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Por María José Lubertino * |
Esto requiere una dirigencia lúcida en sus objetivos y métodos, donde los mejores hombres y mujeres honestos e idóneos estén en el lugar exacto en el momento oportuno. El Grupo de los 5, sin duda, reúne estas condiciones y combina puntos de vista y estilos que potencian la posibilidad de ampliar su representatividad y seguramente trabajará en esta dirección. Sin embargo, la Alianza es algo más que el G-5 y que los propios partidos que la componen. La Alianza somos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que queremos construir una sociedad mejor, que estamos cansados de violaciones a nuestros derechos, impunidad, autoritarismo y clientelismo paternalista. Estando fuera de discusión la cuestión de garantizar la gobernabilidad, para lo cual De la Rúa o Fernández Meijide son un crédito a nuestro favor, debemos centrar el debate en extender la representatividad mediante una apertura participativa. Debemos llegar a consensos sobre el fondo de la cuestión: objetivos, programa de gobierno, estrategias y métodos. El trabajo que desarrollamos en el Instituto Programático de la Alianza (IPA) es un ejemplo de convivencia democrática donde la participación amplía la legitimidad de las decisiones y las dota del imprescindible soporte social. Esto nos distingue del menemismo. De la misma manera, debemos diferenciarnos en la selección de candidatos. Cuanto mayor sea la participación en dicho proceso, mayor será la legitimidad de la Alianza y el compromiso en apoyar a esos candidatos. Debemos consensuar los mecanismos, no los nombres de los candidatos. Esta segunda opción restringe la participación y dejará disconformes a muchos. No dudo de que la calidad de la dirigencia de la Alianza puede superar el desafío de combinar gobernabilidad y amplia participación democrática. Lograrlo antes de 1999 es una prueba de que podremos también garantizarlo después. * Ex constituyente de la Ciudad de Buenos Aires por la UCR. |
La Alianza al asumir el gobierno en 1999 tendrá el desafío de producir una
revolución ética, promover un desarrollo económico equitativo, garantizando la paz
social y sentando las bases para la Argentina del siglo XXI.