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La guerra de los fueros
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| Por Horacio Verbitsky
Odio que fue amor El encono hacia Cavallo tiene al menos tres componentes. El primero, puramente personal, son los ostensibles celos presidenciales contra su ex ministro. El segundo es más racional y tiene que ver con los temores de Menem sobre su futuro. En muchos casos de corrupción las responsabilidades llegan hasta muy arriba y no es accesorio dónde se detienen. Sólo si se estableciera que el más alto escalón de la cadena fue Cavallo, Menem quedaría a salvo. El tercer componente es puramente político. Procesarlo es un modo de impedir que sea candidato a presidente. ¿Qué significaría en términos electorales la candidatura de Cavallo, que el ex ministro lanzó esta semana con una pegatina de carteles? En la segunda quincena de julio el gobernador de Buenos Aires Eduardo Duhalde apostó sus encuestadores en cabeceras ferroviarias a las que llegan pasajeros desde el conurbano y determinó el universo que le interesaba sondear. Uno de cada tres encuestados estaba sin trabajo, casi la mitad tenía ingresos mensuales inferiores a 500 pesos. Es decir, pertenecían al sector más golpeado por la política económica. El 27 por ciento prefería a Duhalde para presidente, el 24_ por ciento a Graciela Fernández Meijide, el 13 por ciento a Ramón Ortega, el 12 por ciento a Fernando De la Rúa y el 5 por ciento a Cavallo. Por otros candidatos votaría el 6 por ciento, _en blanco el 8 por ciento y apenas el 5__ por ciento se declaró indeciso. Si la pregunta no se refería a candidatos sino a fórmulas presidenciales, tan posibles como improbables, DuhaldePalito obtendrían en ese sector el 39 por ciento, apenas un punto más que GracielaDe la Rúa, contra 7_ por ciento para CavalloGustavo Beliz, con 4 por ciento para otros candidatos, 8 por ciento en blanco y 3 por ciento de indecisos. Estas cifras en el sector social que siempre prefirió las candidaturas del PJ, hacen prever resultados muy desfavorables para los candidatos oficiales en el conjunto de la provincia, incorporando a aquellas capas sociales del conurbano y del interior que tradicionalmente han votado en contra del justicialismo. "Si estamos a la par en ese nivel social, en la provincia somos boleta. Estamos peor que en octubre de 1997. Por lo menos 12 puntos abajo", dijo a este diario el importantísimo dirigente justicialista que le mostró las encuestas secretas de Duhalde. El 7 por ciento de la hipotética fórmula CavalloBeliz se estiraría sin dificultad a medida que se ascendiera en la pirámide social y podría incluso sobrepasar el 10 por ciento en el escrutinio de la primera vuelta en octubre de 1999, convirtiéndose en virtual árbitro de la elección presidencial. Frente a esta eventualidad, las respuestas de Menem y Duhalde son antagónicas: el presidente procura sacar al cordobés a empellones de la pista, con la ilusión de recuperar esos votos de justicialistas descarriados; el gobernador se mantiene en contacto con Cavallo y con Beliz, con la ilusión de incorporarlos a su campaña o, al menos, de acordar su apoyo para la eventual segunda vuelta.
