|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Mariana Carbajal  "Gómez me dijo: 'Los detalles se los va a dar mi
secretaria' y se retiró de su despacho oficial. La mujer nos llevó a la confitería
Opera. Allí me dijo: 'Quédese tranquilo, esto se va a arreglar. El número que le voy a
dar es inamovible. Son 90 mil pesos. Los primeros 45 mil cuando usted esté decidido. Con
ese dinero le levantamos la clausura y así puede trabajar. Veinte días después tiene la
habilitación terminada y en ese momento nos completa los otros 45 mil'. Ella me aclaró
que los pagos tenían que ser en efectivo, sin cheques ni documentos, en la escribanía
particular del escribano Gómez, en la calle Perón. Y que yo debía mantener absoluta
reserva, si no nunca más iba a poder volver a trabajar." Con estas palabras, el
empresario Emanuel Fumarola describió a Página/12 los detalles de su acusación
por coima que terminó con la detención, el martes, del escribano general del Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, Jorge Gómez, y de su asistente, María Rita López.
"Cuando escuché a la mujer casi me caigo de espaldas. Le expliqué que no tenía dinero y ella se ocupó de sugerirme que opere con un banco para conseguirlo", recuerda Fumarola, de 65 años, todavía sorprendido por la propuesta de la secretaria de Gómez, que ante el empresario siempre se identificó con el sobrenombre de Maruja. Aquel encuentro fue el día 26 de junio, el día en que Argentina jugó contra Croacia por el Mundial de Fútbol. "Maruja me dio el teléfono de su radiomensaje para que la llamara cuando me decidiera. La volví a ver dos veces más, en la misma confitería de Callao y Corrientes. Yo no tenía intención de pagar pero quería saber cómo venía la mano", aclara el empresario. Está en una de las oficinas del primer piso de su fábrica de conductores eléctricos Fumalux. La planta funciona hace 18 años en Sanabria 2248, en el barrio de Floresta, y como le iba bien dos años atrás decidió ampliar sus instalaciones en un predio de 1200 metros cuadrados, a 80 metros de allí, en Lescano al 4300. Dice Fumarola que por la demora en la habilitación de este anexo --que desde el 9 de junio está clausurado-- se topó con el escribano mayor de la ciudad. --¿Cuándo inicia el trámite de habilitación de la planta nueva en la subsecretaría de Industria? --En 1996, cuando adquirimos el predio de Lescano. Como ya estaba habilitado porque ahí funcionaba una carpintería mecánica y una fábrica de ataúdes, en realidad el trámite lo iniciamos para pedir el cambio de rubro. Como tuvimos dictámenes favorables de las secretarías de Hacienda y Medio Ambiente y Planeamiento fuimos remodelando el local y adaptando la maquinaria. Pero inexplicablemente en mayo de este año derivan al expediente a la Procuración y ahí lo rechazan. Nadie me supo decir en la subsecretaría de Industria cómo fue a parar a esa oficina. Tal vez haya sido parte del show. Fumarola muestra una copia del expediente donde consta un dictamen conjunto de los secretarías de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente y Hacienda y Finanzas. Dice que se autoriza "a la firma Fumalux S.R.L por aplicación del artículo 5.5.7 del Código de Planeamiento Urbano la localización del uso 'fabricación de cables y alambres con aislamiento' en el inmueble de Lescano 4351/53/69/73". Es decir, da vía libre para la apertura del local. Sin embargo, el 7 de mayo Fumarola recibió en su nueva planta la visita de la Policía Municipal. "Los inspectores traían una notificación contradictoria: en el artículo primero decía que se procedía a la clausura del local por ser un 'uso no permitido' y en el artículo segundo se suspendía esa medida por 20 días. Finalmente el 9 de junio hicieron la clausura definitiva. Ya habíamos empezado a trabajar porque el expediente estaba perfecto. En la Municipalidad me decían que nunca habían visto un expediente tan cristalino como éste". --¿Cómo llegó a ver al escribano Gómez? --Sentía tanta indignación e impotencia que busqué alguien que me escuchara. No podía entender por qué no me dejaban trabajar. Un señor --no voy a decir el nombre--, me sugirió que hablara con Gómez y me hizo el contacto con él. Este contacto me acompañó a verlo. Yo no lo conocía. Cuando lo voy a ver a su despacho oficial Gómez ya estaba muy al tanto del tema. Me dice que yo tengo dos problemas: por un lado la clausura y por otro la