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Operación masacre
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La Operación Albania, como la bautizó el servicio secreto de la dictadura, conocida también por el nombre menos exótico y más gráfico de "matanza de Corpus Christi", por la fecha en que ocurrió, es un caso emblemático de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la dictadura del general Augusto Pinochet. Entre el 15 y 16 de junio de 1987, un centenar de agentes de la agencia sucesora de la DINA, y que había detectado una célula del FPMR, acribilló a todos sus componentes, nueve hombres y tres mujeres. Unos perdieron la vida en la calle. Otros en sus casas. Pero el caso se presentó simulando un enfrentamiento inexistente. Todas las víctimas presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos. Varios recibieron disparos por la espalda o al descender de un autobús. En una de las viviendas fueron rematadas siete personas, dos de ellas en sus dormitorios. Por estas siete, el juez sometió a proceso a los cinco ex agentes que integraban el operativo de la CNI. El régimen militar presentó una versión oficial tan épica como poco verosímil: un heroico "enfrentamiento". Pero ningún agente resultó herido, no hubo resistencia y las víctimas fueron abatidas a corta distancia. A pesar de las múltiples evidencias incriminatorias, el caso permaneció atrancado en el limbo judicial. Sin responsables, la justicia militar lo sobreseyó. Todo apuntaba a que este asunto iba a terminar como el de otros muchos asesinados durante la dictadura: sin culpables. La tenacidad de los familiares de los muertos, que presentaron una apelación ante la Corte Suprema, es la que ha modificado el curso de los acontecimientos. El tribunal supremo determinó que hubo "homicidios" y designó, el 2 de abril, al juez Dolmetsch como investigador especial. En tres meses, este juez ha logrado lo que la justicia militar no consiguió en 11 años. Influyó en el cambio de procedimientos la nueva actitud del Poder Judicial -la Corte Suprema se renovó este año-, la actitud del magistrado, y el relevo de la cúpula del ejército con su nuevo comandante en jefe, el general Ricardo Izurieta. Se trata del primer caso de violación de derechos humanos en el que la justicia civil procesa a varios militares e investiga a cien ex agentes de la DINA. El ejército, junto con el resto de las fuerzas armadas, entregó al juez una lista con los nombres de 1500 ex agentes de la CNI, de los cuales el juez ha tomado declaración a cien. El abogado querellante Nelson Caucoto proclamó: "No hay ningún crimen cometido por la dictadura que no se pueda aclarar". La situación de los oficiales procesados es más comprometida que la de otros acusados de crímenes políticos. Ellos no están amparados por la ley de amnistía que se autodictó en 1978 el régimen militar, pues ésta sólo garantiza que quedarán en la impunidad los atropellos cometidos entre ese año y el golpe de Estado de Pinochet del 11 de setiembre de 1973.
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El juez de la corte marcial chilena, Hugo Dolmetsch,
anunció ayer en Santiago su decisión de procesar a cinco oficiales, cuatro del ejército
y uno de carabineros, tres de ellos comandantes, y todos ex agentes de la Central Nacional
de Informaciones (sucesora de la temida DINA), como autores del delito de "violencia
innecesaria" en la muerte de siete miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez
(FPMR) en 1987 durante la llamada Operación Albania. De los sometidos a proceso, tres ya
están detenidos en unidades militares y dos permanecen prófugos. Pero el juez ya dijo
que todavía falta lo mejor.