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El País de Madrid Por Anabel Diez y Javier Casqueiro desde Madrid "Todo este proceso ha sido impulsado en el contexto de una operación política dirigida a desplazar (para siempre) al PSOE del poder", señaló ayer el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Joaquín Almunia, respecto a la sentencia contra la cúpula de Interior del primer gobierno socialista por el secuestro de Segundo Marey, en la `guerra sucia' de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) contra ETA. Almunia afirmó que su partido acata la sentencia pero discrepa con su contenido. Calificó la instrucción del sumario de "irregular" y afirmó que se ha tratado de criminalizar a un gobierno democrático "por primera vez desde la transición política". Los principales dirigentes del PSOE se habían aferrado anteayer a la opinión sostenida por cuatro magistrados del Tribunal Supremo para reafirmar su convicción de que el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex director de Seguridad del Estado, Rafael Vera, no han cometido delito alguno (ver recuadro). La importancia del asunto obligó a Felipe González a interrumpir sus vacaciones en Tánger y regresar a Madrid para reunirse con dirigentes socialistas. La dirección del oficialista Partido Popular (PP) realizó un solo pronunciamiento oficial, a través de una breve declaración institucional de su coordinador general, Angel Acebes, para ratificar su "acatamiento y respeto" a la sentencia del caso Marey y eludir "la estrategia de confrontación" con el PSOE. Algunos miembros del PP ofrecieron, sin embargo, sus opiniones personales. Entre ellos, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Jaime Ignacio del Burgo, dijo que "el PSOE debe asumir con respeto la decisión del tribunal y no tratar de buscar culpables en las filas del PP, que no tiene nada que ver con la actuación de la Justicia". Para el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la sentencia sobre el caso Marey pone de manifiesto que en España no hay dos códigos penales ni dos varas de medir distintas, sino que la justicia es igual para todos, de manera que no puede tratarse "a ETA por un lado y por otro a todos los demás". Esta fue ayer una de las conclusiones que expresó el portavoz de los nacionalistas vascos en la Cámara de Diputados, Iñaki Anasagasti, flanqueado por sus compañeros de partido y también parlamentarios Xose Joan González de Txabarri y Jon Zabalia. En esta ocasión, los peneuvistas se mostraron muy moderados y lanzaron al PSOE varios mensajes para que no se radicalicen. "Esta no es una sentencia contra el PSOE, sino el castigo por un hecho concreto", dijo Anasagasti, que mostró su extrañeza por algunas de las manifestaciones de Almunia, que a él le resultan "antidemocráticas" en cuanto que vienen, según él, a poner en duda la independencia del propio Tribunal Supremo. Los peneuvistas extremaron el cuidado de sus mensajes cuando se refirieron a la situación personal de José Barrionuevo y Rafael Vera: "No es una buena noticia que unas personas tengan que ingresar en prisión; no nos alegramos". Los dirigentes del PNV no tienen en principio nada que objetar a la solicitud de indulto que algunos de los condenados pudieran plantear. Pero no todo fueron complacencias. El PNV respeta la decisión del Supremo de no considerar que los participantes en el secuestro de Segundo Marey formaran una banda armada. Pero, en definitiva, para Anasagasti sí que existía un entramado. Por encima de esta sentencia, el PNV llama la atención sobre el hecho de que "el problema vasco es lo que está en el telón de fondo, pero nunca se ha abordado bien y siguen los errores". De esta manera, Anasagasti insistía en la tesis de que, al margen de la acción policial, hay que intentar el diálogo con los violentos para que acepten los cauces democráticos.
LOS RUSOS QUIEREN DEVALUAR Después de que el FMI les concediera un préstamo record de 22.600 millones de dólares, el vicepresidente del Banco Central ruso, Serguei Alexsashenko, reconoció ayer la posibilidad de devaluar el sobrevalorado rublo. Y el presidente ruso, Boris Yeltsin, regresó intempestivamente a Moscú e interrumpió ayer sus vacaciones en Carelia, en el norte del país. La agencia Fitch IBCA estimó que el riesgo creció en Rusia por los bajos niveles de recaudación fiscal y la violencia del conflicto político por el duro presupuesto de 1999. Las calificaciones de la agencia Fitch son una medida de la solvencia del país, y un recorte como el ocurrido (de la poco halagadora categoría BB a la BB menos) hace más costoso que el gobierno obtenga préstamos en los mercados de capitales. En un tono optimista que contrasta con la calificación, el ministro de Finanzas de Rusia, Mijail Zadornov, anunció que la recaudación de impuestos comenzó a mejorar. Esto es bueno para los acreedores de Moscú, pero genera el riesgo de que el descontento social aumente aún más. Según explicó Yeltsin, en la capital rusa le esperan "asuntos de gran urgencia". "Estamos en la transición del período político de verano al de otoño, y este camino debemos recorrerlo con seguridad, sin retroceder", declaró en Carelia. Una vez en Moscú, Yeltsin se dirigió inmediatamente a su residencia de Gorki-9, al oeste de la capital rusa. La interrupción de las vacaciones de Yeltsin hubiera sido acogida con completa normalidad de no ser por las propias declaraciones que hizo el presidente, sumadas a los signos de que el optimismo económico no tiene demasiados motivos para existir.
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