Desde hace tres meses, el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires está inmovilizado por diferencias políticas y funcionales. Del lado del Poder Ejecutivo Nacional sostienen que el gobierno porteño no respondió a su propuesta porque no quiere enfrentar el costo político de hacerse cargo de los reclamos por la inseguridad, un desgaste que pone en riesgo la potencial candidatura de Fernando De la Rúa. Por el lado del gobierno de la ciudad, consideran que la propuesta nacional de conformar una estructura metropolitana financiada por la Nación y orgánicamente dependiente de la Federal, les deja las manos atadas. Quieren una policía propia y, en los pasillos, sostienen que las resistencias al traspaso provienen de la propia fuerza policial, que no quiere perder poder al ser virtualmente partida en dos. Los uniformados eluden las declaraciones públicas y evitan roces con las autoridades comunales, pero íntimamente confiesan su negativa a ser divididos. La propuesta que más los tienta es la del Ejecutivo Nacional, y proponen como ejemplo operativo el de la Real Policía Montada de Canadá, cuyos servicios son contratados en algunas ciudades. Entretanto, los porteños asisten a su propia inseguridad como convidados de piedra.

En diciembre, Carlos Menem anunció la decisión de transferir la Policía Federal a la ciudad. Se conformó una comisión que anudó los primeros pasos hasta que, a fines de enero, se establecieron tres subcomisiones: de legislación, operativa y presupuestarias, integrada por representantes del gobierno nacional, el porteño y la policía. Menem no había aceptado, graciosamente, el viejo reclamo de los radicales: junto con los hombres, traspasaría el costo político de la inseguridad, un tema que termina siendo una papa que quema en las manos del gobernante de turno. De la Rúa, aceptó el convite, pero contraatacó reclamando que el traspaso sea total y no del servicio de comisarías. "¿De qué nos sirve tener las 52 comisarías si no contamos con el aparato logístico?", se lo escuchó decir repetidas veces a Enrique Mathov, secretario de Gobierno, apenas asumió reemplazando a Juan Octavio Gauna.

Por su lado, los federales se horrorizaron con la idea de partir en dos la fuerza, con la consecuente pérdida de poder que representa. De una u otra forma, las subcomisiones fueron avanzando, hasta el 29 de abril, cuando sus integrantes se vieron por última vez las caras. A partir de entonces, radicales y menemistas se culparon mutuamente por el retraso.

Miguel Angel Toma, subsecretario de Seguridad Interior y representante del gobierno nacional en las reuniones, cargó todas las responsabilidades por la interrupción al gobierno comunal. "Aspiro a que el gobierno de la ciudad asuma seriamente el compromiso asumido para la transferencia --dijo--. Que no mire para el costado y se siente a la mesa de negociaciones planteando respuestas concretas y por escrito a las propuestas que ya les enviamos". El menemismo propone cerrar un acuerdo de prestación de servicios, hasta tanto se modifique la ley Cafiero, que imposibilita la creación de una policía porteña. En dicho acuerdo se conformaría la Policía de Seguridad Metropolitana, cuyos costos los financiaría el Estado nacional. Su jefe sería designado por De la Rúa, que también tendría la atribución de removerlo y de impartir políticas, pero la estructura orgánica seguiría dependiendo de la jefatura de la Federal, es decir, del ministro del Interior. "No quieren correr con los costos políticos, en medio de una carrera electoral", afirman del lado de la Casa Rosada.

En el gobierno porteño, consideran poco seria la propuesta porque no tendrían plenos poderes sobre la institución. Exigen el traspaso total, incluyendo todas las dependencias, menos las delegaciones del interior y las correspondientes a los delitos federales. Pero reconocen la molestia que representa el traspaso para cerca del 85 por ciento de los 30 mil hombres con que cuenta la Federal. Mathov sostiene la voluntad de avanzar con el traspaso: "Queremos asumir la responsabilidad, pero también tener la facultad de determinar qué se hace y cómo se hace. Con el convenio de colaboración mutua no tenemos facultades para fijar políticas de seguridad", dijo el secretario de Gobierno a Página/12.

El gobierno comunal pide, además de las 52 comisarías, las divisiones de Investigaciones, Transporte y Tránsito, el Hospital Churruca, la Obra Social y el Instituto de Previsión Social. Para los federales, esto es poco menos que un desguace, con la consecuente pérdida de poder. Oficialmente liman asperezas con la comuna, pero por lo bajo parecen negarse. "Falta el acuerdo político --aseguró un vocero policial--. La Policía Federal va a cumplir con lo que necesite la ciudad, como siempre lo hizo. Para eso tiene que estar completa porque es una sola institución. Si no, no funciona".

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