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Por Adriana Meyer  El fiscal federal Eduardo Freiler solicitó la imputación
de los integrantes de la primera Junta Militar de la dictadura, Jorge Rafael Videla y
Emilio Eduardo Massera, en la causa por la sustracción de los hijos de los desaparecidos
que iniciaron las Abuelas de Plaza de Mayo. El representante del ministerio público
consideró que "fueron los responsables máximos del poder político del gobierno de
facto, que proporcionaron a través de su acción gubernamental el andamiaje
político-administrativo imprescindible para el éxito e impunidad del sistema represivo
implementado". Es decir que cometieron el delito de otorgar impunidad. El pedido de
imputación alcanza también a Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, miembros de la
tercera y cuarta Junta Militar, respectivamente. Cuando comience la etapa de las
declaraciones indagatorias serán citados por el juez Adolfo Bagnasco y --de haber
permanecido con vida-- la solicitud hubiera alcanzado al ex brigadier Orlando Agosti,
quien protagonizó con Videla y Massera el golpe de Estado de 1976.
"Este ministerio público siente que no está solo, que es toda la sociedad la que se hace presente hoy en este proceso por ser la comunidad de los seres humanos la agraviada por este tipo de crímenes", escribió el fiscal Eduardo Freiler en su requerimiento, antes de solicitar que se amplíe la imputación a Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, por su posible responsabilidad como miembros de la Junta Militar, órgano máximo de la estructura de gobierno instaurada a partir del 24 de marzo de 1976. La responsabilidad de Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone debería ser evaluada también en su condición de ex miembros de la Junta Militar, porque continuaron la acción de gobierno de Videla, "con el sistemático ocultamiento de la situación de los desaparecidos mediante la remisión a los jueces del país de informes falsos y frustrando los recursos de hábeas corpus presentados", con lo cual serían penalmente responsables en su carácter de presidentes de la Nación de gobiernos de facto. La querella había solicitado que se los impute en tal sentido, pero ayer manifestó su beneplácito porque la fiscalía decidió ir más allá, iniciando el análisis de la cuestión desde el vértice máximo de la estructura de poder político instaurada por la dictadura militar, que --según Freiler-- se halla por encima de la figura del Presidente. En su argumentación Freiler cita la doctrina de Claus Roxin para quien "es necesario contemplar el dominio de la voluntad a través del aparato organizado de poder", en el que el sujeto individual funciona como un engranaje mecánico: si algún ejecutor elude su tarea, otro la completa. El fiscal sostiene que estos ejecutores recibieron la garantía de impunidad que les aseguraba que sus acciones se ampararían en la más absoluta clandestinidad, "para lo cual se adoptó la estrategia de negar la existencia de los hechos ante todo reclamo de cualquier autoridad o de familiares de las víctimas, de evitar la publicación de las noticias relativas a desapariciones de personas o hallazgos de cadáveres, de simular investigaciones (...) y enmarcar todo el asunto dentro de una aducida campaña propiciada por los `subversivos' desde el exterior". En este marco de evaluación de la actuación de los militares en sus cargos de gobierno se abre un gran espectro de posibilidades en cuanto a la imputación de otros funcionarios de rango inferior, que sin haber ocupado un determinado puesto hayan tenido participación en los crímenes que se investigan (ver recuadro). Según manifestó a Página/12 el abogado que representa a las querellantes Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, esa participación no tiene que ver con la comisión de los hechos sino con "haber otorgado impunidad desde sus cargos políticos", y explica dos ejemplos concretos: la ley de autoamnistía que firmó Bignone en setiembre de 1982 y el Informe Final de las Juntas Militares. Este último documento ocultó todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los represores y declaró la muerte de los desaparecidos, incluidos los niños, que son el objeto de esta causa. La fiscalía hizo suyos todos los elementos probatorios de las acciones u omisiones de los posibles imputados: los falsos informes de hábeas corpus, el secuestro ordenado por decreto de las publicaciones sobre desaparecidos, las instrucciones del Ministerio del Interior sobre menores hijos de desaparecidos, las comunicaciones de las Naciones Unidas sobre mujeres embarazadas y niños en cautiverio (36 carpetas con denuncias que Videla no puede desconocer), y el trabajo que realizaron en la Cancillería personas que estaban detenidas en forma clandestina en la Escuela de Mecánica de la Armada. El dictador Jorge Videla ya cumple el arresto domiciliario que le dictó el juez Roberto Marquevich, en otra causa por sustracción de menores. La gravedad de los cargos podría llevar tras las rejas también a Massera, Galtieri y Bignone, pero si la Cámara Federal porteña adopta el mismo criterio que la de San Martín, estos represores jefes también podrán purgar una eventual pena en la tranquilidad de sus hogares porque --al igual que Videla-- todos tienen más de 70 años.
Adivina adivinador La forma en que los hombres de Menem comienzan a intensificar entre sí el pase de facturas (IBM-Banco Nación, venta ilegal de armas y otros) revela que el intestino oficial huele a guerra, ahora que el Presidente tuvo que bajarse de su candidatura y muchos gurkas de su entorno presumen que, a futuro, quedarán sin protección. Es ése un pronóstico equivocado, muy probablemente, siendo que Menem ya juega a la derrota electoral de su partido para adjudicar a los perdidosos el rol de "mariscales de la derrota" y emerger así como el salvador peronista post-'99. Buen sitio, vale acordarse, para obstaculizar citaciones judiciales. Esta misma justicia menemista, sin la cual el modelo económico hubiera sido inaplicable, está conformada por hombres que también se asustan. O mucho más que eso: en su afán por despegarse, son capaces de hacerlo con una determinación de la que, tal vez, no sería capaz algún opositor furibundo. De tal modo, parece más sensata que inimaginable la posibilidad de que varios jueces opten por fugar hacia futuro encarcelando a sus propios padrinos. Hay ya varios síntomas en esa dirección. Y la Alianza podría montarse en tal clima en una primera etapa de su gobierno, para desviar atenciones respecto de lo que, por ahora, es una invisible propuesta alternativa. En este escenario institucional, que aparece con tanta fuerza en los últimos días gracias al renovado brío de los estiletazos de palacio, se suma a los dos que con enorme claridad surgieron tras el "renunciamiento". El político-partidario es uno de ellos. Ortega en campaña desembozada, resucitando las estrofas del "no los voy a defraudar porque yo también fui pobre". Duhalde con su afirmación de un modelo "agotado", a la que echa endulzante apenas el ámbito declarativo muda de tribuna a despacho. Y la Alianza sumergida en sus interminables chicanas, con la sola promesa de una "Carta a los argentinos" que, por lo que se sabe, tiene mucho de manifiesto de buena voluntad y entre poco y nada de puntualidad programática. En el tercer escenario, el económico, el club de los ganadores observa tranquilo lo mediocre del político y lo adaptable, a sus intereses, del institucional. A primera vista es casi perfecto. Imagen de lucha sin cuartel entre variantes partidarias de lo mismo, y eventualidad de corruptos individuales en apuros para calmar el hambre público de ver a algunos enriquecidos tras las rejas. De nuevo, como en esta misma columna se expresara hace pocos días, los acertijos son simples. Excepto que la bronca se organice y las piezas pasen a ocupar lugares que, hoy, parecen inamovibles.
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