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Por José Natanson  Faltaban tres horas para que la Alianza presentara la Carta a
los Argentinos. El documento ya estaba preparado. La prensa ya había sido avisada. El
personal del Hotel Bauen, en donde se realizó el acto, estaba terminando de colocar las
trescientas sillas. Ahí fue cuando se quejó Oscar Shuberoff. El rector de la UBA exigió
la eliminación de la frase del documento que recomendaba a un futuro gobierno de la
coalición "la consulta permanente a los sindicatos docentes para la elaboración de
la política educativa". Para evitar discusiones, el Grupo de los Cinco aceptó
borrar el artículo. Pero esta no fue la única objeción. Sin éxito, Shuberoff ya se
había opuesto a dos párrafos, a los que consideró "un atentado contra la
Universidad de Buenos Aires". Si bien todas las fuentes consultadas coincidieron en
que las discrepancias fueron "a nivel transversal", Página/12 pudo establecer
otros roces --en el capítulo económico y en el social-- que surgieron a lo largo de los
seis meses que duró la elaboración de la Carta.
En el acto realizado el lunes, los jefes aliancistas destacaron la armonía con la que se trabajó en el documento que sintetiza las principales propuestas para un futuro gobierno de la Alianza. "No existieron discrepancias, sino una sumatoria de aportes", señaló el jefe de Gobierno porteño Fernando de la Rúa. "No hubo grupos del Frepaso y de la UCR que se reunieron por separado y que luego se sentaron a discutir los resultados. Se trabajó de manera armónica y en conjunto", explicó el ex presidente Raúl Alfonsín. La figura clave, además del ex presidente (el coordinador general del Instituto Programático de la Alianza), fue el diputado Dante Caputo. "Hizo un trabajo extraordinario, que ya había realizado para Alfonsín en la campaña de 1983: se encargó de sintetizar los aportes de los 22 técnicos y de las 31 comisiones y las 45 fundaciones que participaron", explicaron fuentes de la UCR y del Frepaso. La única en admitir que se generaron "algunos chisporroteos que llevaron a la fecundidad del trabajo" fue la diputada Graciela Fernández Meijide. Uno de los miembros del IPA explicó ayer a este diario que el capítulo más discutido fue el educativo. "Shuberoff presionó para bajar el artículo sobre la consulta a los sindicatos y dijo que con las organizaciones gremiales no hay nada para discutir a nivel pedagógico", explicó el dirigente, quien luego agregó que "le hicieron caso porque es un hombre de enorme poder dentro de la UCR". Shuberoff ya se había opuesto infructuosamente al apartado 66, titulado "Programa de Reordenamiento del Sistema Universitario Nacional". Este párrafo --calificado de "atentado contra la UBA" por el rector-- sostiene la necesidad de equilibrar el sistema, para que no haya universidades con 3 mil alumnos y otras con 180 mil, como la de Buenos Aires. "Sin vulnerar su autonomía, tenderá a corregir las distorsiones en el sistema universitario" adecuando las instituciones a un "tamaño crítico", dice el texto. El apartado 50 incorpora "un último año, no obligatorio, de enseñanza media preparatorio para la educación superior". Shuberoff sostuvo que su objetivo es la eliminación del CBC. Fuentes del Frepaso añadieron que otro de los motivos de la posición adoptada por Shuberoff es un pedido de informes, que todavía se encuentra en preparación en el despacho de un legislador de ese partido. La presentación apunta a investigar el manejo del presupuesto de la UBA y sostiene la necesidad de que su rector sea elegido de manera directa y no a través de un sistema colegiado, como ocurre en la actualidad. Pero no fueron éstas las únicas cuestiones que generaron roces. En diálogo con este diario, el economista del Frepaso Enrique Martínez manifestó ayer su rechazo al "trasfondo ideológico" de la propuesta económica. "Cuando se dice que la Argentina crecerá un 6 por ciento anual, se está poniendo una variable macroeconómica, como el crecimiento, por encima del resto de las cuestiones. Yo creo que se debería haber comenzado por analizar la manera de reintegrar el tejido social y la situación de los sectores marginados. Esta es la condición necesaria para avanzar con el resto de los problemas. Hay que empezar por la economía real para luego pasar a la macro. No al revés", señaló. Si bien Martínez no lo nombró, el encargado de coordinar el capítulo económico fue el radical José Luis Machinea, que fue calificado de "excesivamente liberal" por otros miembros del IPA. La propuesta social --elaborada por el sociólogo frepasista Eduardo Bustelo y por el ex ministro de Salud radical Aldo Neri-- también fue motivo de polémicas. "Algunos técnicos, con Machinea a la cabeza, fueron bastante remisos a entender la necesidad de integrar la política económica con otros temas, como la salud y el sistema previsional. Ahí hubo varias discusiones. Los responsables del área social querían una profundización del rol del Estado, mientras que los economistas explicaron que no hay que sobreofertar", sostuvo uno de los miembros del IPA.
Los que llegan tarde Dos de los tres últimos gobiernos argentinos terminaron muy pero muy mal porque, cuando iniciaban su gestión, no supieron prever los cambios climáticos que pronto transformarían no sólo el país sino también buena parte del resto del planeta. En 1976, los militares no imaginaban que pocos años después ni siquiera Estados Unidos les perdonaría la violación sistemática de los derechos humanos de personas sindicadas, conforme con el esquema maniqueo de la época, como "marxistas" o, para evitar malentendidos, "subversivos". Asimismo en 1983 los radicales no sospechaban que el mundo estuviera por hacerse "neoliberal" y que por lo tanto su política económica resueltamente tradicional estaba condenada de antemano al fracaso más completo. ¿Y el tercer gobierno, el menemista? Todo hace pensar que, detalle más, detalle menos, compartirá el destino de sus antecesores inmediatos: caerá víctima de su propia miopía. Diez años atrás, cuando los menemistas festejaban su conquista del poder, la corrupción era un tema secundario, pero, por mucho que les duela, hoy en día parece fundamental. Con razón o sin ella, el FMI, los gobiernos de los países ricos encabezados por el norteamericano y, cada vez más, la oposición local están atribuyendo una proporción creciente de los males sociales y económicos de los diversos países a la codicia sin límites de sus gobernantes, lo cual quiere decir que bien antes de fines de 1999 el presidente Carlos Menem y sus amigos se encontrarán en un brete no tan distinto del ocupado por los uniformados cuando la dictadura se desmoronaba. Un presagio de lo que les espera es la voluntad de ciertos periodistas de preguntarle a Menem sobre los pormenores borrosos de su contabilidad personal y lo difícil que les es articular respuestas coherentes. Se trata del comienzo de un acoso que parece destinado a continuar intensificándose. Por cierto, no serviría para frenarlo la difusión de la célebre "declaración jurada" que Menem mantiene bajo llave: si su fortuna al asumir era magra, no podrá explicar sus gastos personales posteriores, si era colosal, tendrá que aclarar cómo se las ingenió para conseguirla. Con toda probabilidad, este asunto, íntimamente vinculado con los escándalos protagonizados por tantos personajes que en un momento u otro han integrado el entorno presidencial, constituirá la próxima obsesión mediática ya que la única alternativa posible, la supuesta por los pros y contras del "modelo" --variante preferida por el una vez más "sucesor natural" de Menem--, es demasiada compleja como para desatar las mismas pasiones.
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