Por Felipe Yapur
Desde Tucumán
En diciembre de 1994, ocho camiones con semirremolque salieron de la ex Compañía de
Arsenales Miguel de Azcuénaga, hoy Base de Apoyo Logístico Tucumán, con toneladas de
municiones y explosivos que tuvieron como destino final la guerra de la ex Yugoslavia.
Hasta el momento nadie sabía desde dónde habían partido los proyectiles. Esta historia
la devela para Página/12 un oficial que fue testigo privilegiado de lo sucedido y
que, por el momento, prefiere mantener su identidad en secreto. Los camiones -todos
de distinta marca, color y sin identificaciones- arribaron al arsenal el lunes 12 de
diciembre. Al mando del convoy venía un empleado civil de la Dirección de Arsenales y
éste traía una carpeta que contenía una orden del Ministerio de Defensa para retirar
munición nacional e importada de la institución tucumana. El convoy era civil y a pesar
del material que transportaba no tuvo jamás custodia militar. El entonces jefe del
destacamento militar -el teniente coronel Domingo Antonio Gordillo- se
sorprendió por la orden escrita que le entregaban, entonces decidió confirmarla por fax
al Edificio Libertador. Un coronel le dijo desde Buenos Aires que no se preocupara, que
era tal como lo estaba leyendo.
El material solicitado configuraba un listado mortal. Los contenedores
fueron cargados con municiones de calibre 155 mm, que se usan
en los cañones Schneider y Otto Melara; de 105 mm, que utilizan los obuses de infantería
y los cañones sin retroceso Sikalsky. También había proyectiles de 12,7 mm para
ametralladoras Browning; de 20 mm para cañones Oerlicon; de 90 mm para tanques, y
granadas de mano M 5 y FMK 2, y las PAFG 2, que dispara el fusil FAL.
Allí no terminaba todo, faltaban los explosivos. El listado exigía y
se remitió trotyl y gelamón, entre otros elementos para garantizar una muerte segura.
También enviaron un proyectil antitanque que penetra con facilidad en un blindado y quema
a sus tripulantes con una temperatura de 30.000 grados. Y como si ello fuera poco,
después estalla, y pudo hacerlo tanto en un vehículo militar como en barrios de civiles
de esa castigada región de los Balcanes.
La operación se realizó con el mayor disimulo y demoró cerca de diez
días. Como primera medida se ordenó a los conductores que dejaran los contenedores y se
marcharan con sus camiones a San Miguel de Tucumán. Recién después de ese momento, el
teniente coronel Gordillo dio la orden de cargar los ocho equipos al entonces jefe de la
Compañía Arsenales, el capitán Luis Ledesma. De allí las instrucciones se dieron al
teniente primero Julio César Barrionuevo y a los sargentos Dionisio Figueroa y Pedro
Guaymás. Controló toda la operación el segundo jefe del batallón, el mayor Jorge
Vernavitti.
Era una operación ultrasecreta. Los militares del arsenal tenían
instrucciones precisas de no develar lo que estaban realizando a nadie y todos los que
participaron, salvo Ledesma, Barrionuevo, Figueroa y Guaymás, cobrarían un dinero extra
por el trabajo. Para ello se convocó a conscriptos y otros suboficiales que se ofrecieron
como una forma de conseguir unos dineros y mejorar el presupuesto familiar.
Pero ésa no fue la única precaución. Gordillo dio una orden que
sorprendió a los responsables de la operación: "Las municiones importadas se cargan
primero, en el fondo de los contenedores, de modo que las de origen nacional las tapen en
caso de ser abiertos", confió el oficial.
Mientras se realizaba la carga de los contenedores, el empleado civil
de la Dirección de Arsenales supervisaba con celo la operación, y recibía permanentes
instrucciones telefónicas desde el porteño Edificio Libertador, sede del Comando en Jefe
del Ejército. El empleado jamás abandonó el batallón y dormía en el casino de
suboficiales para evitar que se le escapara algún detalle.
Recién en el miércoles 14 llegaron los ocho camiones, pero las
revisiones y los detalles burocráticos ocuparon todo el día, de modo que el primer
transporte salió al otro día, y sus siete acompañantes ocuparon toda una semana para
partir.
