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Por Norberto Bermúdez desde Madrid  En audiencia pública
celebrada ayer, el magistrado de la Sala II en lo Penal del Tribunal Supremo español,
Joaquín Delgado, finalmente dio lectura a la sentencia recaída en el caso por el
secuestro de Segundo Marey Samper, ocurrido en diciembre de 1983, a manos de los
denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Siete de los once jueces del
tribunal consideraron que los 12 acusados son culpables de secuestro, detención ilegal y
malversación de fondos públicos. Entre los votos en disidencia, se encuentra el del
magistrado de origen argentino Enrique Bacigalupo Zapater. Todos quieren apelar,
pero las apelaciones que presenten no interrumpirán la condena. Así que deberán esperar
en la cárcel a menos que se interponga un indulto.
De este modo concluye otro resonante caso instruido por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien no dudó en inculpar a la antigua cúpula del Ministerio del Interior del anterior gobierno encabezado por el socialista Felipe González. El ex ministro José Barrionuevo Peña, junto a los dos ex secretarios de Seguridad, Rafael Vera-Fernández Huidobro y Julián Sancristóbal Iguarán, fueron hallados culpables de los delitos de secuestro y malversación de fondos públicos y han sido condenados a 10 años de cárcel y 12 años de inhabilitación absoluta. La condena es sensiblemente menor a la solicitada por el fiscal José María Luzón, quien pidió 23 años de cárcel para cada uno de los tres altos cargos socialistas. Barrionuevo, convertido en el primer ex ministro de la democracia española que va a la cárcel, deberá abandonar de inmediato su banca de diputado por Madrid. La plana mayor de las fuerzas antiterroristas de la Policía en el País Vasco, comisarios Francisco Alvarez Sánchez y Miguel Planchuelo Herresanz, pasarán los próximos 9 años y medio a la sombra, por secuestro y malversación. El inspector José Amedo Fouce, quien ya fuera condenado a 103 años de prisión por el caso matriz de los GAL, ha recibido idéntica pena que Alvarez y Planchuelo. El ex gobernador civil de Viscaya y dirigente socialista, Ricardo García Damborenea, fue condenado a 7 años de cárcel y 11 de inhabilitación especial, por un delito de secuestro. Los cuatro policías que vigilaron a Marey durante los diez días en los que permaneció secuestrado en un chiquero de Santander recibieron idénticas penas por detención ilegal: Julio Hierro Moset y Francisco Saiz Oceja 5 años y medio de prisión e inhabilitación especial durante 9 años, Luis Hens Serena y Juan Ramón Corujo Rodríguez, 5 años. Finalmente, el inspector Michel Domínguez ha sido considerado cómplice del secuestro de Segundo Marey y fue condenado a 2 años, 4 meses y un día de prisión menor, por lo que no ingresaría en la cárcel. Todos los convictos deberán indemnizar a la víctima con 200.000 dólares y tendrán que devolver al Estado 70 mil dólares, suma que sustrajeron de los fondos reservados para financiar el secuestro de Segundo Marey. El fallo es recurrible ante el Tribunal Constitucional, pero las previsibles apelaciones que presentarán los abogados de los condenados no interrumpirán la ejecución de la sentencia, que tendrá lugar a partir de setiembre próximo, momento en el que todos, menos el citado Domínguez, deberán ingresar en la cárcel, para cumplir las condenas dictadas.
Y el Ejército no se salvó
Según una fuente judicial, el mismo día del hecho se realizaron llamadas telefónicas desde la Curia al Estado Mayor Presidencial (EMP), una unidad del ejército encargada de la seguridad del presidente Alvaro Arzú. Esta versión coincide con una denuncia hecha hace dos semanas por la Iglesia, donde se involucraba en la conjura del asesinato a un oficial militar del EMP y a otro militar de alto rango ya dado de baja. Sin embargo, hasta ahora el hilo de la investigación parecía ir en otro sentido. El miércoles pasado el juez ordenó la detención del sacerdote Mario Orantes, cercano colaborador de Gerardi, y de Margarita López, cocinera de la Curia, y la confiscación del perro de la casa.
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los que fue castigada la cúpula socialista
del ex Ministerio del Interior, no han prescripto. Una querella presentada en abril de
1988 por los abogados de la acusación popular, José Luis Galán y Teodoro Motá,
interrumpió para siempre el plazo de 15 años fijado por la ley para el encausamiento por
los delitos. Para que haya todavía más coincidencias, el letrado Galán también es uno
de los acusadores populares en la causa por los desaparecidos españoles en Argentina, que
también investiga el juez Garzón. Y para los GAL la Argentina de la dictadura no fue un
modelo lejano.