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UN MILITAR QUE PARTICIPO EN EL ENVIO DE ARMAS A CROACIA CUENTA LA MANIOBRA A PAGINA/12

Ordenes de Defensa y el Ejército

Ocho camiones salieron, en diciembre de 1994, de una base militar en Tucumán. Llevaban cargamento de municiones y explosivos e iban a Croacia. Las órdenes emanaron del Ministerio de Defensa y fueron corroboradas por la Jefatura del Ejército. Página/12 revela lo que hasta hoy fue secreto.

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Las órdenes salieron del Ministerio de Defensa

Por Felipe Yapur
Desde Tucumán

t.gif (67 bytes)  En diciembre de 1994, ocho camiones con semirremolque salieron de la ex Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, hoy Base de Apoyo Logístico Tucumán, con toneladas de municiones y explosivos que tuvieron como destino final la guerra de la ex Yugoslavia. Hasta el momento nadie sabía desde dónde habían partido los proyectiles. Esta historia la devela para Página/12 un oficial que fue testigo privilegiado de lo sucedido y que, por el momento, prefiere mantener su identidad en secreto. Los camiones -–todos de distinta marca, color y sin identificaciones-– arribaron al arsenal el lunes 12 de diciembre. Al mando del convoy venía un empleado civil de la Dirección de Arsenales y éste traía una carpeta que contenía una orden del Ministerio de Defensa para retirar munición nacional e importada de la institución tucumana. El convoy era civil y a pesar del material que transportaba no tuvo jamás custodia militar. El entonces jefe del destacamento militar -–el teniente coronel Domingo Antonio Gordillo-– se sorprendió por la orden escrita que le entregaban, entonces decidió confirmarla por fax al Edificio Libertador. Un coronel le dijo desde Buenos Aires que no se preocupara, que era tal como lo estaba leyendo.

El material solicitado configuraba un listado mortal. Los contenedores fueron cargados conna03fo02.jpg (6683 bytes) municiones de calibre 155 mm, que se usan en los cañones Schneider y Otto Melara; de 105 mm, que utilizan los obuses de infantería y los cañones sin retroceso Sikalsky. También había proyectiles de 12,7 mm para ametralladoras Browning; de 20 mm para cañones Oerlicon; de 90 mm para tanques, y granadas de mano M 5 y FMK 2, y las PAFG 2, que dispara el fusil FAL.

Allí no terminaba todo, faltaban los explosivos. El listado exigía y se remitió trotyl y gelamón, entre otros elementos para garantizar una muerte segura. También enviaron un proyectil antitanque que penetra con facilidad en un blindado y quema a sus tripulantes con una temperatura de 30.000 grados. Y como si ello fuera poco, después estalla, y pudo hacerlo tanto en un vehículo militar como en barrios de civiles de esa castigada región de los Balcanes.

La operación se realizó con el mayor disimulo y demoró cerca de diez días. Como primera medida se ordenó a los conductores que dejaran los contenedores y se marcharan con sus camiones a San Miguel de Tucumán. Recién después de ese momento, el teniente coronel Gordillo dio la orden de cargar los ocho equipos al entonces jefe de la Compañía Arsenales, el capitán Luis Ledesma. De allí las instrucciones se dieron al teniente primero Julio César Barrionuevo y a los sargentos Dionisio Figueroa y Pedro Guaymás. Controló toda la operación el segundo jefe del batallón, el mayor Jorge Vernavitti.

Era una operación ultrasecreta. Los militares del arsenal tenían instrucciones precisas de no develar lo que estaban realizando a nadie y todos los que participaron, salvo Ledesma, Barrionuevo, Figueroa y Guaymás, cobrarían un dinero extra por el trabajo. Para ello se convocó a conscriptos y otros suboficiales que se ofrecieron como una forma de conseguir unos dineros y mejorar el presupuesto familiar.

Pero ésa no fue la única precaución. Gordillo dio una orden que sorprendió a los responsables de la operación: "Las municiones importadas se cargan primero, en el fondo de los contenedores, de modo que las de origen nacional las tapen en caso de ser abiertos", confió el oficial.

Mientras se realizaba la carga de los contenedores, el empleado civil de la Dirección de Arsenales supervisaba con celo la operación, y recibía permanentes instrucciones telefónicas desde el porteño Edificio Libertador, sede del Comando en Jefe del Ejército. El empleado jamás abandonó el batallón y dormía en el casino de suboficiales para evitar que se le escapara algún detalle.

