Por Fernando Almirón
Cuando los diputados del oficialismo habían preparado la escena para bajar de un solo
plumazo los 16 pedidos de juicio político que pesan sobre la Corte Suprema de Justicia,
la Alianza les arruinó la estrategia aprovechando la crisis en la que está sumergido el
bloque justicialista y logró iniciarles el proceso de enjuiciamiento a los integrantes
del Tribunal Supremo, para espanto de la Casa Rosada. La intención de los diputados
menemistas César Arias y Miguel Angel Pichetto era forzar en la Comisión de Juicio
Político una votación en la que pretendían imponer su mayoría para rechazar "in
limine" los pedidos de procesamiento de los miembros de la Corte, y para ello
incorporaron en el temario --horas antes de que se reuniera la comisión-- todos los
expedientes referidos al tema que ingresaron al Parlamento. Pero lejos la obtener la
mayoría esperada, el PJ quedó en minoría, lo que fue aprovechado por los aliancistas
para sacar adelante la votación, la que contó con el apoyo inesperado del hijo del
gobernador tucumano, Ricardo Bussi.
De esta manera, la Corte deberá ahora enviar al Congreso todas
las causas por las que están cuestionados sus integrantes. Los expedientes serán
estudiados por los diputados quienes, si encuentran irregularidades en ellos, pueden
dictaminar el inicio efectivo del juicio político a los ministros, dando lugar así a un
verdadero escándalo institucional.
La Alianza se anotó una victoria inesperada. El menemismo buscaba
impulsar un rechazo "in limine", es decir desechar en forma absoluta, sin
siquiera abrir una investigación previa, todas las denuncias que pesan sobre los
integrantes de la Corte, para lo cual había preparado un temario de último momento
incorporando justamente este tema en la reunión de ayer, para asombro de la oposición.
El tiro les salió por la culata. Lejos de imponer su pretendida mayoría, el oficialismo
fue víctima de su propia maniobra cuando la oposición contabilizó los presentes y se
dio cuenta de que podía forzar una votación en sentido contrario a las aspiraciones de
César Arias y Miguel Angel Pichetto cuando Carlos Soria y la duhaldista Norma Godoy se
retiraron argumentando otras urgencias. Y así lo hizo.
El PJ abandonó la sesión cuando se les venía la noche. Los
aliancistas, gracias a los oficios de Melchor Cruchaga (UCR), quien quedó a cargo de la
presidencia de la comisión, y de Horacio Viqueira (Frepaso), quien propuso que el tema
sea considerado a votación, lograron iniciar con 13 votos a favor y 9 en contra el
proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.
El primer expediente que tratarán los diputados será el pedido de
juicio político que presentó la Alianza en el mes de junio contra Julio Nazareno,
Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez. Estos
cinco jueces son señalados como "la mayoría automática" del Ejecutivo en la
Justicia, cada vez que el Gobierno necesita sacar adelante sus proyectos trabados en los
Tribunales. Estos fueron los jueces a quienes se señalaba cuando se habló de que la
Corte podría haber habilitado a Carlos Menem para intentar otra reelección.
Sin embargo, el resto de los integrantes del tribunal, Augusto César
Belluscio, Gustavo Bossert, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, también figuran entre los 16
pedidos presentados contra la Corte por presunto mal desempeño y presunta comisión de
delito en el ejercicio de sus funciones en diversas causas. También serán motivo de
investigación por parte de los legisladores.
Según el socialista Alfredo Bravo, integrante de la Comisión de
Juicio Político, "por orden directa del presidente Carlos Menem intentaron una
maniobra que les salió mal, porque ahora la Corte está obligada a remitir al Parlamento
todos los expedientes cuestionados y la comisión está obligada a fundamentar si acepta o
no los pedidos de enjuiciamiento y destitución". Para el frepasista Horacio
Viqueira, "no existe en la historia argentina un antecedente comparable a éste. Creo
que el cuestionamiento a la Corte que oportunamente presentamos llegó a buen puerto y
ahora podremos analizar su desempeño en el marco de las reglas que rigen las
instituciones. En este sentido nos proponemos estudiar a fondo caso por caso, causa por
causa, magistrado por magistrado".
En el bloque oficialista intentaban ayer por la tarde recuperarse del
fracaso. Mientras Pichetto y Arias recibían toda clase de reproches por parte del
ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y del jefe de Interior, Carlos Corach, sin
contar otras comunicaciones telefónicas calientes, el jefe de la bancada justicialista
aprovechó para ponerse por arriba de las circunstancias y les ordenó a los responsables
de la maniobra --que terminó en desastre-- que se pusieran a trabajar en un dictamen por
la mayoría en el que expresen su absoluto rechazo al juicio político contra los
ministros.
