"Que no quepa la menor duda de mi inocencia", aseguró ayer a la prensa ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) Ricardo Cossio, después de declarar ante el juez Carlos Liporaci, en la causa que investiga el millonario sobreprecio que pagó la DGI a IBM-Banelco por la informatización del sistema previsional y fiscal. De todos modos, no es a los periodistas, sino al magistrado a quien Cossio deberá convencer de que el monto de esa contratación fue --como él sostiene-- "adecuado" y que las acusaciones en su contra responden a "una operación política". Cinco horas de declaración ante Liporaci no le resultaron, por lo pronto, suficientes: el juez volvió a citarlo para el próximo lunes.

Cossio está imputado en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación al Estado. Su situación se complicó después de ser acusado por varios técnicos de la DGI que aprobaron los contratos con IBM-Banelco. La fiscalía sostiene que en esa contratación hubo irregularidades que van desde falta de un estudio preliminar sobre los servicios necesarios para la informatización del sistema previsional y fiscal, hasta la inexistencia de evaluación de las ofertas. Las sospechas que pesan contra Cossio llevaron ya en junio pasado a que Liporaci lo citara a prestar una declaración indagatoria, que el funcionario debió ampliar ayer.

Como entonces, Cossio volvió a declararse inocente al salir de Tribunales y dijo ser víctima de "una operación política", cuyos promotores no identificó. "No hubo affaire alguno DGI-IBM. Si hay algún contratista que ha incumplido los impuestos o ha hecho cosas que no correspondan, es otro problema, pero nada tiene que ver con el comportamiento de los funcionarios de la DGI vinculados con este contrato", sostuvo.

Cossio negó la existencia de sobreprecios. Consideró, por el contrario, que "la cifra que se pagó era conveniente para el desarrollo de la prestación que se tenía, sin ningún tipo de dudas" y comentó que "para evitar cualquier tipo de suspicacia he pedido una pericia internacional de firmas absolutamente insospechadas para que demuestre que esto efectivamente ha sido así". Y enfatizó: "Los funcionarios de la DGI que me acompañaron ni yo cometimos ninguna clase de ilícitos".

Pero una cosa es lo que se dice en la puerta de Tribunales y otra, probarlas adentro. Fuentes vinculadas con la tramitación de la causa afirmaron a Página/12 que las cinco horas que Cossio declaró ante Liporaci "no alcanzaron para llegar a lo medular del asunto". Por esa razón, el juez dispuso continuar el interrogatorio al ex titular de la DGI el próximo lunes a partir de la 11 de la mañana.

Los dos contratos informáticos sujetos a investigación fueron autorizados por un decreto de necesidad y urgencia que el presidente Carlos Menem en firmó 1993. En marzo del '94 se presentaron dos ofertas, una de IBM-Banelco por 425 millones y otra de SHL (Canadá) por 188 millones. La DGI le adjudicó el contrato a IBM-Banelco por cuatro años y en 1995 amplió su alcance a la recaudación y fiscalización de impuestos nacionales, por una suma adicional de 88 millones de pesos. IBM, a su vez, designó a Consad como subcontratista principal, empresa que cobró 10 millones de pesos sin que pudiera justificarse ninguna contraprestación hacia la DGI. Los convenios fueron cancelados por ese organismo en abril de este año. Para entonces Cossio ya no era titular de la DGI, sino secretario de Ingresos Públicos bonaerense, cargo al que renunció en junio pasado tras reconocer que se sentía acorralado por el escándalo.

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