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Por Fernando Almirón  El justicialismo logró abortar el proceso de enjuiciamiento
contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, iniciado la semana pasada por la
oposición aprovechando su mayoría circunstancial en la Comisión de Juicio Político de
la Cámara de Diputados. Después de la grotesca derrota política del PJ que enfureció
sin disimulos al presidente Carlos Menem, el oficialismo se dedicó a recomponer sus
fuerzas, limar asperezas internas y negociar una nueva unidad. Elaboraron el dictamen de
la mayoría, firmado por catorce legisladores justicialistas, con el que lograron imponer
ayer en la comisión el rechazo "in limine" de los 16 pedidos de enjuiciamiento
que pesaban sobre los integrantes del tribunal (ver nota aparte). El éxito de la
contraofensiva que lideró César Arias fue posible gracias al reemplazo a último momento
de un diputado de su bancada al que hicieron renunciar pese a que se encontraba de
licencia, al voto arrepentido de Ricardo Bussi, y al apoyo del duhaldismo, que inclinó la
balanza. De todos modos, esto no asegura tranquilidad en la Corte. En cualquier momento,
aseguran los legisladores, pueden ser objeto de una nueva ofensiva.
El justicialismo rechazó ayer "in limine" el pedido de enjuiciamiento contra los integrantes de la Corte Suprema que la Alianza había impulsado la semana pasada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Con 14 votos a favor y 11 en contra, la bancada oficialista logró imponer el dictamen que necesitaba. Y revertir el traspié político que le permitió a la oposición aprovechar la minoría en la que había quedado el PJ para impulsar el procesamiento de los ministros de la Corte sobre los que pesaban 16 pedidos de enjuiciamiento, los que ya no podrán tener tratamiento parlamentario . César Arias, a quien el Gobierno le adjudicó la responsabilidad de lo sucedido la semana anterior, se ocupó de llevar adelante la contraofensiva. El jefe de la bancada justicialista, Humberto Roggero, receptor del espanto que produjo la noticia en Olivos, aprovechó para hacer buena letra y puso al viejo legislador a trabajar en la elaboración de un dictamen de mayoría que rechace lo votado por la oposición. Necesitaban 14 votos y los lograron. Al mismo tiempo, reforzaron las baterías y apuntaron contra el radical Melchor Cruchaga. Lo amenazaron a través de los medios con iniciarle acciones penales por "usurpación de cargo". Cruchaga, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, asumió la conducción del cuerpo cuando su presidente, Arias, abandonó la reunión de la semana pasada. También lo acusan de enviar los oficios a la Corte en los que se solicitan todas las causas denunciadas. "Sólo se trata de presión política", aseguran en el bloque opositor. El encuentro de ayer se inició luego de una reunión reservada que Roggero mantuvo en su despacho con todos los integrantes justicialistas de la comisión, donde se ajustó la estrategia a seguir. Apenas comenzó la sesión en el anexo de la Cámara baja, el oficialismo anunció que el diputado Miguel De Sanctis reemplazaría a sanjuanino Arnoldo Estrada, quien supuestamente habría renunciado a la comisión, aunque en realidad se encuentra de licencia. La autorización para el cambio llevaba la firma del presidente de la Cámara, Alberto Pierri. "Es una práctica común", argumentan sus voceros. El PJ se aseguró así un voto más para imponer el dictamen de rechazo "in limine" al proceso iniciado contra la Corte. Otro que aportó su granito de arena a favor del rechazo fue el hijo del gobernador tucumano, Ricardo Bussi, que la semana pasada se había pronunciado por el enjuiciamiento sin dar claras explicaciones de su actitud, contradictoria con la decisión del partido del ex dictador de aliarse al peronismo gobernante. La votación final se produjo después de cuatro horas de deliberaciones que navegaron las aguas de la interpretación reglamentaria que rige el funcionamiento parlamentario. "Con la votación de hoy concluye definitivamente el expediente central en torno a los pedidos de juicio contra la Corte", informó después César Arias. "Vamos a impugnar la designación de De Sanctis y la votación impulsada por el oficialismo", advirtió por su parte el frepasista Horacio Viqueira, que también se ocupó de señalar al factor que su entender dio vuelta la situación: "Con esto Eduardo Duhalde demuestra que su diferenciación de Menem es una falacia, porque siempre termina apoyando al Gobierno, al que nunca dejó de pertenecer". En una conferencia de prensa llamada a primera hora de la tarde, el diputado Carlos "Chacho" Alvarez terminó de anticipar lo que será la futura política de la Alianza: "Insistiremos con el pedido de juicio político. Estamos convencidos de que no habrá justicia en el país hasta que terminemos con esa vergonzosa dependencia entre la mayoría de la Corte y el poder político que claramente hoy quedó al desnudo".