Los pedidos de desafuero Ya hay tres pedidos de desafuero de Cavallo en la Cámara de Diputados, de los jueces Jorge Brugo, Claudio Bonadío y María Servini de Cubría. Sin embargo, las mayores expectativas del gobierno están puestas en la investigación de los jueces Adolfo Bagnasco y Carlos Liporaci sobre las contrataciones con IBM del Banco Nación y la DGI, respectivamente. Por la información que este diario ha podido reunir, hasta ahora sólo hay pruebas contra Jorge Alberto Cavallo, quien fue subcontratista de IBM y cobró por un servicio que su empresa Latin Trade, debido a dificultades técnicas, no prestó, pero no contra el ex ministro. Estas son las causas que ya están en la comisión de juicio político: El contrabando de oro El 11 de marzo de este año, el juez en lo penal económico Brugo solicitó el desafuero de Cavallo para interrogarlo por contrabando agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa investigación fue impulsada desde el Congreso por el ex diputado radical Gastón Mercado Luna y desde este diario por el economista Julio Nudler. Entre las piezas del expediente enviadas por el juez al Congreso figuran los informes de los órganos de control interno de la Aduana que tempranamente establecieron que se estaba importando sin aranceles oro para uso monetario, se le efectuaban leves cambios morfológicos con no más de un uno por ciento de valor agregado y se volvía a exportarlo, percibiendo reintegros de hasta el 15 por ciento, además desgravados del pago del impuesto a las ganancias. Esto fue posible porque desde 1992 varias resoluciones del ministerio de Economía fijaron reintegros de hasta el 15 por ciento a las exportaciones de manufacturas de oro, mientras se mantenían en cero los derechos de importación del oro para uso monetario. A sólo diez meses de la primera de estas resoluciones ya los órganos de control interno de la Aduana solicitaron permiso para investigar la sorpresiva aparición de exportaciones de oro por centenares de millones de dólares, que cobraban reintegros muy superiores a lo pagado por esas empresas en concepto de impuestos internos. Esta advertencia llegó al Administrador Nacional Gustavo Parino, al secretario de ingresos públicos Carlos Miguel Tacchi, al viceministro Carlos Sánchez y a Cavallo. Sólo Tacchi recomendó suprimir esos reintegros. Recién un año después del aviso de Tacchi, Cavallo modificó la norma impugnada que permitía lo que el propio Parino llamó "eventuales desvíos no deseados", pero la nueva resolución permitió que el negocio continuara "por no merituar tres posiciones de fuga o alternativas". Recién en 1996, luego de la renuncia de Cavallo, el ministro Roque Fernández suprimió el pago de los reintegros aduaneros y del IVA que, según Brugo, se obtenían usando facturas apócrifas que "consignaban trabajos no realizados, generando créditos fiscales presuntamente espurios" y mediante la "sobrevaluación o simulación de las exportaciones". Enriquecimiento ilícito El 17 de abril de este año el juez federal Bonadío pidió al Congreso el desafuero de Cavallo para procesarlo por enriquecimiento ilícito, por denuncia del diputado radical Jorge Enrique Benedetti. Según Benedetti, por presiones del gobierno nacional la revista Noticias había decidido no publicar una investigación ya realizada sobre la compra del departamento de Cavallo en Libertador y Ocampo, que el entonces ministro habría escriturado a menos de un tercio de su valor. * La escribanía general de la Nación remitió al juzgado las declaraciones juradas patrimoniales de Cavallo a partir de 1991; * la Universidad San Andrés informó sobre los aranceles pagados por su hija Sonia; la Fundación Mediterránea informó que en el período investigado no hizo pago de ningún tipo a Cavallo; * la Cámara de Diputados respondió que durante su mandato 19871991 Cavallo "no presentó ninguna declaración de bienes"; Roberts Capital Markets dijo que las inversiones de Sonia Abrazián de Cavallo en bonos, plazos fijos y acciones, un mes antes de la renuncia de Cavallo al ministerio, ascendían a 600.000 dólares; * la Administración Federal de Ingresos Públicos informó que Cavallo tenía un depósito de 890.000 dólares en Estados Unidos. * La ex secretaria de Cavallo, de la Fundación Mediterránea y de Aldo Dadone, Ana Estela Wilk de Tossunian, declaró que Sonia Abrazián le dijo que el departamento valía unos 600.000 dólares y que lo iban a pagar con algo que tenían ahorrado, un préstamo del empresario Héctor Massuh, y un crédito tomado en el exterior. También dijo que ella pagaba en un banco las cuotas de