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Por Horacio Verbitsky  Aun antes de que el presidente Carlos Menem dijera que
renunciaba a cualquier inmunidad e invitaba a sus opositores a investigarlo, el Frente
para un País Solidario había puesto en funciones un equipo de trabajo con esa misión.
Lo encabeza el legislador autónomo Raúl Zaffaroni y lo integran las diputadas nacionales
Diana Conti y Nilda Garré, a quienes asiste un reducido grupo de colaboradores, entre
quienes está la ex jueza y convencional constituyente Alicia Oliveira. Desde el lunes de
esta semana, el equipo ocupa una oficina a dos cuadras del Congreso de la Nación, donde
se acumulan las carpetas con materiales de distintas fuentes, que ya han comenzado a
informatizarse.
Cuando el diputado Juan Pablo Cafiero lanzó la idea, antes de la constitución de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, fue bautizada como "la Conadep de la Corrupción". Pero ahora ha cambiado de nombre y en la jerga interna del Frepaso se la llama el "FBI de la Corrupción". En cualquier caso, el trabajo apunta a modelar el discurso político del Frepaso y producir no sólo causas penales sino también propuestas institucionales. Ni siquiera se descarta una posible presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, invocando el derecho humano al desarrollo. A fin de mes el equipo contempla producir el primer documento de avance, que sería sometido a la conducción del Frepaso, para que decida si lo hará público o lo mantendrá como un instrumento interno de trabajo. La diputada Diana Conti tiene a su cargo los contactos con los demás legisladores del Frepaso que han venido trabajando en el seguimiento de diversas causas. Por ejemplo, Marcelo Vensentini y Darío Alessandro se interesaron en el vaciamiento de las empresas de la familia presidencial, el Grupo Yoma; Horacio Viqueira aportó elementos sobre el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la informatización por IBM de la Dirección General Impositiva; Cafiero y Alessandro tuvieron a su cargo la obtención y análisis de información sobre los hombres de negocios dudosos Alfredo Yabrán y Raúl Moneta; Mario Nallib Fadel participó en las investigaciones sobre la Aduana. En cambio, Nilda Garré se ocupa de los contactos externos a fines de recabar información. Esta semana recibió al ex gerente de República Propiedades Jorge Macchi, quien a partir de su litigio por 3 millones de dólares en retornos impagos, ha echado luz sobre las prácticas de Moneta, vicepresidente de Citicorp Holdings (CEI), el principal grupo de medios de comunicación y de prensa del país. Aunque los miembros de la comisión no confirmaron la inclusión del tema, Macchi entregó a este diario una carta remitida a la precandidata presidencial del Frepaso, Graciela Fernández Meijide, en la que le comunica que a pesar del cambio de nombre, la empresa offshore representada por Moneta en el accionariado de CEI (antes denominada UFCO, ahora República Holdings Ltd) aún tiene domicilio en una casilla de correo de las Islas Vírgenes Británicas, sus accionistas siguen siendo desconocidos y su capital es de sólo 50.000 dólares. Sus actuales directores, pero no accionistas, son Moneta, su tío Benito Jaime Lucini y su cuñado Marcelo Moy Padilla. La carta a Fernández Meijide destaca "la casi ausencia de marcos regulatorios en lo que respecta a sociedades extranjeras controlantes de temas de interés nacional, la poca legislación antimonopólica y el propio marco regulatorio de empresas privatizadas". Según Macchi, sus contactos con el Frepaso fueron detectados por Moneta, cuyo abogado Alberto Petracchi lo citó para increparlo: --¿Qué hacías ayer a las tres de la tarde en la casa del Frente, en la segunda cuadra de Callao? --dice Macchi que le preguntó Petracchi. --No te lo voy a decir. ¿Yo te pregunto con quién te reunís en la Casa Rosada? --dice que le contestó. --¿Vos tenés idea del daño que le estás haciendo a Moneta? --dice que le preguntó. Macchi dice que se encogió de hombros. --Te puedo asegurar que ni vos ni los periodistas que te ayudan van a poder dormir tranquilos --dice Macchi que insistió Petracchi. --¿Es una amenaza? --Tomalo como quieras --dice Macchi que concluyó el diálogo. Otros temas sobre los que el equipo del Frepaso está reuniendo información tienen que ver con la obra social de los jubilados, el PAMI, y con el presunto enriquecimiento ilícito del propio Menem, al que hizo referencia Fernández Meijide, lo que provocó una reacción destemplada del jefe de Estado. Zaffaroni coordina todo el trabajo y está elaborando su fundamentación conceptual. Su objetivo es pensar qué significa la corrupción y definir una futura acción de gobierno para cortarla. "No podemos dedicarnos a investigar cada uno de los miles de hechos de pequeña y mediana corrupción que existen. En cambio, tenemos que concentrarnos en aquellos episodios que