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Por Daniel Creamer Desde Quito
Jamil Mahuad asumió ayer como nuevo presidente de Ecuador y en una entrevista exclusiva tocó los puntos principales de lo que será su gobierno, desde la solución del conflicto limítrofe con Perú hasta el paquete económico con el que pretende sacar a su país de la crisis actual. --¿Va a continuar con la misma política de negociación con Perú que ha mantenido el presidente saliente Fabián Alarcón? --Las negociaciones han avanzado mucho con el apoyo de los países garantes (Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile). Considero que no importa quién firme, sino qué es lo que se firma. Es el momento de conocer el alcance de las negociaciones. Si se llega a firmar traerá incentivos para la paz, proyectos de más de 3000 millones de dólares para desarrollo de zonas fronterizas: riego, vías, proyectos de agua potable, escuelas. Adicionalmente está el valor ético de la paz: que no haya guerras ni muertes o mutilados. Por eso hemos apoyado la búsqueda de la paz con dignidad, una paz duradera, justa y permanente, que recoja las aspiraciones de ambos países y zanje de manera definitiva este conflicto. --¿Cuáles son los principales lineamientos de su programa de gobierno? --El principal problema de Ecuador es la pobreza, que tiene nombre y apellido. El 60 por ciento de la gente vive en una economía angustiosa, como consecuencia de la inflación y la devaluación monetaria. El gobierno dedicará sus esfuerzos para que el nivel de vida mejore. Nuestra propuesta es una gran reforma en el campo educativo y en el de la salud pública. Pretendemos crear 900.000 puestos de trabajo en obras públicas. Con educación, salud y trabajo, la gente pobre puede superarse. Sin embargo, el déficit fiscal imposibilita que el gobierno genere empleo, ya que no hay recursos. La solución es la inversión extranjera, con reglas del juego claras, presentando solvencia, seriedad y organización en el país. Creo en un Estado controlador, normador y regulador, ya que como administrador resulta negativo. Esta inversión se destinaría a la construcción de un nuevo oleoducto para crudos pesados, que costará 400 millones de dólares, a la ejecución de varios proyectos hidroeléctricos, a la explotación del gas en el golfo de Guayaquil, con una inversión de 200 millones de dólares, y a la reconstrucción vial de la costa, por un valor de 1400 millones de dólares. A esto habría que sumar las telecomunicaciones, que tienen que ser privatizadas, especialmente la telefonía.
--¿Cómo piensa enfrentar los problemas derivados de la turbulencia política y de los escándalos de corrupción? --Existe una aguda pérdida de los valores en Ecuador. Es verdad. Pero en este período es mejor subrayar el tema de las oportunidades. Creo que esta nación será en menos de una década un país en crecimiento, que le ofrezca posibilidades a la juventud, y no la desesperación de hoy. Los esquemas de administración del Estado tendrán una diferente distribución de responsabilidades entre los sectores públicos y privados.
--Hoy en día no es fácil hablar de ideologías determinadas. ¿Cómo define su pensamiento político en estos momentos? --Yo soy un democristiano. Creo en la economía social de mercado. Por mi formación jesuitica llevo enraizada la doctrina social de la Iglesia y la opción preferencial por los más pobres. Creo en un Estado que se maneje más bien con criterios de derecha en todo el tema económico y con criterios de izquierda en todo el tema social.
--¿Considera que Ecuador actualmente es ingobernable? --La gobernabilidad en Ecuador siempre ha sido complicada. Tenemos algunas ventajas: somos un gobierno legítimo, ganador de un proceso electoral limpio, y contamos con un equipo muy bien armado, gente muy preparada y honesta. También tenemos desventajas: un Congreso muy fraccionado y una cultura política ecuatoriana que lleva a la gente a oponerse por principio al gobierno.
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