EDUARDO FREILER, FISCAL EN LA CAUSA POR APROPIACION DE CHICOS
"Ahora ampliaremos la imputación a Videla, Galtieri y Bignone"

--¿Cuál es el saldo del reciente viaje en el que el juez Bagnasco y usted entrevistaron a varias sobrevivientes de campos de detención?

--Muy positivo. Por un lado porque tuvimos contacto directo con ex detenidas que han testimoniado, lo cual de otro modo quizá no hubiese sido posible, ya que la mayoría no ha regresado a la Argentina. Y en segundo término por el valor de los testimonios... No se trata de que se aporten elementos nuevos, lo cual es difícil, pero sí es muy importante la suma de igualdades, el valor probatorio de gran fuerza que suponen varios testimonios en el mismo sentido, ya que se va conformando una realidad que será muy difícil echar por tierra.

--Usted ha dicho que las declaraciones tomadas en el viaje no eran pruebas testimoniales, ¿cuál es su valor entonces?

--No se tomaron pruebas testimoniales porque en el exterior el juez no tiene jurisdicción para tomarlas, salvo en sede judicial. Lo que hicimos fue exactamente lo mismo que hace el juez Baltasar Garzón cuando recibe manifestaciones voluntarias en los consulados españoles aquí para su causa. Nosotros tomamos pruebas documentales, que no valen más ni menos que las testimoniales. En el nuevo código de procedimientos ya no existen las pruebas tasadas, sino que al importar mucho el principio de libre convicción del juez, el valor de una prueba depende en gran medida del que éste le otorgue.

--Sin embargo, para algunos, este viaje no tuvo más sentido que la publicidad. Sostienen que los testigos podían declarar por exhorto y que, además, ya habían declarado en el Juicio a las Juntas... Si así fuera, ¿por qué viajaron?

--El motivo fue estar presente cuando una persona hace su manifestación voluntaria de modo de poder preguntar y repreguntar, lo cual, obviamente, no es lo mismo que enviar las preguntas. Además, es cierto que ya había testimonios. Pero es público y notorio que hay una pretensión jurídica de plantear que aquí hay cosa juzgada, que éste sería un nuevo juzgamiento de delitos ya juzgados que, además, estarían prescriptos... De modo que no nos limitaremos a lo aportado a la causa 13: eso sería como tomar la prueba documental y testimonial de esa causa y hacer una nueva sentencia...

--¿Qué es lo que reiteran los testimonios que afiance la existencia de un plan de apropiación de los hijos de las secuestradas?

--Los testimonios reiteran que, por lo menos a partir de una de las primeras etapas de la dictadura, han existido --con conocimiento de las autoridades militares-- partos en los que estaba previsto un tratamiento de las embarazadas posterior al alumbramiento que consistía en separarlas de sus hijos recién nacidos. Que en la gran mayoría de los casos estas mujeres no han vuelto a aparecer, al igual que sus hijos que, salvo excepciones, están desaparecidos. Que había una metodología para esto: determinadas personas, determinados médicos se encargaban de los partos, ciertos oficiales estaban asignados a retirar y llevarse a los niños con destino aún desconocido... Que había una conexidad entre las fuerzas para este fin (Aeronáutica-Marina, por ejemplo) usando determinados centros de detención, básicamente la ESMA y Campo de Mayo. Que el hecho de que esto haya persistido en el tiempo muestra la existencia de un sistema para que ocurra así. Determinar si este sistema pertenecía o no a un plan político se verá ahora, en la segunda etapa de la instrucción, cuando por una interposición de la querella (presentada por seis Abuelas) se ampliarán las imputaciones a quienes han ocupado los cargos políticos de mayor responsabilidad, a los presidentes de entonces, Jorge Videla, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone.

--Hasta ahora la imputación se circunscribía a quienes implementaron el plan...

--Sí, y hasta el nivel de jefes de zona, ya que los comandantes de cada arma habían sido juzgados en el Juicio a las Juntas. Se pide la ampliación porque se trató de un plan concertado, sistemático y con responsabilidades políticas. Se va contra los ex presidentes por entender que como tales han ejercido actos que, hasta el momento, conllevan a, por lo menos, ocultar ese aparato delictivo y permitir que actuara.

--¿No han prescripto esos delitos?

--Entendemos que no, porque se trata de delitos que hoy se continúan cometiendo. Los menores siguen desaparecidos, su desaparición se está ejecutando hoy, y hasta que aparezcan. De modo que no se podría tomar como fecha para que comience el plazo de la prescripción aquella en que desaparecieron. Y tampoco habría operado la prescripción si se considera que esto configura un delito de genocidio, que también es imprescriptible según los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

--¿Usted caracteriza lo aquí ocurrido como genocidio?

--Sí, porque se intentó destruir a un "grupo nacional", entendido como un grupo, un sector de la Nación, y esa finalidad es la que han manifestado reiteradamente sus responsables verbalmente y por escrito. Además está la decisión de separar a los niños de sus padres, que consta en los documentos aportados por esta fiscalía. Y este elemento --el traslado y la entrega de los menores de su grupo a otro-- aparece como constitutivo del delito de genocidio. Hasta ahora no lo hemos planteado porque no ha sido necesario. Creo que, además, se podrá llevar esta cuestión de los niños al recientemente sancionado Tribunal Penal Internacional que, si bien no es retroactivo, puede juzgar este delito, ya que se está cometiendo a la fecha de su constitución.

--¿Y en cuanto a la cosa juzgada?

--En el Juicio a las Juntas se juzgaron sólo alrededor de 13 casos, repartidos entre las distintas fuerzas. Yo entiendo que no han sido representativos, que es ilegal tomar un caso en representación de todos los que se han cometido, que la sentencia de la Cámara cayó exclusivamente sobre los hechos ventilados y que nunca estuvo en su ánimo absolver o sentenciar dando a éstos carácter representativo de otros no tratados... Sería una ultraactividad, algo no pedido.

--¿Cómo sigue esta causa?

--Hasta el momento hay alrededor de 35 imputados. A principios de agosto se ampliará la imputación a los tres presidentes de aquella etapa dictatorial y a otras personas con responsabilidad política en el plan. Esto cerraría la primera imputación. Luego se extendería al resto, los jefes de zona e incluso, a los comandantes de cada arma que, reitero lo dicho anteriormente, entiendo que no han sido absueltos respecto de este plan.

--¿Qué piensa usted de los juicios en el exterior y de su entrevista con el juez Garzón?

--Los juicios en el exterior ejercen un efecto muy fuerte sobre los Estados en cuanto a la concientización acerca de la importancia de defender los derechos humanos. Y sobre la gente, que los apoya porque demanda justicia, si no es aquí, aunque sea en otro lugar del mundo. Y eso es así por más que su consecuencia en Argentina se limite a impedir que los imputados viajen al exterior. Hay que hacer justicia aquí. En cuanto a mi entrevista con el juez Garzón, lograda por los abogados de la acusación popular, con quienes estuve, expresó la realidad de la relación, más allá de las versiones que circularon: que hubo y hay mutua voluntad de colaboración entre el juez Garzón, nuestro juzgado y esta fiscalía y que, manejándonos dentro de los canales legales, no hay peligro de papelón alguno.

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