidencial del año próximo. Si a esto se suma el retiro de los congresales por Santa Fe, airados por la depuración de los padrones, surge en forma nítida la fragilidad de las posiciones ocupadas por el menemismo. No hay suficientes Saltas, Riojas o Santiagos para contrapesar la gravitación numérica de Buenos Aires y Santa Fe. La joya del Congreso fue la intervención del impagable congresal Fragueiro, de Misiones, significativa del nivel de los argumentos en juego: "Si todos los días vemos la lucha de los travestis contra la discriminación, ¿cómo no vamos a luchar nosotros contra la discriminación de Menem?", profirió.

La decisión de Duhalde de ceder terreno partidario pero reiterar la convocatoria al plebiscito y el discurso en defensa de la Constitución y la justicia social, equilibra las posiciones. Menem controla el aparato, pero no puede arriesgarse a la consulta popular. Aunque el Congreso partidario autorizó a explorar vías políticas, legislativas y judiciales que permitan a Menem ser una vez más candidato, la única expectativa real es un fallo de la Corte Suprema. Pero sus ministros se rehúsan a firmarlo sin una previa movilización política que remede alguna forma de clamor popular, sobre un tema que encabeza la agenda política pero está por completo fuera del interés social. Duhalde amenaza a Menem con un alud de votos en contra, pero no estaría en condiciones de cosechar otro tanto a su favor. Esta no sería entonces una disputa por la victoria, sino apenas para determinar quién deberá cargar con las consecuencias de la derrota del año pasado y de la previsible del próximo y, en consecuencia, quién gozará de una vida política adicional, al menos como jefe de la oposición al próximo gobierno. Tal vez por eso, no se ha cumplido ninguna de las especulaciones sobre el desborde de las querellas internas del justicialismo, que se dirimirían desde el Estado y mediante la violencia. César Arias cometió un pecado de retórica al pretender que la sesión del viernes podría servir como modelo de democracia interna para los partidos políticos de todo el mundo. Pero al menos, la forma en que transcurrió sugiere que, afortunadamente, tampoco hay regreso posible a la década del 70.

Al margen de la ley

Si en algún lugar este cuadro de situación debería iluminar los rostros, es en la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Sin embargo, sus dirigentes no consiguen unificar posiciones ni sustraer cada paso que dan de su propia disputa interna, ésta sí por la candidatura con mejores perspectivas para 1999. Luego de un semestre de desalentar cualquier respuesta a la tentativa menemista por reinterpretar la Constitución Nacional, de modo de adecuarla a la de La Rioja, que autoriza la reelección indefinida del Poder Ejecutivo, Fernando De la Rúa se decidió a formular una advertencia, pero no resistió la tentación de presentarla como parte de su propio proselitismo. Aun así, mientras el radicalismo decidió impugnar sólo políticamente los planteos menemistas, el Frepaso presentó recursos judiciales que en algún momento llegarán a la Corte Suprema. Ni unos ni otros han encontrado una forma clara de ubicarse frente al desafío que Duhalde le lanzó a Menem e incluso han impugnado legalmente el plebiscito.

Su argumento central, de defensa de la Constitución, es endeble, por no menos de dos razones. En primer lugar, porque no es evidente que la consulta dispuesta por Duhalde implique un apartamiento de la legalidad. Sus resultados no serían vinculantes ni reemplazarían al mecanismo previsto por la propia Constitución, es decir la declaración de necesidad de su reforma por el Congreso "con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros" y efectuada "por una Convención convocada al efecto". Resultaría difícil cuestionar la expresión del electorado provincial, sobre una materia que luego deberá ser tratada según los requisitos del artículo 30º de la Constitución, cuando hace un lustro la reforma fue acordada hasta en sus menores detalles por la negociación secreta entre apenas dos personas, que luego el Congreso debió refrendar sin agregados ni supresiones, un lastre que la Alianza aún arrastra, junto con la presencia en su conducción de uno de los responsables de aquél despropósito. Pero además, porque desde hace años el proceso político argentino transcurre en el límite de la legalidad, con habituales despistes hacia la banquina de lo prohibido, de lo cual da fe el extenso escrito con el cual los legisladores de la propia Alianza pidieron el juicio político a los miembros de la mayoritaria bancada menemista en la Corte: confiscación de derechos de propiedad, derogación de convenios de trabajo, privatizaciones, intervenciones federales a provincias y organismos políticos por decretos de necesidad y urgencia, por encima de la ley y al margen del Congreso.