Recién en el miércoles 14 llegaron los ocho camiones, pero las revisiones y los detalles burocráticos ocuparon todo el día, de modo que el primer transporte salió al otro día, y sus siete acompañantes ocuparon toda una semana para partir.

Un dato para tener en cuenta: cada trailer tenía selladas sus puertas con una cinta plástica que rezaba "Ministerio de Defensa". "El empleado de la Dirección de Arsenales explicó que era un salvoconducto para que ninguna policía caminera, de aquí a Buenos Aires, los detuviera", recordó el militar que confió los pormenores de la operación a este diario.

La operación de transporte fue controlada en todo momento y en todo lugar por miembros de la Dirección de Arsenales y la descarga de las municiones en la ex Yugoslavia fue encargada a un suboficial que todavía se encuentra prestando servicio en Tucumán.

La fuente militar consultada por Página/12 aseguró que el traslado de las armas se concretó sin ningún problema, pero quedaba un detalle que los organizadores del operativo no podían descuidar: los hombres que organizaron la carga de las municiones significaban un riesgo muy grande y no se podían dar el lujo de que todo se arruinara.

El mayor Vernavitti fue dado de baja luego de que, según dijo oficial a este redactor, cayera en una celada organizada por el mismo Gordillo. Poco tiempo más tarde fue el turno del capitán Ledesma: "A ése le armaron una causa penal, lo sobreseyeron, pero lo mismo lo pasaron a retiro", dijo. Pero el que tuvo un final cruento fue el sargento Dionisio Figueroa: "Por orden del teniente coronel Roberto Matas, el oficial que reemplazó a Gordillo, el suboficial pasó cinco meses sin descanso haciendo detonar municiones de descarte. El stress de trabajar con explosivos lo hizo cometer un error y murió. Con Figueroa terminó el traslado de municiones a la ex Yugoslavia".



LAS PRIMERAS VENTAS ILEGALES FUERON EN 1991

Un rompecabezas de casi ocho años


t.gif (862 bytes) Desde la primera denuncia por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia en marzo de 1995, los jueces reconstruyeron un verdadero rompecabezas en el que figuran importantes funcionarios del gobierno menemista, militares retirados y en actividad, ex represores y conocidos contrabandistas internacionales. El juez cordobés Edgardo Fillippi demostró que entre el 20 y 22 de diciembre del` 94 se realizó un operativo que incluyó unidades militares desde Jujuy hasta Santa Cruz, y que se denominaba Ejército Argentino, parte de la cual revela hoy este diario (ver nota central). Esta es la cronología de una saga que está lejos de terminar.

* En el año 1991 se firman los decretos presidenciales 1697 y 2283 que autorizan la venta de armas a Panamá --país que no tenía fuerzas armadas desde 1989-- y que son intermediados por Debrol S. A.

* En el `92 se firma el decreto 1633 que autoriza la venta de 4500 pistolas y 3000 fusiles FAL a Bolivia. La venta no llega a realizarse.

* El 8 de junio de 1993 el buque yugoslavo "Senj" carga en Buenos Aires armamento con destino a Panamá. La empresa intermediaria es Debrol S. A.

* El 28 de junio se realizó otro embarque en el buque yugoslavo "KRK".

* El 14 de agosto de 1993 parte hacia Croacia el buque yugoslavo "Opatija" con 112 contenedores, que oficialmente deberían haber salido hacia Panamá.

* El 27 de noviembre de 1993 el buque yugoslavo "Grobnik" embarca armamento vendido por Debrol y cuyo destino final figuraba como Panamá.

* El 12 de marzo de 1994 se embarcan 112 contenedores de material bélico en el buque "Ledenice", supuestamente hacia Panamá.

* El juez cordobés Edgardo Filippi comprobó que entre el 20 y el 22 de diciembre de 1994, desde las principales unidades de artillería del Ejército, enviaron armamento, pólvora y municiones hacia la compañía de municiones 601 de los Polvorines, desde donde se tramitaron los despachos aduaneros para embarcar el material. Según la documentación judicial, el operativo respondía al nombre de Ejército Argentino.

* Entre el 18 y el 22 de febrero de 1995, tres vuelos de la firma Fine Air transportaron 5000 fusiles Fal y 75 toneladas de munición con destino a Ecuador.

* En marzo del `95, el barco "Rijakka Express" parte de Buenos Aires con cañones CITER y Otto Melara.

* En marzo del '95 el abogado Ricardo Monner Sans denuncia la maniobra.