aquel crédito, con cheques de la Fundación Mediterránea que no quedaban registrados. Ante una pregunta del juez, respondió que luego de su desempeño como canciller Cavallo mejoró su nivel de vida "y desconozco cómo se solventó". Agregó que durante la campaña electoral de 1987 Cavallo la había enviado a la sede de la empresa italiana Techint, donde alguien que identificó como "A. Roca" (sic) le entregó un portafolio lleno de dólares que ella llevó luego a una caja de seguridad de Cavallo en el Banco Río. (El presidente de la transnacional es Agostino Rocca nieto). Bonadío encontró "inconsistencias" en las declaraciones juradas de Cavallo y le solicitó que presentara la documentación de respaldo, cosa que 16 meses después el ex ministro no había hecho. Agregó que en ninguna de sus declaraciones juradas Cavallo declaró haber recibido honorarios o derechos de autor en cuentas abiertas por la Fundación Mediterránea en el exterior por lo que debe ser "debidamente requerido a fin de que justifique la procedencia de tales incrementos". La querella de Belluscio El 23 de abril, la juez federal María Servini también pidió el desafuero de Cavallo en la causa "Belluscio, Augusto César y otro s/querella por calumnias e injurias", que se inició en octubre de 1993 cuando el superministro acusó de "corruptos" a los jueces no menemistas de la Corte Suprema Augusto Belluscio y Enrique Petracchi, quienes habían sindicado a su colega Antonio Boggiano, ex asesor de Cavallo en la Cancillería, como autor del recurso de arrancatoria de una sentencia contraria al Banco Central. Según Cavallo, Belluscio y Petracchi eran "adictos a los delincuentes" y habían formulado la denuncia para perjudicar al presidente Menem en vísperas de las elecciones parlamentarias del mes anterior. En 1996, cuando aún era ministro de Menem, Cavallo negoció con Belluscio y Petracchi una solicitud de disculpas y dijo que sus imputaciones habían sido "inmerecidas". Como no hizo su rectificación en los mismos medios en que lo había ofendido, Belluscio rechazó las disculpas. Entonces Cavallo se retractó dos veces en el juzgado, pero en términos insatisfactorios para el ofendido. Recién cuando el juez Bagnasco fijó fecha para el juicio oral, Cavallo ofreció prueba en contra de Belluscio, pero no por el tema de su acusación original sino proveniente del juicio político, del que el juez cayó parado en 1990. Bagnasco la rechazó porque ya habían vencido los plazos procesales y Cavallo recusó al juez, a quien hasta poco antes había elogiado. Con menos estrépito cambió a sus abogados, que dejaron vencer los términos sin presentar prueba. La Cámara Federal aceptó la recusación. Acompañado por unos 50 simpatizantes con disfraces de mimos y payasos, Cavallo llegó a la audiencia pública, en la que dijo que "cuando acusé a Belluscio y pedí que el PJ le promoviera el juicio político, Corach me dijo que la continuidad del juez se había negociado a cambio de la continuidad de Servini de Cubría, y que esa negociación era el prolegómeno del Pacto de Olivos". Servini se excusó por "violencia moral" por los "reiterados agravios" de Cavallo, pero la Cámara indicó que debía seguir el procedimiento. Cavallo invocó la inmunidad de proceso y Servini remitió el pedido de desafuero a la Cámara de Diputados.
Inmunidad Desde hace un año y medio legisladores de todos los partidos vienen presentando proyectos de ley que reglamentan los artículos 53, 68 , 69 y 70 de la Constitución y modifican o derogan el artículo 189 del Código de Procedimientos en Materia Penal. Con matices, todos plantean básicamente lo mismo. La inmunidad, dicen, sólo cubre las opiniones vertidas por los legisladores en el ejercicio de su función contra posibles juicios por calumnias e injurias, pero no otros delitos. Los jueces podrán seguir las actuaciones, indagar a los legisladores y llegar hasta el dictado de sentencia. Unicamente si encontrara motivos para detener al diputado o senador, el juez o tribunal deberá pedir su desafuero al Congreso, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida. El Congreso sólo podrá conceder el desafuero con los dos tercios de votos de cada Cámara. El proyecto de los legisladores del Frepaso Horacio Viqueira, Irma Parentella, Mary Sánchez y Marcelo Vensentini especifica que la única inmunidad absoluta y vitalicia será referida a las expresiones que los legisladores viertan "en ejercicio u ocasión de sus funciones" y si algún ciudadano se considerara injuriado o calumniado por un legislador, podrá comunicarlo a la Cámara a la que pertenezca, para que ésta lo