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Por Horacio Cecchi  Desde hace dos años el gobierno bonaerense impulsa la venta
del Hotel Provincial de Mar del Plata. Ayer venció su contrato de concesión, pero cuando
la comitiva oficial se disponía a hacer el inventario, el concesionario, Miguel
Gutiérrez Guido Spano, se negó a entregar las llaves del establecimiento y
prácticamente se atrincheró con todo lo que el hotel tiene dentro, incluyendo a unos 80
empleados, una cantidad incierta de turistas y Dorita Ramírez, la tía de Eduardo
Duhalde, ocupante desde hace varios años de la suite reservada para el gobernador. Tanto
el gobierno como el concesionario sacaron a la luz cuentas pendientes: Guido Spano reclama
el pago de más de 5 millones de pesos con intereses incluidos, por servicios prestados a
las tres habitaciones oficiales y uso de cocheras, pero, según el gobierno, Guido Spano
debe medio millón por el canon adeudado desde hace dos años y 1.200.000 en impuestos.
La historia de la cancelación del contrato es mucho más corta que los 48 años de vida del Provincial: el 28 de noviembre del '96, Eduardo Duhalde anunció públicamente la intención de vender el Gran Hotel Provincial. El 15 de enero del año pasado, la ley 11.902 lo habilitó para rematar o licitar sus instalaciones. En marzo de este año, Duhalde promulgó el decreto 393, para hacer efectivo el desalojo. El 29 de junio, Guido Spano fue notificado de que en 15 días hábiles se iba a cumplir con el traspaso y que debía interrumpir el alquiler de cuartos. Ayer se cumplió el plazo. Pero el 14 de julio, la Empresa Hotelera Americana S. A., concesionaria del establecimiento desde 1984, presentó un recurso solicitando la interrupción del trámite hasta resolverse el recurso. Mientras tanto, siguieron entrando turistas y la tía Dorita con sus bártulos no se movió de la suite Bustillo, cuarto piso A, del Provincial. Cuando se estableció el contrato de concesión, no fueron incluidas las suites 236, la Peralta Ramos y la Bustillo, que quedaron a disposición del gobierno provincial. La 236 es utilizada por la Dirección Provincial de Turismo. La Peralta Ramos, conocida como Suite Presidencial, está ubicada en el quinto piso y Duhalde la ocupa con invitados. En la Bustillo o Suite de la Gobernación, está Dorita. Guido Spano reclama los servicios prestados a los huéspedes de esas habitaciones. Por la 236 pasa una factura de 247.050 pesos más 355.752 por intereses, y 99.420 por dos cocheras con 143.165 de intereses. Por la Peralta Ramos, 988.200 y 1.423.008. Y pide un resarcimiento de 2.054.968 pesos, intereses incluidos, por los seis años de tía Dorita. "Lo de la tía es una chicana del concesionario --dijo a Página/12 Alejandro Dichiara, subsecretario de Turismo bonaerense y uno de los miembros de la comitiva que no pudo entrar al hotel--. Nunca pasó una factura por los servicios que reclama, a lo mejor ya fue pagado. Si no, por qué no reclamó hace seis años." El gobierno bonaerense, a su vez, sostiene que el concesionario adeuda dos años de canon, a razón de 250 mil pesos por año, y alrededor de 1.200.000 pesos en impuestos a la Nación, a la provincia, al municipio y por servicios de agua corriente. Miguel Gutiérrez Guido Spano no es un desconocido para los estamentos oficiales. En 1991 ganó la licitación del Hipódromo de Palermo, pero fue impugnada por serias irregularidades. En ese momento, se afirmó que su grupo tenía relaciones con otro de los grupos postulantes, Jorge Antonio, amigo personal de Menem, y que el respaldo de capital y la oferta eran unas de las más bajas. Se volvió a llamar a licitación sin Guido Spano. Ahora, con el 50 por ciento de las habitaciones cubiertas por turistas de vacaciones, el concesionario y Duhalde esperan la resolución de un juez para ordenar el desalojo o para que el Provincial siga en las mismas manos y tía Dorita en el balcón frente a la Rambla.
OTRO CASO DE CHICOS RETENIDOS EN EL EXTRANJERO
Suárez contó a los medios locales que se casó catorce años atrás con el ingeniero y ciudadano libanés Mutah Mufah Edaei en la ciudad de Rosario, donde la pareja vivió dos años y tuvo su primer hijo, Nabil, en 1986. Un año después --continuó-- el matrimonio se mudó a Libia, donde nacieron los otros dos chicos, Leila y Nadir. Según afirmaron sus abogadas, Marisa Malvestiti y Mirna Segré, durante su estadía en el país africano, fue sometida a malos tratos y golpes por parte de su marido, por lo que decidió regresar a la Argentina en 1990. Suárez aseguró que se vino con la promesa de su marido, realizada ante el embajador argentino en Libia, Guillermo Rosales, de que los chicos abordarían un avión al mes siguiente rumbo a Buenos Aires. Nunca más los vio. En 1991 realizó una presentación ante el Tribunal Colegiado de Familia de Tercera Nominación de Rosario, donde se abrió un expediente por la tenencia de los menores. "A partir de este trámite, la Cancillería argentina efectuó varios exhortos a Libia, a través de la embajada, que no tuvieron respuesta", agregó una de las abogadas. Privada de medios económicos para afrontar el reclamo judicial, Suárez solicitó ahora un subsidio en el Concejo Deliberante rosarino. Según denunció ayer la mujer, desde su regreso, lo único que recibió de su ex esposo fue una foto de los chicos con sello postal de Austria pero remitente de Libia el 4 de junio pasado. "Me agarraron sin defensa, sin familia y yo quiero recuperar a mis tres hijos. El me engañó, me dijo que, apenas regresara, al mes, iba a venir a la Argentina con los chicos", señaló Suárez. La mujer aseguró que en Libia "vivía un estado de tortura mental permanente" y que en una de las oportunidades en que su marido le pegó, le rompió el tabique nasal. Además, destacó que envió cartas con su reclamo al gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, a organismos internacionales en Ginebra, a la Cancillería y al embajador ante la Organización de Naciones Unidas. También tomó contacto con la red de mujeres viviendo bajo leyes musulmanas sin haber logrado una respuesta.
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