habilitación. Y después de explicarme cómo debo hacer el tramiterío para solucionarlos, me anuncia: "Los detalles se los va a dar mi secretaria". Y se va. --¿La secretaria presenció la reunión? --Sí. Cuando Gómez se retiró ella me llevó a la confitería Opera, en Corrientes y Callao, donde me pidió los 90 mil pesos para levantar la clausura y conseguir la habilitación. --¿Gómez le sugirió en algún momento el pago de una coima? --No. Parece que la parte financiera no la manejaba él sino ella. Me dio la sensación que la secretaria estaba muy acostumbrada a este tipo de operación. --¿Por qué lo fue a ver al secretario de Gobierno Enrique Mathov? --La verdad es que quise buscar un apoyo político porque quiero seguir trabajando. Según precisó a este diario la abogada María Grisolía, quien junto con su colega Fernando Gamberale representan legalmente a Fumarola, fue ella misma quién solicitó la entrevista con Mathov. "Cuando pedí la audiencia dije que queríamos verlo por un pedido de coima en la Municipalidad", aclaró Grisolía. El funcionario recibió a los tres en su despacho el 8 de julio por la mañana y, luego de escuchar el caso, les propuso hacer la denuncia ante la policía. "Llamó a la División Investigaciones Preventivas de la Policía Federal y a la hora llegó el comisario Silva y un principal, quienes se encargaron de tomar la denuncia. Pero Mathov se fue de su despacho antes", indicó la abogada. --Fumarola, ¿usted mencionó el nombre de Gómez delante de Mathov? --El nombre no. Le conté el hecho, lo que había sucedido. Fumarola no tiene el aspecto de un gran empresario. Luce ropa sencilla, gastada. Ayer, cuando se enteró de la detención del escribano Gómez y su secretaria María Rita López, dice que se alegró profundamente. "Tenía una bronca interna terrible. Llego todos los días a la fábrica a las 5 de la mañana y estoy 14 horas dedicado a mi trabajo, no molesto a nadie, pago todos mis impuestos. ¿Por qué no me dejan trabajar tranquilo? El cierre de la planta me está generando problemas financieros. Ayer pagué 3.222 pesos de luz --por la energía contratada-- y todavía tengo parada la fábrica".
Cómo será el castigo si el juez encuentra
pruebas Por Adriana Meyer
El escribano radical Jorge Gómez y María Rita López, "Maruja", llegaron al Palacio de Tribunales a las once de la mañana. La mujer --sindicada como su secretaria-- se negó a declarar. Una persona vinculada a la defensa de Gómez afirmó que "Maruja" no trabaja en la Escribanía de la Comuna, ni es secretaria del escribano, sino que es una "simple gestora que certificaba firmas". Dijo que el arresto de López habría sido irregular porque la policía habría obligado a la esposa de Gómez a enviarle un radio mensaje a la mujer firmado por el funcionario, pidiéndole que acudiera a la Escribanía General. En ese lugar se secuestraron una escritura hipotecaria a nombre de un familiar de López, y dos agendas pertenecientes a Gómez y López, en las que aparece un Fumarola que no sería el denunciante sino un dirigente radical. El interrogatorio al funcionario comenzó a las cuatro de la tarde. Dos horas después, el juez de Instrucción Héctor Yrimia salió de su despacho y gritó: "Me desalojan el piso o llamo a la Policía Federal, porque no tengo los medios técnicos para evitar que escuchen la declaración". Aunque ningún periodista hubiera estado espiando el trámite judicial, el episodio marcó la tensión que sobrevoló el juzgado durante las cuatro horas que duró el interrogatorio. Y la pregunta que quedó sin respuesta es por qué el magistrado mandó detener a Gómez en vez de citarlo, dado que el delito que se le imputa es excarcelable. Los abogados del escribano, Adrián Maloneay y Julio Virgolini, manifestaron a la prensa que su defendido saldría en libertad en las próximas horas porque el juez resolvería dictarle la falta de mérito. Sostuvieron que en las escuchas telefónicas no aparece Gómez, pero reconocieron que mantuvo una reunión con Emanuel Fumarola. Dijeron que fue una charla "de índole profesional" y afirmaron que duró cinco minutos. Virgolini manifestó que "a veces se utiliza el nombre de algunos funcionarios para justificar ciertos pagos", y agregó que Gómez no tiene ninguna relación con los hechos que se le imputan. El juez Yrimia decidió continuar hoy la indagatoria de Jorge Gómez, quien pasó la noche en la alcaidía de los tribunales de Talcahuano 550, junto a Rita López.
