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Por Carlos Rodríguez Desde Río Cuarto Los dos trataron de mostrarse tranquilos, pero al panadero y estudiante de Ciencias Políticas Mauricio Angonova (22 años), la timidez le enrojecía el rostro y las hojas del expediente judicial le temblaban en las manos. A su lado, Rubén Dionisio Fausto, (24 años), un poco más armado, comprobó con el transcurso de la audiencia que antes que juez es preferible soñar con ser mimado de la computación --desde hace dos años estudia informática-- o apilar cajas de cosméticos en el depósito donde trabaja. En una experiencia única hasta hoy en la Argentina, los dos jóvenes se han convertido "en jueces populares", en un proceso penal oral y público. Junto con tres magistrados de carrera, en igualdad de condiciones, tendrán que dirimir la semana próxima si el albañil Juan Carlos Ceballos (28 años) es culpable o inocente en la causa por el homicidio del changarín Javier Enrique Cabral (26), ocurrida hace un año en la vecina localidad de Berrotarán. Los dos chicos vestían impecables trajes de color azul y se miraban mutuamente a cada rato, como para ver si se transmitían seguridad. Los jueces estables de la Cámara del Crimen Nº 2 de Río Cuarto, Oscar Boni, Calcio Demaría y Jorge Medina, se ubicaron en el lado derecho del escritorio que ocupó el tribunal, pero ni Angonova ni Fausto se sintieron por ello como dos seres a la izquierda. Con voz temblorosa, midiendo cada palabra, ambos realizaron ocho preguntas a los tres testigos que declararon ayer en la apertura del juicio. "El peso que sentimos es porque acá estamos representando a toda la sociedad", admitió Angonova a Página/12 una vez concluida la primera de las audiencias del novedoso juicio. Mientras declaraban por separado los policías Juan Araya y Esteban Rodríguez, los primeros investigadores que llegaron al baldío donde Cabral fue hallado muerto a golpes, el joven jurado había interrogado varias veces pidiendo precisión sobre la forma en que fue arrastrado casi cuarenta metros el cadáver de la víctima, tratando de establecer así si el acusado intentó ocultar el cuerpo, circunstancia que podría servir de agravante llegado el momento de la sentencia. Fausto, por su parte, demostró un cabal conocimiento del frondoso expediente: le preguntó al testigo Roque Suárez si Cabral tenía antecedentes de ser pendenciero, urgando en algún posible atenuante para Ceballos. Suárez admitió ante Fausto que Cabral había tenido algunas riñas y que tenía fama de "provocador". Cuando se cerró el debate, el penalista Félix Nieto, defensor de Ceballos, se mostró sorprendido por "algunas preguntas interesantes" realizadas por los dos jueces que lo son ahora "por primera y única vez". Según Nieto, ellos apuntaron a precisar aspectos que "a veces se nos escapan a aquellos que tenemos una formación técnica que nos hace ignorar aspectos que hacen a la condición humana". Armando Carbonetti, ex senador de la UCedé que representa a la familia de la víctima, eludió opinar sobre la actuación de los chicos, pero consideró que la introducción de "jueces populares" podría servir "para democratizar la Justicia", que tiene que ser más republicana, más representativa y más cercana a lo que quiere la gente". Carbonetti, que años atrás se opuso al sistema, aclaró que quería evitar un juicio definitorio porque "estar a favor o en contra es una simple postura ideológica; desde el punto de vista jurídico habrá que ver cómo termina esta primera experiencia para poder dar un juicio certero". Sobre el crimen, Carbonetti opinó que Ceballos "actuó con premeditación" y que su responsabilidad "va a quedar acreditada porque hay 30 testigos que lo vieron pasar con Cabral hacia el escenario del crimen y luego lo vieron regresar solo". El cuerpo de la víctima apareció golpeado con ferocidad, sobre todo en la cabeza. La noche del hecho, la víctima y el acusado estaban ebrios. Angonova y Fausto fueron elegidos jurados entre cien aspirantes cuyos nombres fueron tomados al azar del padrón electoral de Río Cuarto. Hubo previamente dos sorteos entre el centenar de candidatos, pero ambos fracasaron porque los designados no cumplían con algunas de las tres limitaciones que pone el Código Procesal de la provincia: tener el ciclo educacional básico completo, ser mayor de 21 y menor de 65 años, y carecer de antecedentes policiales. El mecanismo del tribunal mixto fue introducido en Córdoba por medio de la reforma de la Constitución provincial de 1987, sobre la base de lo establecido en el artículo 118 de la Carta Magna nacional. Uno de los mentores de este sistema fue el ex senador provincial por Río Cuarto, Juan Manuel Deriver, quien opinó que incorporar a ciudadanos comunes como jurados "es abrir las ventanas para recibir el aire fresco de la opinión pública".
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