constituyen verdaderos agujeros negros, como todo lo que se vincula con la Aduana o la DGI", explica Zaffaroni. La subfacturación de importaciones y la sobrefacturación de exportaciones constituye por un lado competencia desleal y por el otro un drenaje en la recaudación. "Aunque no lo hemos cuantificado, está claro que no se trata sólo de una cuestión ética. Esta corrupción se refleja en la economía e incide en la vida cotidiana. Por ejemplo, la triangulación ilegal que se hizo para traer al país las tapas francesas para Aguas Argentinas perjudica en forma directa a la industria nacional. Con la corrupción, además, se sustraen recursos imprescindibles para mejorar la situación social. Si la evasión impositiva es de 24.000 millones de dólares al año, con una tercera parte se podría atender el drama de los jubilados", ejemplifica. --Este parece un tema para el equipo de economía. --También. Por eso estamos en contacto. Esto va en serio --dice Zaffaroni. En algunos casos, como la privatización personal de ATC imputada al asesor presidencial Gerardo Sofovich, ha habido una sentencia judicial absolutoria. En otros, como las contrataciones de la DGI y el Banco Nación con IBM, hay tanto investigaciones parlamentarias como causas judiciales abiertas. Lo mismo ocurre con los negocios de Yabrán, el grupo Yoma y Alberto Samid. También hay juzgados donde se han radicado denuncias por las contrataciones informáticas de la Corte Suprema de Justicia (en las que se pagaron significativos sobreprecios por material obsoleto e inadecuado según la investigación publicada en estas páginas por el ingeniero Ariel Garbarz) o la privatización de la emisión del Documento Nacional de Identidad. "En algunos casos es posible que el resultado sea la denuncia penal o el aporte de elementos a causas ya abiertas. Pero no podemos quedarnos en ese aspecto. Sobre todo porque lo penal siempre llega tarde, es una intervención postrera, cuando el daño ya está hecho. Y por otra parte, no podemos olvidar que el sistema penal, siempre agarra al más estúpido o al más grosero y no son esos los ejes capaces de responder a la demanda ética de la sociedad", agrega Zaffaroni. --¿Por qué pasaron de la comparación con la Conadep a la idea de un FBI? --En primer lugar, la Conadep juntaba datos que no se poseían. Nosotros podemos recibir denuncias, pero lo primordial no es la investigación, porque los casos ya se conocen. No ocultaron nada, sólo neutralizaron la acción estatal. Acá abrieron la importación y al mismo tiempo debilitaron el control. En Brasil, en cambio, hay un control aduanero de primera. Según Zaffaroni, se globalizó la economía pero no hubo una simultánea ingeniería institucional que impidiera estos fenómenos. La falta de adaptación del Estado a la nueva forma de funcionamiento de la economía generó una patología. Para superarla "hay que pensar menos en leyes y penas que en estructuras de prevención e investigación", dice. La respuesta institucional en la que está trabajando es la creación de un nuevo organismo, que brindaría servicios imprescindibles para que los jueces y los fiscales cumplan con su tarea. El modelo que Zaffaroni tiene in mente es el de la antigua inspección del Banco Central, "que era muy eficiente hasta que la deshicieron". Ese cuerpo, equivalente a una policía seria y altamente tecnificada, actuaría como auxiliar del Ministerio Público, de los jueces y también del Poder Ejecutivo cuando quisiera querellar por alguna causa. "Lo que hemos visto en estos años es un mecanismo perverso, que se inicia con un requerimiento de negocios, continúa con el lobby para conseguir una ley, un reglamento o, más a menudo, un decreto secreto, y concluye con una estructura judicial que en vez de descubrir encubre. Un Estado desguarnecido no puede pelear contra esto. El nuevo organismo sería autárquico y tendría una dirección bicéfala, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que puede actuar como querellante, y del Ministerio Público, impulsor de la acción penal pública. "La ética como programa es mucho más que una administración prolija", sostiene Zaffaroni. Acaso esa sea una manera más sutil de decir que la corrupción es parte integral de un modelo económico-social. ¿Y por casa, cómo andamos? Un objetivo que ni Zaffaroni ni sus colaboradores mencionan, pero que no escapa a una observación externa, es la diferenciación con sus socios radicales en la Alianza. Cuando el líder del Frepaso, Chacho Alvarez, propuso la Conadep de la Corrupción, el ex presidente radical Raúl Alfonsín se opuso. Consecuencia de ese desacuerdo es que no hay radicales en el equipo de trabajo, lo cual ilustra las diferentes concepciones de ambos partidos sobre la construcción democrática, una vez transcurridos tres lustros desde el colapso de la dictadura militar. Sin embargo, también el radicalismo está abocado a profundizar el conocimiento sobre hechos