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Una historia de dudas,vaivenes y tormentas

Fue Chacho Alvarez quien inauguró la idea de la Conadep de la corrupción.
El radicalismo, en un primer momento puso sus reparos, pero luego se sumó a la iniciativa. El Gobierno lanzó su "tormenta ética" que aún no mojó a nadie.

 

Rodolfo "Chango" Díaz, a cargo de la investigación oficial.
Responsable de la tormenta ética que, parece, no llegó a estas costas.

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Por José Natanson

t.gif (67 bytes)  El copyrigth de la Conadep de la corrupción es del diputado Carlos "Chacho" Alvarez. A poco de conformada la Alianza, el líder del Frepaso reflotó una iniciativa que ya había lanzado a fines del '95: crear una comisión especial conformada por "fiscales" que se ocupen de investigar los principales hechos de corrupción de la gestión menemista. A partir de ese momento, la idea dividió a los socios de la Alianza: el Frepaso la remontó periódicamente, como una manera de atacar al gobierno y, de paso, posicionarse como la "pata ética" de coalición. La UCR comenzó rechazando la propuesta, con el argumento de que, si bien hay que investigar a fondo los puntos oscuros del oficialismo, "hay que hacerlo por el canal institucional correcto, que es la Justicia". Con el tiempo, tanto Fernando de la Rúa como Raúl Alfonsín fueron virando en sus posturas y terminaron por aceptar la iniciativa de Alvarez.

Cuando relanzó la propuesta, Chacho señaló que "hay dos actitudes peligrosas que habría que evitar. Una: decir que vamos a buscar a todos, que termina en que las investigaciones no conduzcan a nadie en concreto. La otra: vamos por las vías institucionales, que es como decir nada, porque la Justicia menemista no va a descubrir nada".

La réplica del radicalismo se basó en el segundo de los dos argumentos. Alfonsín sostuvo que "aunque no nos guste, hay que dejar actuar a la Justicia". El jefe de gobierno porteño coincidió con el ex presidente en que "hay que investigar todo, pero mediante los mecanismos previstos por las instituciones".

Mientras los dirigentes radicales insistían en rechazar la propuesta, surgió una versión, atribuida por la UCR a sus socios del Frepaso, sobre un pacto entre De la Rúa y Carlos Menem, que le garantizaría impunidad al Presidente después del '99 si el jefe de gobierno porteño se imponía en las elecciones. "Pensar esto es un disparate", dijo De la Rúa, quien, sin embargo, no dio el brazo a torcer y volvió a descartar la iniciativa de Alvarez.

En diciembre de 1997 el líder del Frepaso insistió. "Para que la comisión funcione hay que convocar a prestigiosos juristas y académicos que realicen un informe sobre los temas más emblemáticos". El diputado enumeró seis: la crisis de la ANSeS, el tráfico de armas, el vaciamiento del PAMI y de ATC, los casos de Alfredo Yabrán y de Emir Yoma.

En lo que algunos dirigentes frepasistas evaluaron como "una estrategia del radicalismo para quitarle el patrimonio de la lucha por la ética a Graciela Fernández Meijide", De la Rúa modificó, a principios de este año, la posición que había sostenido hasta el momento. Si bien aclaró que debe darse "una situación excepcional", el jefe de gobierno señaló que "podría recurrirse a comisiones especiales" para investigar la corrupción menemista.

Hasta el 18 de febrero de este año el Gobierno no había generado, más allá de alguna declaración aislada, ninguna respuesta institucional a la propuesta de formar una Conadep de la corrupción. En un acto al que concurrieron todos sus ministros, el Presidente lanzó la "tormenta ética". Firmó un decreto mediante el cual instruyó al procurador general de la Nación, Rodolfo Díaz, para que exhorte a la Justicia a requerir a los dirigentes de la oposición "todas las pruebas que posean" sobre la corrupción que atribuyen al gobierno. "No puede ser que se levante como una bandera política la denuncia sin pruebas, que se ponga en tela de juicio el buen nombre y honor de las personas", dijo el Presidente, quien cerró la ceremonia con uno de sus latiguillos: "Hay que terminar con la industria de la difamación".