* El 3 de noviembre de 1995 estalla el polvorín de la Fábrica Militar de Río Tercero.

 


Los comisarios dejaron sin comida a los presos

Un grupo de comisarios de la regional San Martín son investigados porque se quedaban con el dinero que debían utilizar para comprar la comida de los presos. Son 32 oficiales y hay un arrepentido.

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Treinta y dos comisarios son investigados por quedarse con la plata para la comida de los presos.

Por Raul Kollmann

t.gif (862 bytes) Treinta y dos comisarios de la regional San Martín son investigados porque se quedaban con el dinero destinado a la comida de los presos alojados en sus comisarías. Uno de los oficiales, Luis Almada, rompió el pacto de silencio y confesó que del total del dinero un 20 por ciento se lo quedaba la jefatura de la Bonaerense, en La Plata; un 40 por ciento iba para los jefes de la Regional y otro 40 por ciento para los oficiales a cargo de las comisarías. Los presos no recibían comida, por lo que tenían que pagársela ellos mismos o sus familiares. La confesión desató una guerra de acusaciones: los jefes de La Plata acusan a los de la Regional, los de la Regional mostraron recibos truchos firmados por los responsables de las comisarías y éstos obviamente acusan a sus superiores. En total desaparecieron más de dos millones de pesos, aunque insólitamente la investigación se hace sólo en San Martín y no en las demás unidades regionales donde -–según los testimonios-— también se robaban el dinero de la comida de los presos.

La trama de esta megacausa que se desarrolla en San Martín fue revelada anoche por el noticiero "24 Horas" de Canal 9. La maniobra era muy sencilla: en el presupuesto de la Policía Bonaerense hay una partida denominada Pres de Racionamiento en el que se adjudican fondos para la comida de los miles de presos que están alojados en las comisarías de toda la provincia. Por ejemplo, había 28.000 pesos mensuales destinados a los detenidos de San Martín y, teniendo en cuenta que los oficiales policiales se robaban el dinero desde hacía mucho tiempo -–la Justicia investiga unos 20 meses--, sólo en San Martín el monto de la defraudación llega casi a 600.000 pesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la Bonaerense hay 19 regionales, algunas mucho más grandes que San Martín.

Para encubrir el robo, se falsificaban facturas y recibos de comercios inexistentes que supuestamente les vendían comida a las comisarías, que a su vez debían darles la comida a los presos. También eran falsos los recibos y las firmas que acreditaban la recepción del dinero por parte de las comisarías, por cuanto a esas dependencias llegaba sólo el 40 por ciento del total, el resto -–como confesó Almada-— se lo quedaban los jefes. El juez Fernández Ganon allanó hace casi un año la Unidad Regional San Martín secuestrando una montaña de sellos, boletas y recibos falsos con los que se hacían los comprobantes para justificar el robo. El principal detenido fue Almada, oficial contable de la Unidad Regional, pero también resultaron procesados casi de inmediato el ex comisario José Ojeda, cuñado del detenido Juan José Ribelli, involucrado en el caso AMIA; el comisario Víctor Campos, jefe de la Unidad Regional y el comisario Mario Lezcano, a cargo de una de las 29 comisarías de la zona. Los jefes de las otras 28 comisarías también están imputados, pero se están haciendo pericias caligráficas para determinar su responsabilidad. Los detenidos Almada y Campos recuperaron la libertad tras depositar una fianza de 150.000 pesos.

Según el fiscal Roberto De Estrada, entre las maniobras más curiosas que se realizaban con los Pres de Racionamiento está la invención de presos, es decir, se hacían figurar en planillas oficiales a detenidos inexistentes con el objetivo de aumentar el presupuesto de comida y por consiguiente el dinero que se llevaban a sus bolsillos los oficiales.

A un año de iniciada la investigación, es llamativa la lentitud con la que se mueve la causa. Todos los cañones apuntan al ex jefe de la Bonaerense, Pedro Klodczyk, que era responsable de la administración de los fondos. Uno de sus hombres de confianza, José Ojeda, está en el centro de la escena y es concretamente el acusado de enviar el dinero con el 20 por ciento de quita que se quedaban en La Plata. A pesar de ello, Klodczyk nunca fue citado y según el propio juez la pesquisa "va a durar entre dos y tres años más porque hay que hacer gran cantidad de pericias". O sea que los 32 comisarios y sus pares de las demás regionales, por ahora, duermen tranquilos.


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