irregulares ocurridos bajo el actual gobierno. El ex diputado nacional por La Rioja, Gastón Mercado Luna está siguiendo en su provincia varias pistas sobre los bienes de la hija presidencial, Zulema Menem y el acuerdo de divorcio entre el jefe supremo de la Nación y su exposa Zulema Yoma. La Alianza entre el Frepaso y los radicales no ha borrado las diferencias entre ellos, y por esas grietas se filtran los otros partidos del sistema político. Cuando Gustavo Béliz y Jorge Srur de Nueva Dirigencia, objetaron las contrataciones de la ciudad con la empresa Emepa el jefe de gobierno de Buenos Aires, Fernando De la Rúa, lo atribuyó a instigación del Frepaso. Su suspicacia fue alimentada por la previa ofensiva de Chacho Alvarez contra su secretario de Obras Públicas, cuando dijo que el recaudador partidario no podía encargarse de las concesiones de servicios. Pero nadie sabe mejor que De la Rúa que el choque frontal de Nicolás Gallo fue con el ex secretario de Hacienda, Adalberto Rodríguez Giavarini, un radical más antiguo que Gallo, quien fue subsecretario en el gobierno militar de Juan Carlos Onganía que derrocó a Arturo Illia. Con planta industrial en Chascomús, Emepa fue constituida durante el gobierno de su paisano Alfonsín con el objeto social de fabricar, reparar y reconstruir material rodante para ferrocarriles. El entonces Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas acusó a Ferrocarriles Argentinos por contratar reparaciones con Emepa cuando tenía capacidad propia ociosa. Su primer gran contrato, al poco tiempo de crearse, fue la reparación de vagones del subterráneo A, por contratación directa, cuando Subterráneos de Buenos Aires estaba a cargo de Nicolás Gallo, ahora secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma. En marzo de 1997 los estatutos de Emepa fueron reformados, de modo de incorporar a su objeto social la recolección de residuos y el barrido y limpieza de calles. Pocos meses después, como parte de la Unión Transitoria de Empresas Ecohabitat, se adjudicó una de las zonas en las que se dividió ese servicio en la Ciudad. En otra Unión Transitoria también atiende un tercio de los comedores escolares de Buenos Aires, actividad que no estaba contemplada entre sus objetivos. Según la información reunida por Béliz, Emepa también integra las UTES Hidrovías, que tiene a su cargo la obra de dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná (con un subsidio de 58 millones de dólares al año), y Ferrovías, concesionaria del transporte de pasajeros en la línea ferroviaria Belgrano Norte. Su presidente y principal accionista es Benjamín Gabriel Romero, a quien sus amigos llaman por el segundo nombre. Además formaría parte de las empresas Intertrén (vinculada con el proyecto de tren del Este, desde Vicente López a Avellaneda), Transcorba y Transportes 9 de julio, que junto con Emepa constituye Ecohabitat. De acuerdo con la información que Béliz y Srur suministraron a Página/12, los negocios de Romero explicarían la aprobación de Gallo y De la Rúa al decreto firmado por Menem para la ampliación del puerto (un emprendimiento de 400 millones de dólares, que también requerirá subsidios para el dragado) y la construcción de una Aeropenínsula, alternativa a la Aeroisla del menemismo. "Ambas deben rellenarse con la arena y el barro del dragado. Entre el puerto y la Aeropenínsula son 800 hectáreas, el doble que el barrio de Belgrano. Esto es un disparate, porque hay capacidad portuaria ociosa, y una locura ambiental. Además, no hay renta portuaria para la Ciudad", dicen Beliz y Srur, quienes en forma insinuante preguntan por qué De la Rúa no objeta la constitucionalidad del decreto presidencial que legisla sobre asuntos que corresponden a la Ciudad. "En los finales del gobierno de Menem, la corrupción avanza sobre el río", añaden los Legisladores. Entre los datos que computan, figura la quiebra de "Terminal 6", una de las empresas concesionarias del puerto, por donde afirman que salieron las exportaciones ilegales de armas. Una de las empresas que integraban esa UTE era Intefema, cuyo presidente, Miguel de Larminat, había compartido con Gallo el directorio de Coroplast, concluyen. Esta serie de asociaciones prueba mucho menos de lo que sugiere. Y no es el Frepaso, sino el Justicialismo, el que planea cabalgar las denuncias del ex ministro del Interior de Menem. El senador Jorge Yoma está tratando de averiguar si Benjamín Gabriel Romero es el mismo empresario amigo de Alfonsín en cuyo departamento se celebró una de las reuniones del Pacto de Olivos, cuando se discutía el Núcleo de Coincidencias Básicas que integraría la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. "Si llegamos a confirmar esto, lo vamos a denunciar como el cajero de los radicales", dijo Yoma a este diario, acaso sin advertir que con el mismo criterio pero con otra intencionalidad también podría llamárselo el cajero del