EL FISCAL PIDIO LA IMPUTACION DE VIDELA Y MASSERA
Los que robaron a los bebés

El fiscal federal Eduardo Freiler terminó de redactar esta madrugada el requerimiento que dará vuelta la acusación en la causa que investiga la sustracción de menores durante la dictadura, iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo. Los dictadores Jorge Videla, Leopoldo Galtieri, y Reynaldo Bignone serán imputados en su condición de ex presidentes, y el represor Emilio Massera como autor mediato de ese delito. La gravedad de los cargos puede llevarlos a todos a la cárcel, aunque Videla ya cumple arresto domiciliario y Bignone anticipó que su suerte será igual porque también tiene 70 años. El representante del ministerio público hace suyo el planteo de la querella, pero avanza aún más en profundizar la indagación, con el énfasis puesto en las responsabilidades políticas que habrían tenido no sólo las cabezas visibles de la represión, sino también otros miembros del gobierno de facto. Los ideólogos y ejecutores del Plan Cóndor de represión en el subcontinente sudamericano también están en la mira.

En el quinto piso de los Tribunales Federales de Retiro, el fiscal Freiler y su secretario Carlos Rica se tomaron un respiro porque sabían que probablemente amanecerían en sus despachos. Unas cincuenta carillas contienen la argumentación de la ampliación de la acusación contra los militares que habrían organizado un plan para apropiarse de los hijos de las mujeres que dieron a luz durante su cautiverio clandestino, en los centros de detención que funcionaron durante la dictadura en todo el país. En esta causa, que lleva adelante el juez federal Adolfo Bagnasco, declararon en Europa sobrevivientes de esos campos de concentración y aseguraron haber visto al dictador Emilio Massera supervisando a sus subordinados en la Escuela de Mecánica de la Armada. En principio la querella no lo tenía en sus planes, pero ahora avalaría la iniciativa de imputar al jefe del arma bajo cuya jurisdicción estuvo ese centro de secuestro, torturas y muerte.

Freiler había manifestado a este diario que "Massera habría tenido conocimiento directo de la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA", mientras que el abogado querellante David Baigún afirmó que "en el expediente aparecen varios almirantes importantes visitando la escuela y controlando lo que pasaba". La ex detenida Ana María Martí declaró en Berna ante Bagnasco que "Massera fue varias veces a la ESMA y vio a su sobrina (Cristina Vieyra), pero no tuvo ningún trato preferencial con ella". Aunque familiares de Vieyra le dijeron al juez en Madrid que la chica es pariente lejana del represor, el testimonio es claro en cuanto a la presencia del ex almirante en ese lugar. Al ser consultado sobre la posibilidad de imputar a Massera en este caso, el juez Bagnasco se mostró cauto y dijo a Página/12 que "eso habría que estudiarlo".

En el balance de lo recabado en Europa que realizaron tanto la fiscalía como el juzgado, aparecía la conexión entre las distintas armas, porque los testimonios hablaban de oficiales del Ejército actuando en la ESMA, y de visitas de marinos al centro clandestino de La Perla en Córdoba, que dependía del Ejército, por lo cual las responsabilidades de las distintas fuerzas pueden ser consideradas en forma conjunta, a diferencia del Juicio a las Juntas Militares de 1985 que las juzgó por separado. Este enfoque apunta a probar la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés.

La novedad en el planteo jurídico radica en el énfasis sobre la responsabilidad política que tenían los ex presidentes de facto de hacer cesar las violaciones a los derechos humanos que ocurrían bajo su jurisdicción. Podrían ser considerados autores del plan de apropiación de menores por omisión porque tenían la obligación de cumplir con su deber y no lo hicieron. Esa responsabilidad está agravada porque "los ex titulares del Poder Ejecutivo ejercieron también el Poder Legislativo, por lo cual tuvieron en sus manos todo el poder para impedir, hacer cesar, investigar e informar sobre los hechos ocurridos", según consta en el pedido de ampliación de la imputación de la querella. Deberán responder por lo delitos que cometieron en el ejercicio de un cargo de gobierno, y no militar. El caso de Reynaldo Bignone demuestra que una función no subsumía a la otra, porque ocupó la presidencia sin ser comandante en jefe.