"Esta iniciativa no tiene sentido --le aseguró a Página/12
el diputado Pichetto--, ya que el motivo por el cual la Alianza pidió el juicio político
a la Corte está referido a una posible habilitación para que Carlos Menem pueda competir
por un nuevo período presidencial. Al desaparecer esa posibilidad, no corresponde
continuar con el cuestionamiento. Nosotros rechazaremos políticamente esta maniobra que
sólo busca obtener un rédito político", concluyó.
De todos modos, el juicio político contra la Corte difícilmente pueda avanzar más
allá de los dictámenes que elabore la comisión. En este sentido se espera que se emitan
dos resoluciones, una por parte del oficialismo, desestimando el juicio político, y otra
de la oposición, apoyando la continuación del proceso. Pero para que el enjuiciamiento
avance se requiere del voto en el recinto de los dos tercios de los integrantes de la
Cámara baja, un número que la Alianza difícilmente pueda obtener. Sin embargo, la
coalición logrará con esto someter a un intenso desgaste a los integrantes del máximo
tribunal, a quienes acusan de ser adictos al gobierno de Menem. Y esto ya resulta
inevitable para el oficialismo.
Un record histórico
Por F. A.
Los
miembros de la Corte Suprema de Justicia acumulan en la Cámara de Diputados 16 pedidos de
juicio político, un record histórico según los juristas. Desde hace tiempo la Alianza
tiene su mira puesta en varios de sus integrantes: "La República no puede tener un
tribunal que no cumpla con el rol que la Constitución le adjudica, que ha cedido ese rol
de control beneficiando con sus fallos al Poder Ejecutivo", afirmó Melchor Cruchaga,
vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que ayer
comenzó a investigar las denuncias que pesan sobre la totalidad de los ministros.
Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, Guillermo
López y Adolfo Vázquez son los cinco integrantes de la Corte que la oposición denomina
como la "mayoría automática" con la que cuenta el gobierno para asegurarse el
resultado de los fallos. Pero no son los únicos, todos los miembros del alto tribunal
están cuestionados. Vázquez encabeza el ranking con seis pedidos de juicio político sin
contar las que lo cuentan en las presentaciones contra la Corte en su conjunto. Augusto
César Belluscio lo sigue con tres.
De los expedientes que serán estudiados por los legisladores, siete fueron presentados
por políticos de la oposición, dos corresponden a la Federación Argentina de Colegios
de Abogados y el Colegios Público de Abogados respectivamente, y siete por particulares
que se sintieron perjudicados por las resoluciones de los jueces, de las cuales seis
fueron impulsadas por Marta Edith Querequeta.
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Por aeropuertos y re-re la Alianza se decidió
El fallo a favor de la privatización
de los aeropuertos abroqueló a la Alianza en su avanzada. La re-re fue el disparador. |
César Arias se vio en minoría y
huyó. Sus hombres habían tramado tratar el tema para sepultarlo. |
Por José Natanson
Los
pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia son anteriores
a la formación de la Alianza. Pero recién a fines del año pasado, cuando el máximo
tribunal convalidó el decreto de Carlos Menem sobre la privatización de Aeropuertos, el
Frepaso comenzó a presionar al radicalismo para que pise el acelerador. Luego de formar
una comisión especial que se dedicó durante cinco meses a investigar el tema, el 24 de
junio de este año ingresó en la Cámara baja una presentación de la coalición para
enjuiciar a los cinco ministros que fallan de acuerdo a las necesidades del Poder
Ejecutivo: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y
Adolfo Vázquez.
En 1993 la UCR realizó un primer pedido, a través del cual se
solicitó el enjuiciamiento para los nueve miembros del máximo tribunal. El 10 setiembre
del año pasado ingresó otra presentación de los diputados del radicalismo, acompañado
por el frepasista Alfredo Bravo, contra Adolfo Vázquez y Guillermo López por "mal
desempeño de sus funciones".
Consultada por Página/12, la diputada del Frepaso Nilda Garré
explicó que "el fallo de Aeropuertos fue el que marcó un quiebre, porque
estableció que una norma de menor jerarquía a una ley no puede ser revisada por la
Justicia. Le permite a Menem gobernar por decreto".
