Veinticuatro horas después de la masiva marcha obrera por las muertes en accidentes de trabajo y del consenso en Diputados para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo, las empresas aseguradoras salieron a decir que también quieren el cambio de esa norma, pero advirtieron a los legisladores que "si vuelven a aumentar los costos laborales, aumentará la desocupación". En una conferencia de prensa, los representantes de las dos cámaras que nuclean a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) rechazaron de plano uno de los puntos en que los diputados se pusieron de acuerdo: la derogación del artículo que les impide a los trabajadores iniciar juicios civiles contra las empresas por los daños sufridos en el empleo.

Las ART salieron a expresar su posición después de la ola de críticas que cosechó el sistema a dos años de su implementación, tras la seguidilla de muertes de operarios en accidentes de trabajo. Legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en que la ley no estimula la prevención sino que la desalienta y, para colmo, los trabajadores afectados por accidentes tienen limitada la posibilidad de acceder a una indemnización razonable.

Jorge Ferrari, presidente de la Cámara de ART, admitió que "las muertes en accidentes de trabajo no se han reducido", y atribuyó la elevada cantidad de episodios de este tipo a que "vivimos en una sociedad que no tiene cultura de la prevención". El empresario informó que en estos dos años las ART han inspeccionado "a cientos de miles de empleadores, exigiendo mejoras en las condiciones de seguridad".

La Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo obliga a las aseguradoras no sólo a hacer este tipo de sugerencias sino a denunciar las irregularidades detectadas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Una fuente empresaria reveló a Página/12 que esto es virtualmente imposible de cumplir: "Tendríamos que denunciar a toda nuestra cartera de clientes", admitió.

En lugar del sistema de denuncias y penalización por medio de multas, los empresarios proponen un régimen de castigo económico a los clientes con mayores índices de siniestralidad, a quienes se aplicarían mayores primas. "Para eso es necesaria la creación de un registro de siniestralidad, que permita saber cuáles son las empresas más inseguras", dijo Ferrari a Página/12. Ese es uno de los ejes del proyecto que los aseguradores tienen en elaboración y pretenden consensuar con las cámaras empresarias y con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Los popes de las ART pusieron el grito en el cielo porque el consenso alcanzado en Diputados amenaza con restringir un negocio que recauda unos 1000 millones de pesos por año en concepto de contribuciones patronales. También se quejan porque no forman parte del Consejo Consultivo Permanente --integrado por las cámaras empresarias, los gremios y la SRT--, que hace el seguimiento del sistema y le introduce modificaciones, como la que elevó el límite indemnizatorio de 55.000 a 100.000 pesos.

La Comisión de Legislación Laboral de Diputados acordó consensuar los 19 proyectos presentados hasta el momento y preparar en dos semanas un proyecto, que sería tratada sobre tablas. Esa iniciativa no sólo eliminaría los topes y volvería a permitir los reclamos por la vía civil, sino también que las indemnizaciones se hagan en un pago único y no en cuotas, como lo establece la ley; ampliar la lista de enfermedades profesionales; quitarles a las ART la atribución para determinar grados de incapacidad y establecer sanciones penales severas a las empresas que no cumplan con las normas de seguridad. Las aseguradoras, en contrapartida, advierten que una reforma de ese tipo significaría "volver atrás, a la industria del juicio".

PRINCIPAL