Pacto de Olivos. Ante consultas de Página/12, dos de los dirigentes alfonsinistas que intervinieron en aquellas negociaciones, precisaron que al menos uno de los encuentros clave de aquellos días efectivamente se realizó en lo de Romero. Con mucha precisión los dos radicales (uno constitucionalista, el otro político) recordaron que acompañaron al ex presidente en esa reunión el diputado Tomás Antonio Berhongaray y su entonces vocero Simón Lázara y que por el gobierno nacional participaron Carlos Corach, Eduardo Bauzá y el Hermano Eduardo. "Hacía falta un lugar discreto para que no trascendiera la reunión y por eso se hizo en lo de Romero. Cuando salimos nos encontramos con periodistas que estaban a la búsqueda", dijo uno de los asistentes. "Se discutían los porcentajes del ballotage y la autonomía de Buenos Aires", evocó el otro. Asignaturas pendientes Ahora que Menem fue, es necesario pasar revista a algunas cuentas o asignaturas pendientes de la poliarquía argentina, por decirlo con la palabra que el politólogo Guillermo O'Donnell prefiere para referirse a la democracia política. El sistema debe ser democrático en tres sentidos, dice O'Donnell El Bueno en un documento aún inédito. Primero, debe asegurar las libertades y garantías políticas. Segundo, los derechos civiles de toda la población. Y tercero, establecer redes de responsabilidad por las cuales incluso los más altos funcionarios del régimen, "estén sujetos a apropiados controles sobre la legalidad de sus actos". Si estos conceptos se aplicaran como un test a la Argentina, el primer escalón aparecería razonablemente establecido: desde hace quince años las autoridades se renuevan en forma periódica por el voto de los ciudadanos que eligen entre ofertas competitivas y dentro de poco más de un año por segunda vez podría verse la alternancia entre partidos. Las dificultades comenzarían en el segundo nivel, donde apenas puede hablarse de una ciudadanía de baja intensidad que, según el propio O'Donnell, "no puede esperar un trato justo de la policía o de la administración de Justicia". Y difícilmente podría alcanzarse el tercer nivel, en el que todos son iguales ante la ley. Un ejemplo práctico ilustra este concepto teórico. La semana pasada este diario informó que los senadores Eduardo Bauzá y Antonio Cafiero y el gobernador pampeano Rubén Marín usaron un avión oficial para viajar a La Plata donde sólo discutieron cuestiones partidarias con el gobernador Eduardo Duhalde. Y el semanario "XXI" publicó una investigación según la cual Menem, su cuñado Emir Fuad Yoma y el secretario de seguridad Miguel Toma serían propietarios de aviones que no pueden justificar con sus ingresos legales. Nada de ello mereció reproche alguno por parte de ninguna institución del Estado. En cambio, el Senado de Estados Unidos rechazó el pliego del Secretario de la Fuerza Aérea remitido por el presidente Bill Clinton. Entre las razones alegadas figuran tres que harán sonreír al público argentino: aunque sólo estaba cumpliendo tareas en tierra, el coronel Daryl Jones seguía cobrando un plus de 88 dólares mensuales por volar; les vendió a algunos subordinados productos para el hogar de una línea que correteaba para completar sus ingresos; y se contradijo con un ayudante acerca de cuántas horas de vuelo había acumulado en su carrera, si 2000 o 1400. Aunque la relación no es lineal, O'Donnell sostiene que el déficit institucional también incidiría en la situación socioeconómica, ya que "parecería que el goce de la ciudadanía plena favorece pautas de desigualdad menos intensas, y social y políticamente menos dañinas". Del mismo modo "parece haber un fuerte lazo causal" entre una estructura socioeconómica inequitativa y la debilidad de los derechos políticos y, especialmente, civiles, ya que la desigualdad extrema fomenta "relaciones autoritarias en todo tipo de encuentros entre los privilegiados y el resto". La afinidad entre estos conceptos y los que están elaborando Zaffaroni y su FBI de la Corrupción es ostensible. En algún aspecto, al menos, sus esfuerzos llegarán tarde. Durante el debate parlamentario de la ley 21.660, cuyo artículo 33 es el que permitió que el ex dictador Jorge Videla cumpliera en su domicilio el arresto ordenado por la Justicia, algunos especialistas preguntaron por qué la Argentina debía tener una legislación que superara a la de países de avanzada en la materia, como Italia, ya que hoy no puede definirse como ancianas a las personas de 70 años. La funcionalidad de esa ley, que un camarista federal bautizó como El favor Barra, es inocultable: nacido en 1930, Menem cumplirá 70 años poco después de entregar el gobierno, y el caso Videla absolutizó el beneficio. Si fue otorgado al mayor asesino serial de la historia argentina, sería ilógico negárselo a nadie. Como cárcel, la cabaña de Anillaco no está nada mal.
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