Por José Natanson
De la Rúa fue uno de los primeros en hablar. El precandidato radical a la presidencia dijo que "lo que ocurrió demuestra que el vigor que ponemos en investigar la corrupción va para todos y no hay ninguna tolerancia para nadie". Graciela Fernández Meijide dijo lo mismo. Prometió que en un gobierno de la Alianza la actitud será intransigente con los corruptos. En un principio, Mathov señaló que "lo único que haremos ante la Justicia es averiguar si el juez resuelve el procesamiento de Gómez. En ese caso, desde la secretaría de Gobierno se promoverá su remoción". Horas más tarde, De la Rúa cambió su posición y firmó el decreto por el cual separó al funcionario de su puesto. El cargo que desempeñaba Gómez no lo habilitaba para gestionar el trámite por el que habría sido coimeado. "La Escribanía General no se ocupa de este tipo de cuestiones", señaló ayer Mathov. El secretario sostuvo que los organismos encargados de realizar este tipo de habilitaciones son dos: la Oficina de Registros y Certificaciones y la Secretaría General de Industria. "En la escribanía no se decide nada. Sospechamos que lo que cometió Gómez fue tráfico de influencias. Por eso iniciamos un sumario para averiguar si hay otras personas involucradas", sostuvo Mathov. La causa contra el escribano se abrió el 8 de julio, cuando el empresario Emanuel Fumarola fue al despacho de Mathov para informar que Gómez le había pedido, a través de su secretaria, una coima de 90 mil dólares para habilitar una fábrica de conductores eléctricos. Mathov impulsó la denuncia. Luego de un mes de investigaciones, el martes pasado la policía detuvo al escribano y a su secretaria, María Rita López, en su oficina particular. Luego de pasar la noche incomunicado en el Departamento Central de Policía, Gómez fue trasladado ayer por la tarde al Palacio de Tribunales, en donde declaró durante cuatro horas ante el juez Héctor Yrimia (ver aparte). La detención de Gómez, un dirigente con un apellido ilustre y de larga trayectoria en las filas del radicalismo (ver perfil), golpea de lleno al gobierno de Fernando de la Rúa. En efecto, la denuncia fue aprovechada por el Frepaso para reflotar el Código Etica, una propuesta que la UCR nunca aceptó del todo. "Los partidos pueden tener bolsones o actos de corrupción --sostuvo el diputado Carlos "Chacho" Alvarez--. Lo importante es que no se los combata con mecanismos de corrupción. Nadie puede salirse de una suerte de Código Etico". En diálogo con Página/12, el diputado frepasista Darío Alessandro calificó de "muy buena" la decisión del gobierno porteño de impulsar la denuncia de Gómez y añadió que "de todas formas los radicales tienen que dar una pelea cultural dentro de su propio partido para acabar con este tipo de prácticas corruptas". Su colega Nilda Garré fue más dura. "Este hecho, sumado a otros anteriores, como el caso del (ex presidente del bloque radical en la Legislatura, Lautaro) García Batallán, desnuda la existencia de un aparato con vicios difíciles de erradicar dentro de la UCR".
El Gómez-gate causó enorme revuelo en la
Legislatura Por Santiago Rodríguez "Si el tipo es culpable y sus `doy fe' eran truchos, entonces quiere decir que De la Rúa no es jefe de gobierno". La broma con la que un diputado porteño se regocijó ayer no fue la única repercusión en la Legislatura de la detención del escribano general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Gómez, acusado de haber pedido una coima. Como el radicalismo, el Frepaso destacó la rápida reacción del Ejecutivo en la denuncia del hecho, pero reclamó una "investigación hasta las últimas consecuencias" y advirtió sobre la posible existencia de más funcionarios implicados. Más críticos aún, los bloques opositores atribuyeron el episodio a la "falta de organismos de control" de la administración radical y a la "existencia de un aparato corrupto" en el distrito. Nueva Dirigencia exigió, incluso, una interpelación a Fernando De la Rúa. "Se hizo lo que se debía hacer", dijo a Página/12 Gabriela González Gass, presidenta del bloque radical. "La Alianza debe dar una fuerte pelea para que se entienda que en este tema, como en tantos otros, seremos absolutamente distintos al menemismo", dijo el frepasista Aníbal Ibarra. Abel Fatala señaló, de todos modos, que "Gómez no podía resolver nada sin la complicidad de alguien que tuviera capacidad de firma", porque las funciones del escribano no incluyen la tramitación de habilitaciones. La misma González Gass admitió esa posibilidad. "Cumplir con la ley no es una virtud, sino una obligación", razonó Jorge Argüello, del monobloque Porteño. "La denuncia del Gobierno ante la Justicia está bien, pero tampoco es para aplaudir; si un particular no hubiera denunciado el hecho, acá no se controlaba nada", agregó. Gustavo Beliz calificó el caso de Gómez como "la punta de un iceberg" porque "existe un aparato corrupto que se mantiene en posiciones neurálgicas del Gobierno de la Ciudad". El líder de Nueva Dirigencia recordó que "Gómez, ni más ni menos, firmó el juramento de De la Rúa, quien no controla o controla de manera corrupta". Nueva Dirigencia solicitará hoy la interpelación de De la Rúa. "De ninguna manera nos vamos a prestar a un escándalo cuando fue el mismo Ejecutivo el que denunció el hecho", adelantó a este diario un importante legislador radical. El pedido de interpelación a De la Rúa tampoco será avalado por el Frepaso, que, en cambio, no tiene reparos en citar a Mathov, como reclamó el PJ. El jefe de ese bloque, Guillermo Olivieri, también exigió la creación de organismos de control "porque a De la Rúa hace dos años que nadie lo controla" y consideró "gravísimo" lo de Gómez. "Desde su función --apuntó-- no intervenía en las habilitaciones, por lo que puede haber más implicados. Pero, además, fue designado por De la Rúa como la persona de confianza que da fe de sus actos de gobierno".
|