Esta extensión de la ilegalidad a casi todos los terrenos se expresa tanto en las grandes cuestiones como en las pequeñas. Esta semana, con la mayor naturalidad los senadores nacionales Eduardo Bauzá y Antonio Cafiero y el gobernador de La Pampa Rubén Marín abordaron un helicóptero de la Policía Federal para trasladarse desde la Capital Federal hasta La Plata, donde el único tema de su reunión con el gobernador de Buenos Aires fue el Congreso partidario que sesionaría en Parque Norte (propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que el Ejecutivo Nacional dispone por decreto como si le perteneciera). En un país medianamente respetuoso de las leyes, Bauzá, Cafiero y Marín serían procesados por malversación de recursos públicos. Durante el gobierno de George Bush en Estados Unidos, debió dejar el cargo su secretario general de la presidencia, John Sununu, por haber utilizado un avión oficial para trasladarse desde Washington hasta su estado natal.

Entre paréntesis

Con apenas un par de días de diferencia, Interpol localizó en Sudáfrica y en Siria a dos prófugos notorios: los coroneles Diego Palleros e Ibrahim Al Ibrahim. Ibrahim huyó del país luego de ser procesado como miembro de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de la comercialización de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Antes de saber que ya había sido liberado, Duhalde temía que por algún acuerdo oscuro, fuera extraditado y apuntara su ventilador hacia La Plata, ya que fue el ex vicepresidente, quien, durante un viaje de Menem, firmó el decreto por el que Ibrahim se convirtió en los ojos y oídos del poder en la Aduana del principal aeropuerto del país. (Ya lo había hecho en 1991 al declarar ante la Justicia. Dijo entonces que entre quienes solicitaban sus favores para ingresar bultos por Ezeiza había dos colaboradores del entonces vicepresidente, Héctor Lence y Alberto Bujía. Lence es diputado nacional, pero el juez Raúl Yrigoyen y el fiscal José Campagnoli lo consideran jefe de la organización delictiva que integraba el ex presidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico, y solicitaron su desafuero para procesarlo. Bujía murió al salir de la intendencia de Lomas de Zamora y acelerar hasta que su motocicleta se paró en una rueda, remontó vuelo, pasó por encima de los autos estacionados y aterrizó en la vereda. Era un sábado, después del almuerzo, y Bujía llevaba encima el equivalente de 10.000 dólares). Pero aun así parece algo exagerado suponer que a Menem le convenga la reapertura de aquella caja de Pandora judicial: Ibrahim no estaba casado con una hermana de Hilda González de Duhalde. (Las muertes súbitas de personajes vinculados con el poder político han puesto en evidencia que llevaban encima sumas de dinero extravagantes, que las personas comunes sólo trasladan, y con las máximas precauciones, cuando tienen que firmar una escritura por la que no se admiten cheques. Tres veces más que Bujía llevaba Carlos Menem Yoma en el helicóptero que se precipitó a tierra, dinero que desapareció después del accidente, por lo cual acaba de disponerse el procesamiento del jefe de la custodia presidencial, comisario Guillermo Armentano. Cuatro veces esa suma tenía consigo Alfredo Yabrán cuando le llegó la hora y cinco veces tal cifra se encontró en el automóvil de Diego Ibáñez, el dirigente sindical y político que introdujo a Yabrán ante la clase política argentina).