Un dato para tener en cuenta: cada trailer tenía selladas sus puertas
con una cinta plástica que rezaba "Ministerio de Defensa". "El empleado de
la Dirección de Arsenales explicó que era un salvoconducto para que ninguna policía
caminera, de aquí a Buenos Aires, los detuviera", recordó el militar que confió
los pormenores de la operación a este diario.
La operación de transporte fue controlada en todo momento y en todo
lugar por miembros de la Dirección de Arsenales y la descarga de las municiones en la ex
Yugoslavia fue encargada a un suboficial que todavía se encuentra prestando servicio en
Tucumán.
La fuente militar consultada por Página/12 aseguró que el
traslado de las armas se concretó sin ningún problema, pero quedaba un detalle que los
organizadores del operativo no podían descuidar: los hombres que organizaron la carga de
las municiones significaban un riesgo muy grande y no se podían dar el lujo de que todo
se arruinara.
El mayor Vernavitti fue dado de baja luego de que, según dijo oficial
a este redactor, cayera en una celada organizada por el mismo Gordillo. Poco tiempo más
tarde fue el turno del capitán Ledesma: "A ése le armaron una causa penal, lo
sobreseyeron, pero lo mismo lo pasaron a retiro", dijo. Pero el que tuvo un final
cruento fue el sargento Dionisio Figueroa: "Por orden del teniente coronel Roberto
Matas, el oficial que reemplazó a Gordillo, el suboficial pasó cinco meses sin descanso
haciendo detonar municiones de descarte. El stress de trabajar con explosivos lo hizo
cometer un error y murió. Con Figueroa terminó el traslado de municiones a la ex
Yugoslavia".
LAS PRIMERAS VENTAS ILEGALES FUERON EN 1991
Un rompecabezas de casi ocho años
Desde la primera
denuncia por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia en marzo de 1995, los jueces
reconstruyeron un verdadero rompecabezas en el que figuran importantes funcionarios del
gobierno menemista, militares retirados y en actividad, ex represores y conocidos
contrabandistas internacionales. El juez cordobés Edgardo Fillippi demostró que entre el
20 y 22 de diciembre del` 94 se realizó un operativo que incluyó unidades militares
desde Jujuy hasta Santa Cruz, y que se denominaba Ejército Argentino, parte de la cual
revela hoy este diario (ver nota central). Esta es la cronología de una saga que está
lejos de terminar.
* En el año 1991 se firman los decretos presidenciales 1697 y
2283 que autorizan la venta de armas a Panamá --país que no tenía fuerzas armadas desde
1989-- y que son intermediados por Debrol S. A.
* En el `92 se firma el decreto 1633 que autoriza la venta de 4500
pistolas y 3000 fusiles FAL a Bolivia. La venta no llega a realizarse.
* El 8 de junio de 1993 el buque yugoslavo "Senj" carga en
Buenos Aires armamento con destino a Panamá. La empresa intermediaria es Debrol S. A.
* El 28 de junio se realizó otro embarque en el buque yugoslavo
"KRK".
* El 14 de agosto de 1993 parte hacia Croacia el buque yugoslavo
"Opatija" con 112 contenedores, que oficialmente deberían haber salido hacia
Panamá.
* El 27 de noviembre de 1993 el buque yugoslavo "Grobnik"
embarca armamento vendido por Debrol y cuyo destino final figuraba como Panamá.
* El 12 de marzo de 1994 se embarcan 112 contenedores de material
bélico en el buque "Ledenice", supuestamente hacia Panamá.
* El juez cordobés Edgardo Filippi comprobó que entre el 20 y el 22
de diciembre de 1994, desde las principales unidades de artillería del Ejército,
enviaron armamento, pólvora y municiones hacia la compañía de municiones 601 de los
Polvorines, desde donde se tramitaron los despachos aduaneros para embarcar el material.
Según la documentación judicial, el operativo respondía al nombre de Ejército
Argentino.
* Entre el 18 y el 22 de febrero de 1995, tres vuelos de la firma Fine
Air transportaron 5000 fusiles Fal y 75 toneladas de munición con destino a Ecuador.
* En marzo del `95, el barco "Rijakka Express" parte de
Buenos Aires con cañones CITER y Otto Melara.
* En marzo del '95 el abogado Ricardo Monner Sans denuncia la maniobra.