Los dirigentes radicales, encabezados por Raúl Alfonsín, miraron con
suspicacia la propuesta que Chacho Alvarez lanzó a fines del año pasado. "Si
acompañamos está la idea de enjuiciar a la bancada oficialista corremos el riesgo de que
se abroquele y termine fallando a favor de la re-reelección", explicaron fuentes
cercanas al ex presidente.
La idea resurgió a principios de este año, cuando la coalición
opositora buscaba a toda costa generar algún hecho político que le permitiera recuperar
la iniciativa luego del papelón que significó la discusión de los proyectos de
derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En ese momento, el Grupo de
los Cinco, el máximo órgano institucional de conducción de la Alianza, ordenó formar
una comisión de legisladores y juristas que se dedique a recopilar información sobre el
tema. El grupo fue integrado por los diputados del Frepaso Nilda Garré, Horacio Viqueira
y Oscar Massei, y por los radicales Melchor Cruchaga, Guillermo Aramburu y Elisa Carrió.
Se sumaron los juristas Germán Bidart Campos, Jorge Vanossi, Ricardo Gil Lavedra, Hugo
Germano y Raúl Zaffaroni.
A fines de mayo la comisión terminó de preparar un minucioso informe,
de 220 páginas, que sirvió como sustento al pedido de juicio político. El documento se
basó en nueve fallos "paradigmáticos", en los que los cinco ministros
oficialistas decidieron "de acuerdo a las necesidades del Gobierno": el que
convalidó la privatización de Aeropuertos y los que sirvieron para cerrar las causas
conocidas como Cocchia, Chocobar, Sayago, Miara, UOM, Novello, Tortino y Gauna.
Tanto Raúl Alfonsín como el jefe de gobierno porteño Fernando de la
Rúa retrasaron la presentación. Ambos dirigentes coincidían en la inconveniencia de
impulsar una propuesta cuyo futuro era dudoso, ya que la Alianza no cuenta con los dos
tercios necesarios para concretar el trámite. Y analizaron la posibilidad de iniciar
procesos por separado, comenzando por Vázquez y Boggiano.
El 3 de junio el Frepaso amenazó con presentar la iniciativa en
solitario. "Estamos hartos de esperar. Sabemos que es difícil que el trámite
prospere, pero se trata de dar un gesto político que sume desprestigio a los jueces
adictos al Gobierno", explicó un operador frepasista. Chacho Alvarez volvió a
presionar públicamente a sus socios de la UCR en el congreso nacional de su partido.
"Es una postura irreductible. Hay que ponerle un freno al menemismo y ésta es una
iniciativa concreta que puede servir para frenar los intentos del Gobierno por vulnerar la
Constitución", afirmó el diputado.
Alfonsín y De la Rúa cedieron y el 17 de junio la Alianza en pleno
anunció en una conferencia de prensa su intención de enjuiciar a la bancada oficialista
del máximo tribunal. "Esta Corte no tiene autoridad moral ni independencia para
interpretar la Constitución", explicó el jefe del bloque de diputados de la UCR
Federico Storani. La presentación se retrasó unos días más porque la coalición
sometió el informe a la consideración de los colegios públicos de abogados de todo el
país. Finalmente, el 24 de junio pasado la Alianza presentó por la mesa de entradas de
la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra los cinco miembros
oficialistas de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, con una movida rápida, iniciaron el
proceso para enjuiciar a los nueve ministros.
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GRAVEDAD O PRESERVACION INSTITUCIONAL
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Antonio María Hernández *:
"La apertura de la investigación a los miembros de la Corte
Suprema es una resolución muy delicada desde el punto de vista institucional porque
supone de alguna manera admitir la verosimilitud de las denuncias y pone en marcha el
procedimiento de juicio político, con todo lo que esto significa para los jueces en
cuestión. La politización de la Justicia es un problema tan serio como la
judicialización de la política. El problema de la Justicia debe ser analizado con
seriedad para asegurar la independencia del Poder judicial y el mejor cumplimiento de sus
altas funciones. Se trata de un asunto de Estado, que no debe sujetarse a los debates
meramente partidistas".
* Constitucionalista.
Alberto García Lema *
"El proceso de juicio político a los jueces de la Corte Suprema
es una cuestión de enorme gravedad institucional, que debería ser preservada frente a
situaciones muy excepcionales. La promoción de un juicio político de estas
características es negativa y muy grave porque genera un manto de sospecha sobre de las
decisiones de la Corte; también es muy negativo desde el punto de vista internacional
porque el país puede verse afectado en su credibilidad jurídica y sufrir consecuencias
económicas. Desconozco los fundamentos de la decisión, pero sólo correspondería
investigar aquellas situaciones de graves características institucionales o delictuosas y
con un grado de prueba muy avanzada".