LOS DUHALDISTAS SE DIERON VUELTA Por F.A.
"Teníamos que asegurarnos la unidad del bloque. Seguir adelante con el proceso a los jueces nos llevaba a la destrucción", argumentaron ayer en el bloque de diputados justicialistas para justificar el apoyo al dictamen que blanqueó a la Corte. "Duhalde es consciente de que una vez que se abre la canilla no se sabe si después se la podrá cerrar", aseguran en el duhaldismo y señalan las consecuencias de un juicio político que podría terminar en un escándalo institucional. Sus hombres, entonces, salieron a reparar la situación. Humberto Roggero disciplinó a sus diputados para que pongan su firma al pie del dictamen de rechazo "in limine". Alberto Pierri se ocupó legalizar el reemplazo de De Sanctis por Estrada, y los bonaerenses Dámaso Larraburu y Norma Godoy aportaron su voto en la sesión. "Este fue un llamado de atención a la Corte", le aseguró a Página/12 un legislador del PJ que integra la Comisión de Juicio Político. Y agregó: "ahora los jueces saben que podemos llegar a tratar los pedidos presentados en su contra, y que el rechazo de hoy (por ayer) no indica que las causas estén cerradas. Si mañana cambia la composición en la Comisión o en el recinto, si se modifican las mayorías, otros pedidos pueden llegar a prosperar". Según un diputado bonaerense: "Duhalde supo aprovechar la veta política. Se diferenció de Menem en las declaraciones, pero terminó salvando a la Corte, a la que ahora tiene condicionada a través de sus diputados".
LOS PEDIDOS QUE FUERON RECHAZADOS
El fallo a favor de la privatización de los aeropuertos por medio de un decreto y las causas conocidas como Cocchia, Chocobar, Sayago, Miara, UOM, Novello, Tortino y Gauna provocaron el pedido de juicio político por parte de la Alianza contra los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez. "El fallo de aeropuertos fue el que marcó un quiebre porque estableció que una norma de menor jerarquía a una ley no puede ser revisada por la Justicia. Le permite a Menem gobernar por decreto", aseguró la semana pasada a Página/12 la diputada Nilda Garré. El caso de los mellizos Miara, donde se imputa a los cinco jueces hacer lugar a un recurso inadmisible sin considerar el agravante de los delitos de retención y ocultamiento de los menores hijos de desaparecidos; la causa de la UOM contra el Estado, en la que se acusa a los miembros del Tribunal de haber declinado el control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia; la prohibición de convocar a elecciones al Gobierno de la Ciudad y la denuncia de fraude de Rafael Novello, apoderado de los UCR, por las elecciones municipales de Avellaneda de 1993 son otros de los fallos que fundamentaron el pedido de la oposición. Además había otras seis demandas presentadas por políticos de la Alianza. Entre ellas las que impulsaron miembros del radicalismo acompañados por el diputado del Frepaso Alfredo Bravo contra Adolfo Vázquez y Guillermo López por "mal desempeño en sus funciones". La lista también contenía expedientes no introducidos por miembros de la Alianza: dos fueron presentados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, siete por particulares patrocinados por Marta Edith Querequeta y uno por el abogado Ricardo Monner Sans.