En el otro caso tampoco se advierte qué ventaja podría obtener el gobierno si Palleros continuara una declaración que inició desde la clandestinidad a través de su abogado Néstor Blondi. (Para que el poder político autorizara los embarques ilegales de armas a Ecuador y Croacia Palleros depositó una comisión de 400.000 dólares en la cuenta Daforel, según dijo perteneciente al "testaferro de un alto empresario argentino, conocido y ampliamente vinculado al máximo poder político estatal". Pago mediante, la operación "fue implementada de acuerdo a las directivas surgidas del seno del poder político", agregó. "Los embarques estuvieron desde el principio en conocimiento de las más altas autoridades del gobierno argentino" y la operación de venta fue "generada en el más alto nivel político", que realizó "un control estricto de los embarques". Palleros mencionó sin más precisión a "la Secretaría de la Presidencia de la Nación". En un allanamiento por la causa del oro, se descubrió luego un giro por dos millones de dólares de la cuenta Daforel a Elthan Trading, que a su vez los transfirió a una cuenta de Yoma SA en Nueva York). Ante preguntas de la prensa, Emir Fuad Yoma dijo que Elthan Trading era "un socio mío, oriental".

Los orientales

Pero Elthan Trading no es simplemente "un socio" sino el accionista ampliamente mayoritario de la Curtiembre, que con 36 millones de dólares supera las dos terceras partes del capital suscripto. En su representación Oscar Diego Poris participó en la asamblea de accionistas que celebró Yoma SA en Nonogasta el 11 de mayo, junto con los hermanos Emir y Alfredo Yoma. El capital suscripto y realizado del Grupo Yoma es de 51 millones de dólares, de los cuales sólo 7,5 millones de dólares corresponden a Emir y otro tanto a su hermano Alfredo. El resto figura a nombre de Elthan Trading Co. SA, con sede social declarada en San José 815/801, de Montevideo, Uruguay, Co. Pero en esa calle no existe la numeración 801. El 815 es el garage subterráneo del edificio de 13 pisos Oficentro Lugano, cuya entrada está en la calle Plaza Independencia 822. En ningún lugar hay indicación alguna que mencione a Elthan Trading. La oficina 801 de ese edificio corresponde al contador Rubén W. Eiszman & Asociados. Tiene puerta de vidrio esmerilado y portero eléctrico, y sólo se advierten dos leyendas: "Representante de Bambari Internacional SA" y "Area protegida por Unidad Coronaria Móvil". El contador no estuvo esta semana en Montevideo y el personal de la oficina no supo confirmar, o no quiso desmentir, que allí tuviera su sede el principal accionista de las empresas de la familia presidencial argentina.

En la asamblea de accionistas y a tono con la crisis, los directores de Yoma SA redujeron siete veces sus honorarios, que el año pasado eran de 70.000 pesos mensuales. Todavía superan, sin embargo, los de cualquier funcionario de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tampoco son compatibles con los balances de las compañías del grupo y sólo se explican por los continuos subsidios recibidos del Estado Nacional y por sus abultadas deudas impagas con bancos y todo tipo de proveedores. Según la documentación oficial de la Curtiembre, los Yoma no pagan ni el agua que beben. En el primer trimestre de este año el Grupo Yoma volvió a arrojar resultados negativos, con nuevas pérdidas por 3,7 millones de dólares, de acuerdo con la información de su último balance. Pese a ello, el 11 de mayo los miembros del directorio Emir Fuad Yoma, Omar Eduardo Yoma, Guillermo Luis Yoma, Leila Yoma y Miguel Angel Núñez se fijaron remuneraciones mensuales de 10.000 pesos cada uno, más aguinaldo. Un poco menos generosos fueron con el síndico y contador Rubén Darío Ortiz, a quien cariñosamente llaman Coco: sólo le asignaron una remuneración de 3.000 pesos mensuales, también con aguinaldo. La situación es algo más complicada para el millar de trabajadores de la curtiembre de Nonogasta: la mitad han sido despedidos y el resto subsiste con aportes extraordinarios del gobierno de La Rioja: cobran 200 pesos cada uno provenientes del plan Trabajar, que administra el Gobierno nacional. Con menos del 0,5 por ciento de los desocupados del país, La Rioja recibe el 5,4 por ciento de los fondos del Plan, mientras que la ciudad de Buenos Aires, con el 7 por ciento de los desocupados, recibe sólo el 0,25 por ciento de las prestaciones. El accionista Alfredo Carim Yoma propuso y la asamblea aprobó destinar 650.000 dólares a los honorarios de los cinco directores y 40.000 a los del síndico. Esos 650.000 dólares, divididos entre los cinco directores, equivalen a 10.000 mensuales para cada uno, más aguinaldo. Otro tema de la asamblea fueron "los trámites iniciados para la capitalización de deudas". Con encomiable celeridad, apenas un mes después, el 11 de junio, el jefe de la familia y su ministro de Economía Roque Fernández firmaron el decreto que debería hacer posible esa capitalización de las deudas que el grupo no se propone pagar.

