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Por Mario Wainfeld |
El segundo motivo es más amplio que el primero y a la vez parecido. La práctica política argentina se caracteriza por un sacro temor a la democracia directa, a la presencia popular, a la gente común. Lo que genera una ristra de argumentos bastante similares a los de los profesionales del derecho. La falta de sabiduría específica de los jurados es un dato irrefutable, que ha bastado para impedir que el pueblo participara del Poder Judicial, lo que ciertamente no ha producido en la Argentina un Poder Judicial confiable y seguro. Pero, además, el argumento falla por la base porque la democracia no es --por definición-- el gobierno ejercido por los que más saben sino un sistema que combina el principio del gobierno de las mayorías con límites legales a su poder y reglas de protección de las minorías. Si se aplicara a ultranza el criterio --supuestamente eficientista pero en verdad aristocrático-- que preconizaron sesudos jueces y letrados, las leyes no deberían ser aplicadas por los neófitos en derecho, ni la economía debería ser manejada por nadie ajeno a la Fundación Mediterránea, ni los temas militares votados en otro ámbito que en el Círculo de Oficiales retirados. Ni, claro, debería haber otro presidente que Carlos Saúl Menem, el hombre más avezado en eso de ocupar el sillón de Rivadavia. Que la gente del común decida sobre lo que le concierne, con sus recursos y saberes y
a su riesgo es la esencia de la democracia, sistema de gobierno y de vida que la Argentina
viene adquiriendo laboriosa, lenta y contradictoriamente. Que personas comunes ocupen
(parte de) los espacios que se ha arrogado la aristocracia judicial, una de las tantas que
asoló este país, es un hecho valorable, uno de tantos mínimos avances en ese camino. |
La Constitución
argentina de 1853, calcada de la norteamericana, establecía el juicio por jurados. Los
norteamericanos la aplicaron desde siempre, de lo que da larga fe el cine de ese país que
se hizo un picnic con películas de juicio. Acá en el sur, en cambio, la institución
nunca cuajó, tan es así que ayer se produjo un hito histórico en Córdoba con el primer
juicio por jurados en nuestro país. Casi un siglo y medio de desacato a un mandato
constitucional obedece a razones muy potentes, que pueden reducirse a dos o a una. La
primera es la feroz oposición de abogados, jueces y expertos en derecho. Los argumentos
son imaginables y, a su modo, lógicos: los jurados no son expertos en los temas que se
les someten a decisión, son vulnerables al verso de los abogados, a los chantajes
emocionales de las partes. Etcétera.