El Colegio de Abogados acelera su propio juicio
Por Irina Hauser El rechazo del oficialismo al pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia promovido por los diputados de la Alianza fue rotundo. El dictamen "in limine" deja archivados sin que medie investigación alguna los 17 expedientes presentados en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Para la Alianza, sin embargo, no está todo perdido. Todavía hay una carta por jugar: el Colegio porteño de Abogados, que preside Jorge Bacqué, no demorará más de 15 días en elevar su propia solicitud de enjuiciamiento a los cinco ministros de la Corte que suelen pronunciarse en favor del Ejecutivo.El dictamen que ayer descartó la concreción del juicio político al máximo tribunal de justicia aceleró los trámites del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital, que debe analizar el borrador redactado por una Comisión (asesora) de Juicio Político que coordina Arturo Ravina. El documento provisorio está terminado y cuestiona las actuaciones de los cinco ministros de la Corte que componen la llamada "mayoría automática": Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez. El Colegio los acusaría por incurrir en el delito de prevaricato (promover deliberadamente fallos contrarios a la ley o basados en hechos falsos). "Ya está la decisión firme del Consejo Directivo del Colegio de pedir el juicio político a los cinco miembros menemistas de la Corte Suprema debido a su actitud constante tendiente a favorecer los intereses del Gobierno en sus decisiones constituyendo una mayoría automática", dijo a Página/12 Angel Bruno, vicepresidente de la institución que nuclea a los abogados porteños. "Se está preparando el proyecto para presentar en Diputados", afirmó. Si la iniciativa cobra forma, se convertirá en el pedido de juicio político a la Corte más importante después del de la Alianza. Ya en febrero los abogados porteños habían pedido sin vueltas el juicio parlamentario a Vázquez. "Había dicho que difícilmente juzgaría en contra del Estado, lo que, a nuestro entender, constituía un prejuzgamiento", señaló Bruno. Por entonces, la entidad sostuvo que el magistrado había incurrido en "mal desempeño de sus funciones". Según adelantó Bruno, uno de los puntos en que se basa el borrador elaborado por la comisión asesora del Colegio en materia de juicios políticos se refiere a los recursos de queja que suelen presentarse después de conocerse sentencias negativas de la Cámara de Apelaciones. "Vemos con claridad que, cuando se presentan recursos de queja, la Corte antes de analizar el recurso verifica los requisitos formales. Ante dos casos exactamente iguales sólo acepta los que afectan al Estado y rechaza los que están en su contra", subrayó Bruno. La mayoría de los fundamentos, en tanto, se basan en el análisis de fallos emblemáticos. Estos son sólo algunos ejemplos: * Aeropuertos. El 17 de diciembre de 1997 se autoriza la privatización de los aeropuertos mediante la convalidación de un decreto presidencial de necesidad y urgencia. Según Pedro Kesselman, prosecretario del Colegio de Abogados, "es un fallo que muestra cómo se le concede al Ejecutivo la suma del poder público, con lo que queda claro que las decisiones de la Corte son políticas, es decir, favorables a grupos económicos o al poder político". * Chocobar. En diciembre de 1996 se establece el modo en que el Poder Ejecutivo debe calcular algunos haberes jubilatorios de acuerdo con las posibilidades del Presupuesto nacional. * Cocchia. Se refiere a la convalidación de la competencia del Poder Ejecutivo nacional para derogar todos los convenios colectivos de trabajo relacionados con las áreas marítima y portuaria. * Mellizos Miara. Trámites dilatorios o entorpecimiento de los trámites que realizaba una familia para recuperar a dos niños desaparecidos que habían sido sacados del país por un comisario. Los abogados capitalinos apuntan a analizar el comportamiento de cada ministro y analizar su acción conjunta. Todo indica, según señalaron Bruno y Kesselman a este diario, que hoy ya estarán analizando los pasos a seguir. "El propio rechazo al juicio político que se vio hoy (por ayer), sin análisis ni fundamentos sobre cada expediente, revela un ánimo de proteger a la mayoría de la Corte favorable al Gobierno", manifestó Bruno. Como no hay fundamento judicial que deseche la continuidad de la causa promovida en Diputados, los abogados capitalinos, comandados por Bacqué (quien renunció a la Corte cuando en 1990 se amplió el número de integrantes de cinco a nueve) con apoyo de sectores opositores al menemismo, no pierden las esperanzas. La Alianza tampoco.
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