La información suministrada al ministerio de Economía para cumplir con las especificaciones del decreto permite conocer con exactitud a las víctimas del imbatible Deudor de los Llanos. Estos son los acreedores bancarios y financieros de las empresas de la familia presidencial y el monto de los clavos respectivos:

El Deudor de los Llanos

Víctima Clavo, en millones

1. Banco Nación 85,15

2. Banco Ciudad 21,17

3. Banco Provincia 19,22

4. Banco Macro 15,38

5. Banco Río 1,48

6. Banco Medefín 3,54

7. Banco Almafuerte 1,15

8. Banco Feigin 0,89

9. Nuevo Banco La Rioja 0,55

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Total 148,57

El balance irregular al 31 de marzo de este año exigido por el decreto de capitalización 684/98 confirma la increíble fórmula Yoma por la cual cuanto más vende más pierde, a pesar del generoso subsidio de 21 centavos por cada dólar exportado. Las ventas netas en el trimestre fueron de 23,6 millones y el resultado del periodo una pérdida de 3,7 millones. Esto significa que por cada dólar vendido, las empresas de la familia presidencial perdieron más de 15 centavos, es decir el doble que el promedio desde que Menem llegó a la presidencia y les conectó el respirador artificial del crédito y el subsidio estatales. En esas condiciones, la capitalización parece una ilusión lejana. La semana pasada, antes de integrar la mesa del Congreso Justicialista, donde propuso los nombres de quienes integrarán la junta electoral para la designación del candidato presidencial, el gobernador riojano Angel Maza participó de una reunión en el ministerio de Economía con los presidentes de las víctimas 1, 2 y 3, Roque Maccarone, Juan Carlos Sánchez y Horacio Chighizola. Las posiciones de los tres banqueros son distintas. A raíz de una denuncia del diputado del Frepaso Marcelo Vensentini, el Defensor del Pueblo Jorge Maiorano abrió una investigación. En respuesta a una de sus preguntas, Maccarone respondió que "dada la evaluación que se está realizando del decreto en cuestión, no puede establecerse al presente si lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional genera o producirá perjuicios actuales o futuros para esta Entidad". Pero como el Banco Nación es una entidad autárquica del Estado Nacional, el decreto "resultaría de aplicación obligatoria para esta institución". Así se expresa la obediencia debida a una decisión que la autoridad de aplicación no comparte y sobre cuyas consecuencias desearía no asumir responsabilidad penal en el futuro. El decreto obligaría al Nación, pero sólo invita a adherir a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Corach envió una copia a De la Rúa y otra a Duhalde, quienes a su vez las remitieron a los respectivos bancos. Durante la reunión del martes, Sánchez dijo que no recibía órdenes de Duhalde y junto con Chighizola expuso una vez más por qué el régimen de capitalización propuesto es inaceptable para ambos bancos. Pero también enfriaron el entusiasmo del subsecretario de Normalización Patrimonial del ministerio, Juan Carlos Tomasetti por el dictado de un nuevo decreto que corrija el anterior. La negociación sólo sería posible si apareciera un interesado en adquirir la Curtiembre, que además de poner al día las deudas de dos años ofreciera nuevas garantías contra bienes registrables. En ese caso sería posible una renovación de los créditos. En su ausencia, los únicos activos interesantes de la Curtiembre son etéreos: 60 millones de dólares de créditos fiscales (es decir, los subsidios concedidos por otro decreto del jefe de la familia) y 40 millones de dólares de deudas a cobrar a Austal, el distribuidor del grupo en Hong Kong. Pero el subsidio durará lo que la presidencia de Menem, y el capital de Austal no pasa de un millón de dólares. Maza dijo el martes que ese interesado existía. Sus interlocutores le respondieron que mejor así, porque de lo contrario ni siquiera tendría sentido volver a reunirse. Tres días después a todos debe haberles quedado en claro qué se puso en juego en el Congreso de Parque Norte.

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