Por Eduardo Videla
Otra vez la muerte transitó entre andamios y hormigón armado: en un mismo día, dos
obreros de la construcción perdieron la vida en dos accidentes distintos, uno en Villa
Lugano y el otro en el Abasto. Según datos oficiales, un obrero del sector muere cada
tres días y medio en accidentes laborales. Pero si se toman en cuenta todas las
actividades, las víctimas fatales llegan a dos por día, lo que demuestra la fragilidad
de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. El titular de la Unión Obrera
de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, responsabilizó por la falta de controles
a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y pidió la renuncia de su titular,
Reinaldo Castro. También inició gestiones para que las tres centrales sindicales
participen de "una jornada nacional de protesta y duelo", en apoyo de una
reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (ver recuadro). El propio gerente general de la
SRT, Eduardo Toribio, admitió a Página/12 que esa ley "ha desestimulado la
prevención de accidentes". En otras palabras, la norma hizo que a las empresas les
resulte más barata que antes la muerte de sus operarios.
El primer accidente ocurrió a las 10, en una obra ubicada en Avenida
Eva Perón al 4700. Ramón Enrique Lazcano (27) trabajaba junto con otros cuatro
albañiles en la construcción de los pilares del edificio, en un gran foso, cuando las
paredes de tierra se desmoronaron y se le vinieron encima. Lazcano, padre de un bebé de
10 meses, murió asfixiado, mientras que sus cuatro compañeros pudieron ser rescatados
con vida.
La obra está a cargo de la empresa Niro Construcciones, que hace una
semana había sido denunciada por la Uocra ante la SRT por la falta de condiciones de
seguridad en esa misma construcción, reveló Gerardo Martínez a Página/12. La
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) contratada por la empresa es la firma Liberty.
Según la ley, la ART tiene la obligación de controlar la seguridad en los lugares de
trabajo de sus compañías afiliadas y la Superintendencia, a su vez, debe velar por que
este control se cumpla.
Al mediodía, el escenario de la tragedia se trasladó al Abasto, a una
de las tres torres que se levantan en Guardia Vieja y Agüero. El obrero Armando Flores
Milla (39), de nacionalidad peruana, cayó de un andamio desde el piso 16 cuando,
aparentemente, intentó cruzar hasta un balcón. Flores Milla fue trasladado al Hospital
Italiano, aún con vida, pero murió poco después de haber ingresado.
Todo indica que el operario no tenía el arnés de seguridad,
obligatorio para trabajar en altura. La empresa que construye los tres edificios de 28
pisos, conocidos como Torres del Abasto, es el consorcio Techint-Ineco. Después del
accidente la obra se paralizó y los trabajadores se concentraron, en una mezcla de duelo
y protesta por la muerte de su compañero. "Empresarios asesinos", rezaba un
pasacalles.
"Le reclamamos a la empresa y al delegado mayores condiciones de
seguridad, porque caen cascotes, hierros y tirantes y se han producido accidentes. Pero
ellos no se preocupan por eso", dijo a Página/12 Ramón (49), que trabaja en
la parte baja de la obra. "Nos apretan todo el tiempo, el jefe de la obra y el
arquitecto. Este viernes, cuando termine la quincena, van a despedir a los que se quejan y
reclaman seguridad. Es lo que vienen haciendo desde hace un tiempo", denunció. Hace
una semana, otro obrero murió en las obras de remodelación del Mercado de Abasto. El
operario trabajaba en negro para la empresa Metal Design. La ART responsable es Lua.
El titular de la Uocra reveló que, según los datos de la SRT, el año
pasado murieron 97 obreros del gremio en accidentes laborales, a razón de 8 por mes. Pero
si se toma en cuenta todos los sectores, en 1997 se registraron 730 muertes, a razón de
61 por mes o dos por día. El promedio subió el 25 por ciento en los tres primeros meses
de este año: hubo 226 muertes, 75 por mes.
Pese a esos datos, el gerente de la SRT, Eduardo Toribio, consideró que "estamos
mejor que hace dos años, cuando entró en vigencia la ley". El funcionario, sin
embargo, carece de datos para explicar esta mejora. Toribio admitió que los controles son
casi imposibles porque la Superintendencia cuenta apenas con 30 inspectores para todo el
país.
Prevención sin estímulo
"El principio de la
ley de Riesgos del Trabajo es que los trabajadores renuncien a indemnizaciones altas a
cambio de tener mayor seguridad en el trabajo. Estamos en deuda con el cumplimiento de
esta última parte, la prevención de accidentes", admitió ayer el gerente general
de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, Eduardo Toribio.
--Si los empresarios lograron reducir los costos laborales pero no
invirtieron en seguridad, ¿quiere decir que les sale más barata la muerte de sus
operarios? --preguntó Página/12.
--Es cierto que el régimen de la ley ha desestimulado la prevención.
Por eso, estamos estudiando incrementar las multas por incumplimiento, cuyo tope es de
30.000 pesos. Hoy por hoy, a las empresas les conviene pagar cuatro o cinco multas y no
gastar en prevención.
--¿La Superintendencia tiene recursos para hacer los controles?
--Con 30 inspectores para más de 400 mil empleadores, el control es
muy difícil. Apuntamos a concentrar los esfuerzos en las empresas de alta siniestralidad.
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"Ciudadanos de segunda"
El diputado nacional y
titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, anunció que el 8 de agosto próximo la Comisión
de Legislación Laboral tratará un proyecto para reformar la Ley de Riesgo del Trabajo,
que está en vigencia desde el 1º de julio de 1996. Martínez, que dice contar con el
respaldo de los legisladores de extracción gremial, cuestiona dos artículos de la
controvertida norma: el que establece un tope para las indemnizaciones por accidente
laboral, que fue llevado a 110.000 pesos, y el que les quita a los trabajadores (o a sus
deudos) el derecho de reclamar a las empresas por los daños y perjuicios sufridos en el
trabajo, en un juicio civil.
"Con esta ley, los trabajadores somos ciudadanos de segunda", se quejó
Martínez. Y puso un ejemplo: "Si en un accidente de tránsito muere el chofer de un
colectivo, su familia percibirá como máximo una indemnización de 110.000 pesos. Pero si
muere un pasajero, podrá hacer un juicio civil, sin un monto límite". Martínez
sugirió que las ART no controlan a las empresas afiliadas "para no perderlas como
clientes". El gremialista también reclamó el derecho de los trabajadores de
accionar penalmente contra las empresas "para que cuando haya dolo y negligencia, los
responsables vayan presos". El titular de la UOCRA dijo que cuenta con el apoyo del
MTA y las 62 Organizaciones para la jornada de "luto protesta", que aún no
tiene fecha.
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