Esta mañana la justicia federal hará efectiva la decisión de desalojar al grupo de jóvenes de los galpones de Wheelwright y España. Habrá resistencia pero "evitando que medie la violencia".
En el transcurso de la mañana de hoy la justicia hará efectivo el exhorto destinado a desalojar a los más de 20 jóvenes que desde hace casi dos años habitan los galpones de Wheelwright y España. A la espera de que se haga concrete el pedido del ENABIEF (ente residual de Ferrocarriles Argentinos), los Okupa advirtieron que van a resistir "pacíficamente" el desalojo. La orden, que llegó al escritorio de la jueza federal Silvia Aramberri a fines de la semana pasada, emanó de la Cámara en lo Contencioso Administrativo a cargo del juez Sergio González de Buenos Aires, donde actualmente se encuentran radicadas todas las causas vinculadas con los bienes residuales de los ferrocarriles nacionales. Mientras los Okupa aguardan el inminente arribo de la policía, la Municipalidad �con algunos de cuyos representante los jóvenes mantenían conversaciones desde hace más de un año y medio en busca de una salida consensuada� brilla por su ausencia.
Pasadas las cuatro de la tarde de ayer, la responsable del juzgado federal N§ 1 Silvia Aramberri �acompañada por un delegado de la Policía Federal en Rosario� se hizo presente en los galpones de la ex estación Rosario Central para notificar a los Okupa acerca de los alcances de la medida que "seguramente se implementará en las primeras horas de mañana (por hoy)". En la reunión, a la que además de la representante legal de los Okupa asistieron representantes de los organismos de derechos humanos, fue notoria la ausencia de Ubaldo Modarelli, el director de Control Urbano municipal, quien desde el inicio del conflicto se ubicó como la voz autorizada para negociar en el tema.
Pese a que la actitud consensuada de los jóvenes será la de resistir el desalojo "evitando que medie la violencia", los Okupa barajaron salidas alternativas como la presentación de un recurso de amparo, una solución poco viable debido a la presencia de una orden judicial. "Legalmente ya no hay nada más que hacer �apuntó María Isabel Maidagán, abogada patrocinante de los Okupa�. Ellos van a resistir el desalojo, pero eso ya es una decisión que excede el marco judicial, y todos saben que si deciden quedarse se les puede iniciar acciones legales en su contra".
En tanto, para los Okupa "lo que hay que destacar es que la municipalidad se lavó las manos en este asunto. Durante un año y pico estuvimos negociando de buena fe con funcionarios de segunda línea creyendo que el dueño de los galpones era el municipio. No sabíamos nada de esto hasta que un día cayó una delegación del juzgado federal argumentando que había un juicio de desalojo impulsado por el ENABIEF. Mientras tanto, nos hicieron pasear por decenas de oficinas, ofreciéndonos incluso otras alternativas, intentando negociar que nos mudáramos a otros lugares".
Maidagán explicó a los jóvenes que "el hecho de que la municipalidad se haya arrogado derecho de propiedad sobre un inmueble que no tenía, de ninguna manera frena una medida de desalojo iniciado por el ENABIEF, que efectivamente ha demostrado ser el propietario; podrá haber algún tipo de responsabilidad penal pero eso no tiene nada que ver con el desalojo". En este sentido, Mariana Hernández Larguía, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, insistió en que "éste es el resultado de todo un manejo político que ha tenido la municipalidad en su intento por avanzar sobre este espacio que no le pertenece para instalar la Casa del Tango" y apuntó que "la decisión de los chicos de resistir o no el desalojo es una posición ideológica que debe ser respetada. Cualquiera sea la elección, nosotros la acompañaremos".