sancione. En sus fundamentos sostienen que "la sociedad ve las garantías en beneficio de los legisladores como mecanismos de impunidad. En ese sentido entendemos que las cámaras legislativas no deben tener en su seno a personas acusadas de cometer graves delitos". La inmunidad de arresto sólo se propone "evitar que mediante detenciones arbitrarias se altere la composición de la Cámara y la gravitación que cada fuerza política pueda tener en el Parlamento". Pero "no se trata de un privilegio personal del legislador". El proyecto coincidente de los justicialistas Juan Carlos Maqueda y Carlos Soria añade en un artículo 189 bis al Código Procesal, que esa inmunidad del legislador "por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato", lo protegerá tanto en juicios penales como civiles, y aun después de concluido su mandato. El de Chacho Alvarez y Graciela Fernández Meijide detalla que las inmunidades no amparan al legislador por "hechos o actos ejercidos con anterioridad al mandato". Este proyecto extiende la inmunidad en los mismos términos al presidente, el vice, los ministros y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, desde el comienzo hasta el cese de su mandato. El de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Acevedo permite que se practiquen todas las actuaciones judiciales pero sin llegar al dictado de la sentencia. Recién en ese momento deberá solicitarse el desafuero. Cuando el Partido Justicialista decidió que había llegado el momento de llevar a la práctica el desafuero anunciado de Cavallo, la Alianza respondió que no se opondría. Después de todo, los denunciantes en cada causa son o fueron afiliados de la Unión Cívica Radical. Pero reclamaron que al mismo tiempo se convirtieran en ley los proyectos ya consensuados que limitan la inmunidad de los funcionarios al arresto pero no al proceso. Cuando Soria lo planteó a sus compañeros, el bloque justicialista se negó. La idea es perseguir a Cavallo; no asegurar la transparencia para el futuro y la igualdad para todos. En esas condiciones, la Alianza no dará el número necesario para el desafuero de Cavallo e insistirá con su proyecto para que los cargos de gobierno no se conviertan en un santuario para violadores de la ley. ¿Qué motivo tendrían para avanzar sobre Cavallo y al mismo tiempo proteger al gobernador de La Rioja, Angel Mazza, quien fue secretario de minería de Cavallo cuando la mafia del oro hizo su negocio?
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Con la renuncia del superministro Domingo Cavallo, en julio de 1996, el presidente
Carlos Menem tuvo su momento de gloria. Luego de cinco años de tediosa discusión acerca
de la paternidad de lo que ambos llamaban el modelo, hizo rodar la calva más odiada sin
que los mercados siquiera parpadearan de inquietud. Pero al demostrar que nadie era
imprescindible, Menem comenzó a vislumbrar también el aborrecido día de su propio
reemplazo. Del mismo modo, el desafuero de Cavallo por el que ahora presiona el Partido
Justicialista, con el propósito de entregarlo a la trituradora judicial e inhabilitarlo
así como canal de derivación de un porcentaje del 5 al 10 por ciento de votos que el
oficialismo considera propios, podría tener un efecto secundario similar. Si con esta
relación de fuerzas en el Congreso fuera posible desaforar a Cavallo para que los jueces
se encargaran de su futuro, ¿por qué no habría de ocurrir mañana algo parecido con los
miembros del círculo íntimo menemista, si esa relación de fuerzas se modificara, bajo
un hipotético gobierno de Graciela Fernández Meijide, Fernando de la Rúa, Ramón Ortega
o Eduardo Duhalde?. La declaración de Menem a La Nación de que no busca inmunidad
prueba cuánto le preocupa la cuestión y el entendimiento que ha alcanzado acerca de lo
relativa que es la protección por vía de los fueros, cuando formas más sustanciales de
poder político no los respaldan. Acaso por eso, no es seguro que los diputados del
partido del gobierno lleven hasta las últimas consecuencias la ofensiva contra el
compañerotraidor. Dentro de 72 horas, cuando vuelva a reunirse la Comisión de juicio
político de la Cámara de Diputados se definirán las posiciones. Hasta es posible que el
presidente de la Comisión, el menemista Carlos Soria, termine defendiendo indirectamente
a Cavallo frente a la vicepresidente Elisa Carrió, ya que la Alianza por el Trabajo, la
Justicia y la Educación no tiene entre sus proyectos celebrar pactos ni asumir
compromisos con ninguno de los bandos empeñados en esta guerra de los fueros entre gajos
del mismo tronco.