En un intento de anticiparse y evitar la polémica sobre la "cosa juzgada", los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, David Baigún y Alberto Pedroncini consideran que "la responsabilidad penal del Presidente de la Nación no fue examinada en la causa 13, más conocida como Juicio a las Juntas, y por consiguiente tampoco fueron juzgados los delitos que hubieren cometido quienes desempeñaron tal cargo". El requerimiento del fiscal incluirá también argumentos en este sentido, además de numerosa bibliografía sobre causas similares --pasadas y en trámite-- y sobre legislación internacional en materia de derechos humanos.

Con este nuevo enfoque también se intenta eludir los futuros planteos sobre la jurisdicción, y evitar que la competencia pase a otro juzgado. Según el abogado Baigún la jurisdicción está dada por el lugar en donde se cometieron los delitos y por la calidad que tiene el personaje, es decir, miembro del Poder Ejecutivo que tiene su sede en la Capital Federal. El criterio sería que los hechos ocurridos en Campo de Mayo pertenecen a la provincia y los que tuvieron lugar en la ESMA debieran ser juzgados en Capital. Para descartar que pueda entender un tribunal militar en los hechos, la fiscalía apelará a los tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales son parte de la Constitución Nacional, y establecen que no hay jurisdicciones especiales para juzgar delitos de lesa humanidad. Queda al margen especialmente la militar.

Durante la campaña electoral del año pasado, que culminó con un resonante éxito en las urnas, la Alianza apuró unas definiciones que fueron popularmente bautizadas como el "Pequeño Machinea Ilustrado": respeto de la convertibilidad y las privatizaciones, y mantenimiento de la apertura económica y de la disciplina fiscal. Este compromiso, reiterado por sus máximos dirigentes en diversas ocasiones --y que seguramente no será desmentido por la próxima aparición de las "Bases para un programa de gobierno" de esa agrupación--, revela un propósito de continuidad.

En otro cuadrante, en cambio, se ubica la polémica entre el gobernador Duhalde y el presidente Menem. El primero sostiene que "el modelo está agotado por exitoso" y que debe sobrevenir "un nuevo modelo más social". en este caso lo que se revelaría es un propósito de ruptura. El segundo, en cambio, sostiene que no hay ningún agotamiento y defiende integralmente su gestión.

Si uno se deja llevar por las formas, esta polémica sobre modelos se vuelve engañosa: sugiere discontinuidades y permanencias que, en realidad, no son tales y alimenta semejanzas que tampoco lo son. Es evidente que Duhalde y la Alianza aluden a distintos planos. El gobernador usa el concepto de modelo enfatizando el aspecto social. Y el compromiso de la Alianza remite al plano macroeconómico. Por otra parte, la similitud --por continuistas-- entre el Presidente y la coalición opositora es insostenible. Puestas así las cosas, la discusión sobre modelos se muestra más como un bochinche polisémico que con una cuestión sustancial.

Desde que la globalización sentó definitivamente sus reales el mundo entero asiste --diríase que estupefacto-- a un espectáculo reiterado: el éxito económico no viene acompañado de progreso sino al revés, de deterioro y exclusión social. Campea por doquier, irreductible, la antinomia competitividad/inclusión. Frente a este dilema de hierro, todos los actores deben fijar posiciones. La coalición opositora --que ha sido la natural receptora y vehiculizadora de la protesta social-- elige reforzar su perfil económico. El gobernador, que hereda una gestión que llegó a ufanarse de estar practicando "cirugía mayor sin anestesia", debe convencer de que también tiene sensibilidad social. Y el Presidente defiende in toto su gobierno. Con estas puntualizaciones, la política recupera inteligibilidad y la polémica sobre modelos se desnuda: uno ejerce la autodefensa y el otro procura eludir algunos gravosos costos de la sucesión.

* Vicerrector de Posgrado - Universidad Nacional de Quilmes.

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