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Panorama
político
Esto significa que "el mercado" tendrá que disciplinar a los candidatos que, al final, compongan las fórmulas de las dos mayores fuerzas, el Partido Justicialista y la Alianza, para que antes de asumir sepan quién manda. Algo así como lo que están haciendo los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Erman González y su reforma laboral. Este social-cristiano de La Rioja, polifuncional en el menemismo, ha venido haciendo un discurso de campaña sobre las negras condiciones del empleo en la Argentina, con algunas osadías --sin exagerar, se entiende-- sobre la voracidad de algunos empresarios, esos que, según Menem cuando todavía era candidato in pectore, quieren costo laboral cero. De algún modo hay que juntar votos, aunque sea con retórica, pero eso es algo que los del FMI, que nunca compiten en las urnas, son incapaces de comprender. Como tampoco entienden, cuando se quejan de los déficit en las provincias, que sin esas deudas los gobernadores serían inmanejables para el gobierno central. Privadas de los giros mensuales del tesoro nacional, varias provincias se hubieran incendiado como pasto seco en verano. El que critica no cobra, el que no cobra tiene conflicto social, el que tiene conflicto social es un piantavotos y a los piantavotos no los quiere nadie. Sólo el que tiene recursos propios puede salirse de la nómina oficial de "leales". Los pobres con opinión propia son traidores. Así de simple, ¿esta noción oficial figurará en los manuales de la experta Teresa Ter Minassian? El "darwinismo global" del FMI ¿podrá aceptar que obras públicas como el Plan Laura, que cumplen una doble función -–dan trabajo ahora y comprometen con deudas al futuro gobierno--, no pueden someterse a disciplinas de caja? Si no hay tercer mandato para Menem, ¿por qué tendría que preocuparse este gobierno por los compromisos a futuro? Piensan los estrategas de la Casa Rosada: Menem tiene que regresar en el 2003, y no podría hacerlo si el sucesor es del mismo partido, porque si lo hace bien querrá otro turno y si lo hace mal vendrá la alternancia. En esto de disciplinarse, "la Alianza y sectores del Gobierno están a los codazos a ver quién se lleva mejor con el establishment", acusó Duhalde en Clarín de ayer, después de asegurar que "el justicialismo tiene que ir en busca de consensos sobre temas importantes, por ejemplo, la pobreza, que es de una marginalidad importante". El gobernador ya se anuncia en los afiches como "el presidente de la justicia social" y los que están cerca de él aseguran que buscará inspiración en la doctrina social de la Iglesia, igual que Erman González. Llegan tarde a refugiarse en olor a santidad, porque hoy en día los buenos cristianos tienen un compromiso más puntual: "La opción por los pobres". Como lo dijo ayer Mandela en Tierra del Fuego: "Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y si no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento". Desde que Menem fundió bielas y tuvo que abandonar, Duhalde enfiló en punta, pero de inmediato otros corredores salieron a la pista, tanto para presidente como para gobernador de Buenos Aires. Hasta el 11 de abril, cuando definan fórmula, cada peronista llevará una candidatura en la mochila. Aunque en la Alianza la disputa es de a dos, también habrá algarabía de compromisos a futuro, ambiguos por lo general hasta que alguno se quede con el primer lugar. Es previsible que todos, por ahora, hablen de justicia social, busquen un obispo propio y canten loas a la victoria del mandato constitucional sobre los períodos de reelección. A propósito de esta fiebre constitucionalista, los que andan pensando programas de gobierno podrían recordar otros mandatos de la misma fuente, por ejemplo los artículos 14 y 14 bis. Este último ordena, decreta y establece: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial". Además de varios derechos sindicales, entre ellos el derecho de huelga, sigue: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna". El intento de violar las normas de la Constitución sobre duración del mandato presidencial mereció el rechazo generalizado. ¿No será hora de convertirlo en sentimiento positivo a favor de quienes propendan a realizar estos derechos económico-sociales y los demás que figuran en la Constitución? Desconocerlos es lo mismo que reducir la Carta Magna a la categoría de reglamento electoral, lo que puede ser tan perverso como violarla. Los derechos allí establecidos son ideales, claro. El mérito, sin embargo, consiste en acercarse a ellos, en lugar de alejarse. Poniendo a contraluz de estos mandatos el proyecto de reforma laboral, en la versión de González o del FMI, está claro que se alejan. Si los demás callan, ¿dónde queda el apego a la Constitución que inflama las declaraciones públicas? Duhalde, en las citadas declaraciones, sostiene que "está muy avanzado el acuerdo" en esta reforma y que tiene acuerdo completo con la tributaria. En lo concreto, resulta difícil distinguir la diferencia con Menem. Tampoco la Alianza, en el campo laboral, despejó las dudas. Por apego o por vacío, a pesar de las derrotas, la dirigencia política que pretende sustituirlo le permite al presidente Menem que retome la iniciativa una y otra vez. Lo hizo después del fracaso electoral del 26 de octubre y lo intentará ahora, a pesar del fiasco continuista, si el resto no escribe con mano propia la agenda cotidiana de los argentinos. Perón solía comentar con socarronería: "No es que uno sea bueno, sino que los demás son peores". Ojalá que esta vez se equivoque.
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La
descompresión política fue tan grande que, a pesar de la desconfianza popular en el
discurso oficial, la mayoría de los políticos decidió tomarle la palabra al presidente
Carlos Menem, descartándolo como candidato a la sucesión hasta el 2003, por lo menos. Su
principal opositor partidario, Eduardo Duhalde, está seguro de eso: "Es imposible
que haya marcha atrás", declaró. Hay convicciones del Presidente, sin embargo, que
no cambian. Una de ellas es la concepción del poder institucional como propiedad privada,
razón por la cual consideró su retiro de la competencia como si fuera un renunciamiento,
cuando fue la consecuencia de una derrota política, la más severa desde que ocupó el
gobierno en 1989. Los más atrevidos insinuaron una absurda comparación con la renuncia
de Eva Perón, que murió un 26 de julio, a las 20.25, de hace 46 años. En el poema que
le dedicó María Elena Walsh, una "contrera", reconoció que aquel día
"el pobrerío se quedó sin madre". Esta vez, los que se quedaron sin un
candidato fiel fueron los dueños del capital; por lo menos son los que más batieron a
duelo. Francisco Macri sintetizó ese sentimiento: "Nos dejó solos", se
lamentó.