* El 3 de noviembre de 1995 estalla el polvorín de la Fábrica Militar
de Río Tercero. |
Los comisarios dejaron
sin comida a los presos
Un grupo de comisarios de la regional
San Martín son investigados porque se quedaban con el dinero que debían utilizar para
comprar la comida de los presos. Son 32 oficiales y hay un arrepentido. |
Treinta y dos comisarios son investigados por
quedarse con la plata para la comida de los presos. |
Por Raul Kollmann
Treinta
y dos comisarios de la regional San Martín son investigados porque se quedaban con el
dinero destinado a la comida de los presos alojados en sus comisarías. Uno de los
oficiales, Luis Almada, rompió el pacto de silencio y confesó que del total del dinero
un 20 por ciento se lo quedaba la jefatura de la Bonaerense, en La Plata; un 40 por ciento
iba para los jefes de la Regional y otro 40 por ciento para los oficiales a cargo de las
comisarías. Los presos no recibían comida, por lo que tenían que pagársela ellos
mismos o sus familiares. La confesión desató una guerra de acusaciones: los jefes de La
Plata acusan a los de la Regional, los de la Regional mostraron recibos truchos firmados
por los responsables de las comisarías y éstos obviamente acusan a sus superiores. En
total desaparecieron más de dos millones de pesos, aunque insólitamente la
investigación se hace sólo en San Martín y no en las demás unidades regionales donde
-según los testimonios- también se robaban el dinero de la comida de los
presos.
La trama de esta megacausa que se desarrolla en San Martín fue
revelada anoche por el noticiero "24 Horas" de Canal 9. La maniobra era muy
sencilla: en el presupuesto de la Policía Bonaerense hay una partida denominada Pres
de Racionamiento en el que se adjudican fondos para la comida de los miles de presos
que están alojados en las comisarías de toda la provincia. Por ejemplo, había 28.000
pesos mensuales destinados a los detenidos de San Martín y, teniendo en cuenta que los
oficiales policiales se robaban el dinero desde hacía mucho tiempo -la Justicia
investiga unos 20 meses--, sólo en San Martín el monto de la defraudación llega casi a
600.000 pesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la Bonaerense hay 19
regionales, algunas mucho más grandes que San Martín.
Para encubrir el robo, se falsificaban facturas y recibos de comercios
inexistentes que supuestamente les vendían comida a las comisarías, que a su vez debían
darles la comida a los presos. También eran falsos los recibos y las firmas que
acreditaban la recepción del dinero por parte de las comisarías, por cuanto a esas
dependencias llegaba sólo el 40 por ciento del total, el resto -como confesó
Almada- se lo quedaban los jefes. El juez Fernández Ganon allanó hace casi un año
la Unidad Regional San Martín secuestrando una montaña de sellos, boletas y recibos
falsos con los que se hacían los comprobantes para justificar el robo. El principal
detenido fue Almada, oficial contable de la Unidad Regional, pero también resultaron
procesados casi de inmediato el ex comisario José Ojeda, cuñado del detenido Juan José
Ribelli, involucrado en el caso AMIA; el comisario Víctor Campos, jefe de la Unidad
Regional y el comisario Mario Lezcano, a cargo de una de las 29 comisarías de la zona.
Los jefes de las otras 28 comisarías también están imputados, pero se están haciendo
pericias caligráficas para determinar su responsabilidad. Los detenidos Almada y Campos
recuperaron la libertad tras depositar una fianza de 150.000 pesos.
Según el fiscal Roberto De Estrada, entre las maniobras más curiosas
que se realizaban con los Pres de Racionamiento está la invención de presos, es decir,
se hacían figurar en planillas oficiales a detenidos inexistentes con el objetivo de
aumentar el presupuesto de comida y por consiguiente el dinero que se llevaban a sus
bolsillos los oficiales.
A un año de iniciada la investigación, es llamativa la lentitud con la que se mueve
la causa. Todos los cañones apuntan al ex jefe de la Bonaerense, Pedro Klodczyk, que era
responsable de la administración de los fondos. Uno de sus hombres de confianza, José
Ojeda, está en el centro de la escena y es concretamente el acusado de enviar el dinero
con el 20 por ciento de quita que se quedaban en La Plata. A pesar de ello, Klodczyk nunca
fue citado y según el propio juez la pesquisa "va a durar entre dos y tres años
más porque hay que hacer gran cantidad de pericias". O sea que los 32 comisarios y
sus pares de las demás regionales, por ahora, duermen tranquilos. |
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