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Por David Cufré No todas fueron renuncias ayer para Carlos Menem. El jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, reflotó la obsesión del Presidente de construir trece mil kilómetros de autopistas, propuesta conocida como Plan Laura. "El proyecto fue suspendido como consecuencia de la crisis asiática, pero la voluntad del Gobierno es retomarlo cuando mejoren las condiciones internacionales", se despachó ayer el jefe de ministros, nada menos que ante los máximos representantes de la misión del Fondo Monetario. La iniciativa fue puesta en el congelador por el propio Menem hace un mes, con intención de enviar una señal de austeridad a los mercados en medio de la crisis financiera. Ayer por la mañana se produjo el primer encuentro formal entre el Gobierno y los jefes de la delegación del FMI. Rodríguez, secundado por la secretaria de Equidad Fiscal, Carola Pessino, entregó a Tomás Raichman y Teresa Ter Minassian un informe adonde se puntualiza el grado de cumplimiento de las metas fijadas en el Acuerdo de Facilidades Extendidas. Pero la reunión dio un vuelco cuando el jefe de Gabinete comunicó la decisión oficial de seguir adelante con el programa de construcción de autopistas. Desde ese momento, los emisarios del organismo internacional volvieron a la carga con las advertencias sobre la necesidad de mantener en caja las cuentas fiscales. "El Plan Laura no está muerto", indicó a este diario un vocero de Gabinete, quien consideró "probable" que sea relanzado este mismo año, si se despeja la crisis de los mercados. Es la segunda vez en el término de una semana que Menem da marcha atrás con una de sus órdenes destinadas a agradar a los inversores. El martes pasado les dijo a los diputados justicialistas que avancen con el Fondo de Incentivo Salarial Docente, propuesta ideada por Susana Decibe. Ahora dejó en claro que no renuncia al Plan Laura. Quizás por ello, Raichman destacó al término de la reunión que mantuvo al mediodía con el equipo económico la decisión gubernamental de recortar en 1000 millones de pesos el gasto público. Esa era la tercera pata del ajuste fiscal dispuesto por Menem, atendiendo a las recomendaciones de Roque Fernández. En el encuentro con el secretario de Hacienda, Pablo Guidotti, y el subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel, los delegados del FMI abordaron la cuestión fiscal. Si bien Raichman comentó a la prensa que el organismo considerará aprobada la meta de déficit público del primer semestre, aceptando el recurso de cobrar por adelantado los anticipos de Ganancias y Bienes Personales, a puertas cerradas manifestó la preocupación del FMI por el desborde del rojo fiscal en las provincias y por la deslucida performance de la recaudación. La pauta convenida establece que aquel desequilibrio no puede superar los 700 millones de pesos en el año, pero las proyecciones del organismo indican que se elevaría a 1500 millones. Guidotti, como es habitual en estas circunstancias, afirmó que el FMI no reclamará al Gobierno un aumento del impuesto a los combustibles ni un nuevo ajuste fiscal, para revertir los problemas que asoman sobre el frente fiscal. Pero, en rigor, al organismo le inquieta este tema, y considera la suba del gravamen a los combustibles como un reaseguro para la recaudación. En Economía también entienden que es conveniente elevar el impuesto al gasoil, debido a que el incremento de su consumo disminuye los ingresos al Tesoro, debido a que su carga tributaria es inferior a la de las naftas. En cuanto a la reforma tributaria, los miembros del organismo financiero insistieron en que se debe generalizar el IVA, algo por lo que luchan en Economía. Guidotti les comunicó que existe el compromiso de los diputados de incluir este tema en el proyecto dentro de los próximos diez días, y reveló que se trabajará por la suba de impuestos internos, otro de los capítulos mutilados en la reforma. Pero otro de los puntos en el que la delegación del Fondo hará hincapié es el de la reforma laboral. Se hará una evaluación profunda del proyecto redactado por la cartera de Trabajo y se reclamará, como mínimo, que se avance con la sustitución de los estatutos especiales y en la creación de un fondo de capitalización individual para las indemnizaciones.
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