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 El ombudsman
porteño, Antonio Cartañá, presentó ayer una denuncia penal contra las autoridades del
gobierno comunal por su presunta responsabilidad en la muerte de un obrero de la
construcción, ocurrida el martes último en una de las Torres del Abasto. El defensor del
pueblo sostiene que es atribución del Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección
de Fiscalización de Obras y Catastro, el control de la seguridad en los edificios en
construcción. Y asegura que hace cuatro meses le advirtió a ese organismo sobre posibles
riesgos, precisamente, en la obra donde el albañil Armando Flores Milla cayó desde un
16º piso. También le reprocha al jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, no haber asumido
la competencia en materia de policía del trabajo, como lo establece el artículo 44 de la
Constitución de la Ciudad.El subsecretario general del Gobierno porteño, Ricardo Ostuni, respondió de inmediato que "la ciudad no tiene competencia en el control de la seguridad e higiene en el trabajo, que corresponde al Ministerio de Trabajo de la Nación. También afirmó que uno de los reclamos del Gobierno de la Ciudad a las autoridades nacionales es, precisamente, el control de la seguridad laboral. Mientras tanto, la obra en la torre donde ocurrió el accidente quedó paralizada a raíz del "día de duelo" dispuesto por los trabajadores por la muerte de su compañero. El caso es investigado por el juez de instrucción Julio Lucini, quien ayer le ordenó a la Policía Federal que avance en la recolección de datos para establecer la causa de la muerte del operario. Una decisión similar adoptó el juez Ricardo Warley, a cargo de la causa por el accidente que le costó la vida a Ramón Lazcano, quien murió sepultado por un desmoronamiento de tierra en la obra de Eva Perón al 4700, en Villa Lugano, el mismo martes. Cartaña presentó ayer una denuncia por "presunto homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra los responsables del área de fiscalización de obras. El ombudsman recordó que el 16 de marzo último envió a la Dirección de Contralor de Obras un pedido de verificación en las construcciones de Guardia Vieja y Gallo, donde tres meses después ocurrió el accidente. "No hubo ninguna respuesta a esa nota ni a otras dos que se hicieron posteriormente", se quejó Cartañá, en diálogo con Página/12. El pedido del ombudsman surgió a partir de un petitorio de los vecinos de esas torres, con cerca de cuarenta firmas, donde se denuncia "la falta de medidas de seguridad, la constante violación a las normas de tránsito por parte de las grúas y los ruidos molestos durante las 24 horas del día". La nota de los vecinos fue remitida, además, a De la Rúa, al ombudsman nacional Jorge Maiorano y a todos los bloques de la Legislatura. Cartaña rechazó los argumentos de los funcionarios del Ejecutivo porteño, al asegurar que la Dirección de Fiscalización de Obras "no sólo debe controlar el cumplimiento del código de edificación, sino la obra misma y sus condiciones de seguridad, para prevenir riesgos no sólo de los trabajadores sino de los vecinos y transeúntes". Pero además le recriminó a De la Rúa la "falta de iniciativa para asumir el poder de policía en materia laboral, como dispone la Constitución de la Ciudad". La Dirección cuestionada no contestó las acusaciones. El encargado de dar la cara fue Ostuni, pese a que la dependencia no está en su órbita. El funcionario argumentó que Fiscalización de Obras y Catastro "sólo se ocupa de verificar si se respeta la zonificación y el código de usos". "La responsabilidad en la construcción es del director de obra de la empresa, y el poder de policía lo tiene el Ministerio de Trabajo", concluyó.
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