Página/12

A pesar de toda la alharaca parlamentaria sobre la suspensión del último ajuste del 10 por ciento en el peaje de las rutas nacionales, las empresas concesionarias no dejaron un solo día de cobrar ese aumento, que desde enero pasado les permitió embolsar alrededor de 20 millones de pesos adicionales a su facturación. Nada fuera de la ley. Por el contrario, la falta de acuerdo entre los propios legisladores sobre quién debe decidir acerca de estas polémicas privatizaciones --si la Bicameral o una comisión especial-- fue lo que impidió sancionar el proyecto que disponía no aplicar el reajuste. Hasta en el Congreso admiten que las diferencias de criterio sobre cómo suspender sólo llevaron agua al molino de los operadores de las rutas. Diputados discutirá el tema en el recinto durante una sesión especial de los primeros días de agosto, justo cuando debería comenzar a regir otro de los incrementos tarifarios anuales fijados por contrato.

A principios de año, cuando aún estaba Eugenio Pendás en la Secretaría de Obras Públicas, Economía autorizó el aumento, que serviría para cubrir, entre otros conceptos, parte del subsidio adeudado por el Estado y diferencias en la liquidación del IVA (las empresas transfieren al fisco el 21 por ciento, pero los tickets están gravados con una alícuota del 18 por ciento). Casi de inmediato, Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que proponía suspender ese ajuste por 120 días y, poco después, creó por resolución una comisión especial integrada exclusivamente por hombres de esta cámara. Este cuerpo --integrado por ocho justicialistas y siete opositores-- tiene como misión especial analizar todos los contratos de concesión y expedirse sobre la justicia de su ecuación económica.

Con el presunto afán de prolongar la suspensión, el Senado le puso el primer gran freno, alterando el contenido del proyecto y obligando a que éste vuelva a Diputados. Entre los cambios propuestos está el de suspender el aumento por 150 días (en lugar de 120) y el de disponer que los contratos de concesión fueran analizados por la desacreditada Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y no por aquella otra comisión especial creada en la Cámara Baja.

Este último punto cayó como plomo a los diputados, especialmente a los de la bancada oficial, muchos de los cuales aspiran a transformar en una bandera política la decisión de revisar las concesiones de rutas nacionales. Tanto en el PJ como en la Alianza, y hasta en muchos partidos provinciales, descuentan que la Bicameral suele actuar más como un resorte del lobby de las empresas concesionarias que como un cuerpo que custodia los intereses públicos. Esta situación puso a los diputados en un brete: conseguir los improbables dos tercios de la cámara para insistir con el proyecto original o ceder a las pretensiones de los senadores.

El Senado da su explicación. "Se buscó suspender por más tiempo porque hay que estudiar en detalle todos los contratos para saber si el aumento realmente corresponde o no", justificó ante este diario el justicialista José Luis Gioja. Este argumento tiene un punto de contacto con el de los diputados opositores. "Si no se hace una verdadera investigación que permita demostrar cómo las empresas incumplieron planes de obra y gozaron de una rentabilidad exagerada, el aumento tarifario de enero puede ser justo", admite el frepasista Ricardo Vago.

El polémico proyecto volvió a Diputados el 9 de abril y desde entonces quedó "cajoneado". Hace cuatro semanas que la Comisión de Transporte (donde recaló la iniciativa retocada) no se reúne. Pero en su último encuentro resolvió derrumbar un criterio sostenido por algunos justicialistas: el de abandonar el proyecto, ya que éste había sido superado por el tiempo (la suspensión debía regir desde enero). La Alianza aprovechó para dar un empujoncito, y promovió una sesión especial para que la Cámara trate el tema el 5 de agosto, aunque aún no está claro sobre qué dictamen.

En el supuesto caso que finalmente la sanción fuera dispuesta por ley el mes que viene, para entonces los concesionarios ya habrán recaudado en conjunto cerca de 20 millones de pesos, que nadie podría obligarle a reintegrar. Pero para enfrentar aquella hipotética situación, las empresas ya afilan lanzas. "Si nos suspende un aumento que surge de compromisos contractuales, el gobierno debería pensar cómo recomponer nuestra posición", advierte Enrique Sergiotto, directivo de la Cámara de Concesionarios Viales.

Y dónde está el control?

En la última sesión previa al receso invernal, los senadores estuvieron a punto de discutir la creación de un órgano regulador del sistema de rutas concesionadas por peaje. El argumento, al que adhieren oficialistas y opositores, es que Vialidad Nacional no tiene la competencia necesaria para fiscalizar estas complejas privatizaciones. La iniciativa consiste en crear un órgano cuyo directorio podría ser elegido por el Poder Ejecutivo pero con acuerdo del Senado o de la Comisión Bicameral. Pero esta idea no conforma a todos, y las discrepancias sobre este punto impidieron llevar el texto al recinto. Si esta ley llegara a sancionarse, parte de la controversia que hoy libran diputados y senadores sobre a quién le corresponde analizar esas concesiones ya no tendría sentido, ya que toda la responsabilidad recaería sobre el futuro organismo regulador.