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 Con las condenas
acordadas por el Tribunal Supremo de España, el juicio a la guerra sucia llegó a su
clímax en España, y quince años después de los hechos ya hay sentencia en el
"caso GAL", uno de los capítulos más tenebrosos de la lucha antiterrorista en
España y una trama que siempre tensó la vida política del país. El veredicto no lo
hicieron público ayer los once magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino
los diarios nacionales El País y El Mundo, a los que fue filtrada. Por su
organización de la "guerra sucia" contra el terrorismo separatista vasco de
ETA, el ex ministro socialista José Barrionuevo podría convertirse en el primer ex
ministro desde el fin de la dictadura franquista en purgar una pena de cárcel. El
escándalo de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) fue el principal detonante
en la victoria del derechista José María Aznar y del Partido Popular sobre el socialista
Felipe González en 1996.Las condenas para el ex ministro del Interior Barrionuevo y para su entonces secretario de Estado, Rafael Vera, habrían sido de 13 años de prisión. De acuerdo con los mismos datos filtrados, también los otros 10 procesados fueron condenados a penas carcelarias. La expectativa por este proceso, considerado el más importante desde que se sentaran en el banquillo los responsables del intento de golpe del 23 de febrero de 1982 (el "Tejerazo"), fue inmensa. Según comentaba El País, la conjunción de tres factores fue necesaria para que este caso llegara a los Tribunales: el final de las mayorías absolutas socialistas, el retorno a la judicatura del juez Baltasar Garzón (quien instruyó la causa) y la decisión del Partido Popular, ahora gobernante, de explotar políticamente al máximo las denuncias sobre la guerra sucia contra ETA en un intento por debilitar a Felipe González. En opinión de El Mundo, en el proceso quedaba demostrado que en el gobierno de González se utilizaron "unos medios muy similares a los de la banda terrorista" para combatirla. Los parapoliciales GAL se cobraron al menos 28 vidas entre 1983 y 1987. El ex ministro José Barrionuevo fue encontrado culpable de haber dado el OK, supervisado y financiado el secuestro de un francés inocente confundido con un etarra. El Ministerio Público reclamó un total de 178 años de cárcel para los doce acusados, a los que se les imputó los delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos. El secuestro por error de Sebastián Marey, y su prolongación por más de una semana después de que se reconociera el error, se produjo durante el período más cruento de la guerra separatista librada por ETA, que ha cobrado más de 800 vidas desde 1968. Marey fue confundido con el etarra Mikel Lujua y confinado por 9 días en una cabaña. La falsa identificación se debió al auxilio de la policía francesa: el inspector Guy Metge habría recibido 83.000 dólares pagados con fondos públicos españoles para colaborar en la "guerra sucia". En su momento de esplendor a comienzos de la década de 1980, ETA mantenía un promedio estable de una muerte cada tres días. En esos años, que coincidían con los comienzos del régimen socialista de François Mitterrand, ETA había encontrado una cabecera de puente y un santuario en el sur de Francia. Algo que, según el fiscal del caso GAL, llevó a la cúpula del Ministerio del Interior español a autorizar acciones en esta región contra el grupo guerrillero. Los tres bloques de acusados se correspondían exactamente con los tres niveles jerárquicos a los que pertenecían en el momento de los hechos: el de los policías, el de los cargos intermedios y el de los máximos responsables del Ministerio del Interior. Los primeros, seis en total, se confesaron ejecutores del secuestro, cuya organización se atribuyeron los cuatro segundos, al mismo tiempo que acusaban a los dos últimos, de autorizarlo y financiarlo. Mientras que los policías basaron su defensa en obediencia debida y error invencible, los cargos intermedios apostaron por la prescripción de los delitos y el ex ministro y su secretario de Estado se declararon inocentes y pidieron la nulidad del proceso. El escándalo de los GAL contribuyó decisivamente a la derrota electoral de Felipe González en 1996 frente al conservador José María Aznar. Pero según un sondeo publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las intenciones de voto de los españoles se han revertido ahora entre los dos partidos mayoritarios. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) condenó duramente la filtración a la prensa de la decisión judicial, en tanto que varios dirigentes socialistas exigieron el indulto para los condenados. A juicio de varios dirigentes, el presidente de gobierno José María Aznar es el primer interesado en perdonar, porque de otro modo la condena de los altos cargos se volvería en contra.
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