* Constitucionalista.
Alberto Garay *
"La investigación a los nueve jueces de la Corte constituye
un hecho institucional de gravedad. Habría que ver cuáles son las causas más graves, de
modo de profundizar su investigación y no desperdiciar esfuerzos y capital
institucionales. Algunos jueces como Adolfo Vázquez, a quien se involucró en un pedido
de coima a un ex ministro de la Corte, y Guillermo López, que junto a Julio Nazareno y
Antonio Boggiano, fue severamente cuestionado en un regulación de honorarios, debieran
ser investigados. Pero creo que el juicio político no va a prosperar, con lo cual se
habrá desprestigiado aún más a la Corte, porque todo manoseo a las grandes
instituciones constitucionales que no llega a buen puerto termina perjudicándolas".
* Constitucionalista.
Enrique Vanossi *
"No abrigo mayores ilusiones en cuanto al avance del juicio
político a los miembros de la Corte Suprema conociendo cuál es la composición numérica
de la Cámara de Diputados, pero le atribuyo importancia política a la apertura del
proceso porque implica asumir una actitud de mayor control y vigilancia. El control es un
medio y sólo tiene sentido si conduce a que funcione el principio de responsabilidad de
los gobernantes, que es la nota característica del sistema republicano, y hasta ahora no
se había dado ningún paso en ese sentido. Todos los poderes del Estado que están
cuestionados en este momento merecen ser investigados e investigar las denuncias contra la
Corte es un deber del Congreso.
* Constitucionalista.
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El fantasma está muerto
Por Sergio Moreno
Qué es un fantasma sino
un asunto no resuelto? ¿Qué es, sino un producto del pasado que, cuando aparece,
atormenta? Los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados
invocaron al fantasma que, desde ayer, atormentará a los ministros de la Corte Suprema de
Justicia de aquí al '99. Hasta ahora todo había sido amague, escaramuza y un catálogo
de intenciones opositoras. Aspiraciones que morían en la infranqueable realidad que
imponían los números del oficialismo, sea en la comisión, sea en el recinto de la
Cámara. Pero ayer, gracias a una maniobra de sello peronista, los aliancistas
consiguieron poner en marcha la maquinaria que mantendrá en la picota a los jueces de la
Corte por un tiempo, cuanto menos, prolongado.
Ocurrió lo impensable, al menos en los estertores del gobierno que los
entronizó. Se quebró la primera barrera de contención. Pero la barricada de la mayoría
oficialista en la Comisión de Juicio Político no es la única, y es más que seguro que,
gracias a ella, la iniciativa se diluya en el camino. Incluso, de ser cierto que ésta sea
una maniobra pergeñada por la facción ultramenemista de los diputados para enviar una
señal al tribunal por su defección en el apoyo a la re-reelección de Carlos Menem, el
oficialismo no dejará, finalmente, que su gente (sus jueces) caiga en desgracia.
Pero, más acá de toda visión conspirativa, los ministros del
tribunal supremo pasarán más de un mal rato: los expedientes de todos los pedidos de
juicio que pesan sobre todos y cada uno de ellos serán expuestos al análisis de los
legisladores y de la opinión pública. El debate sobre su accionar desnudará lo que más
de cuatro jueces prefieren que quede en la oscuridad. Por más corto que sea el camino que
recorra el inicio de estas investigaciones, será suficiente para, además, exponer
descarnadamente los esfuerzos que invertirá el partido de gobierno para evitar la debacle
de su pata judicial.
Un fantasma es un hecho no resuelto, que aterroriza en el presente y
tiene propiedad para corporizarse en el futuro. La avanzada que la Alianza motorizó ayer,
con su buena cuota de viveza criolla, puede no culminar ahora como sus hombres desean.
Pero esa rapidez de reflejos demostrada en la comisión es el hecho político más claro
que ha dado la coalición sobre lo que vendrá, sobre lo que deben esperar los jueces de
la Nación --de la Corte o de otras instancias-- si en 1999 la Alianza alcanza el poder.
El fantasma deambula ya por el cuarto piso de Tribunales y por la Casa Rosada. Mucho
antes de lo que esperaban sus habitantes. |
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