Los socios de la Alianza respondieron por separado. El primero en reaccionar fue De la Rúa, quien instruyó al comité nacional de la UCR para que recopile todas las pruebas y la información acumulada sobre cuatro casos que consideró "emblemáticos": IBM--Banco Nación, Aduana Paralela, contrabando de oro y el PAMI. Aunque no hablo de Conadep, el jefe de gobierno porteño admitió abiertamente la posibilidad de crear "un cuerpo de fiscales especiales para investigar estos y otros casos". De la Rúa añadió que "hay que hacer como en los Estados Unidos, donde los fiscales tienen las más amplias facultades para actuar".

El Frepaso respondió a través de los diputados nacionales Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero y Marcelo Vensentini. Los legisladores se entrevistaron con Rodolfo Díaz y le acercaron material sobre cuatro casos oscuros, diferentes de los denunciados por el radicalismo: los negocios de la familia Yoma, las empresas del grupo Yabrán, la pista de aterrizaje de Anillaco y la licitación de los DNI.

El tema reapareció a mediados de julio, cuando el Frepaso anunció que sus legisladores nacionales comenzaron a trabajar en la elaboración de un informe sobre distintos casos de corrupción. Cada diputado empezó a recopilar información, datos y denuncias sobre el escándalo que investigó desde el Congreso. La UCR acusó a sus socios de que no le notificaron sobre la decisión. De todas maneras, ni De la Rúa ni Alfonsín se manifestaron en contra y ambos dirigentes coincidieron en que "es un tema muy interesante para analizar dentro de la Alianza".

 

MENEM, FERREIRA Y BECERRA SALIERON A DAR RESPUESTA

"SON PEORES QUE LOS MILITARES"

 

Por J. N.

El primero en hablar fue el Presidente. "Son peores que los militares", disparó Carlos Menem. El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, criticó en la misma línea. "Las comisiones especiales son propias de los gobiernos de facto." El titular de la Oficina Nacional de Etica Pública, Luis Ferreira, añadió que "esta iniciativa tiene una evidente finalidad política". Así reaccionó ayer el gobierno ante la decisión del Frepaso de lanzar el Centro de Investigaciones Especiales, que se dedicará a investigar la corrupción macroeconómica de la gestión menemista. La iniciativa no apunta solamente a obtener resultados a largo plazo en el esclarecimiento de los grandes delitos económicos. También intenta poner al Gobierno a la defensiva. A la luz de las respuestas, la iniciativa arrancó con éxito.

"Yo tengo bastante experiencia. Esta gente (por los dirigentes del Frepaso) está intentando hacer lo mismo que hicieron los militares corruptos, que me metieron preso sin fundamento. Los que se expresan de esta manera son peores que los militares de aquella época porque acusan sin pruebas", señaló Menem.

En declaraciones a Radio Continental, el Presidente también aclaró que no quiere ningún tipo de inmunidad después del '99. "No quiero ningún cargo que implique fueros. No pretendo eludir las denuncias que se puedan plantear, si es que se plantean", dijo Menem, quien luego añadió que "hay que dejar que la Justicia haga su labor con total libertad". De todas maneras, el Presidente insistió en que no hará pública su declaración jurada de bienes. "La ley no me obliga. Además, no quiero hacerle el juego a algunos medios", explicó.

Nicolás Becerra aclaró que su intención no es polemizar con la Alianza sino dar una opinión jurídica. El jefe de los fiscales manifestó que "nuestra Constitución establece que ante cada caso actúen los jueces y los órganos de la Justicia naturales. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de ideas, porque se pueden hacer para direccionar una investigación".

"Para combatir la corrupción --dijo Becerra-- no hay que buscar medidas de emergencia, hay que confiar en los mecanismos institucionales. No puede ser que hayamos luchado tanto para lograr la independencia de los fiscales y que ahora no los reconozcamos", sostuvo el procurador.

Consultado por Página/12, Luis Ferreira, el titular de la Oficina Nacional de Etica Pública, afirmó que no se opone a ninguna investigación, "siempre y cuando se haga como corresponde". El ex decano de la Facultad de Medicina añadió que "la tarea de esta comisión tiene una finalidad política evidente. Es notorio que apunta directamente a perjudicar al Gobierno y no a buscar la verdad".



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