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 El cuestionado ex
presidente del Deportivo Español Francisco Ríos Seoane sumó un nuevo procesamiento a su
currículum. La jueza María Cristina Bértola lo procesó y dispuso un embargo de ocho
millones de pesos sobre sus bienes, por encontrarlo incurso en el delito de
"defraudación por administración fraudulenta". La causa tiene relación con un
contrato firmado con seis ex jugadores del club, cuatro de los cuales quedaron también
procesados como "partícipes necesarios" de la maniobra, al igual que el ex
secretario de la entidad Jesús Braña. La jueza concluyó que el ex titular del club,
junto con los deportistas Mauro Potenzoni, Sergio Castillo, Gustavo Campagnuolo y Pablo
Guede, acordaron la firma de un "contrato irregular" que permitió a los
jugadores quedar en libertad de acción --previa huelga en apoyo al reclamo dispuesta por
Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)-- provocando "un evidente perjuicio" al
patrimonio de la entidad. Ríos Seoane y los demás implicados siguen en libertad por
tratarse de un delito excarcelable. La jueza dispuso un embargo de un millón y medio de pesos sobre el patrimonio de cada uno de los cuatro jugadores procesados y de cinco millones en contra de Braña. Sergio Castillo jugó en Boca durante el último torneo Clausura y ahora quedó libre. Potenzoni estuvo en Argentinos Juniors y luego se fue a jugar a España, mientras que Campagnolo fue suplente en el Valencia español y ahora regresó al país para jugar en San Lorenzo. Guede sigue en el Gerez de España. Los otros dos jugadores que suscribieron el contrato son Marcelo Pontiroli y Eduardo Fuentes, quienes fueron sobreseídos por la doctora Bértola. Los seis futbolistas quedaron libres el 30 de junio de 1997 por un supuesto "error administrativo" en la cláusula de prórroga del contrato. Por una omisión que parece inadmisible, en el contrato quedó en blanco el lugar donde siempre figura la cantidad de años durante los cuales se prolonga automáticamente la relación contractual. Ante tal situación, los futbolistas reclamaron la libertad de acción al considerar que podían disponer de los derechos federativos que en principio pertenecen al club y forman parte de su patrimonio. En los considerandos del fallo, la jueza sostuvo que las contrataciones permitían "gratuitamente que el club renuncie a un valor importante de su activo, lo que no puede ser permitido, menos en una empresa en concurso" preventivo de acreedores luego de que se declarara la quiebra. La doctora Bértola recordó que los imputados declararon que en los contratos, suscriptos entre junio y agosto de 1996, "no figura la opción de renovación" debido a "un mero error administrativo", atribuido en su momento a una secretaria que fue dejada cesante. Sin embargo, de las mismas declaraciones de los investigados surge --según la jueza-- que las dos partes consensuaron contratos por un año de duración sin derecho a prórroga, renunciando el club a los derechos federativos. Esta situación fue atribuida por Bértola al "irregular manejo que el imputado Ríos Seoane llevaba a cabo en la administración del club y el desquicio administrativo". Todo esto llevó a la jueza a considerar que Ríos Seoane está "incurso en el delito de administración fraudulenta". En la causa, presentada por las actuales autoridades del club, también se investiga el presunto delito de "insolvencia fraudulenta" en el que habría incurrido también Ríos Seoane. La supuesta insolvencia del ex presidente de la entidad es considerada "sugestiva" porque el imputado es "acreedor del Hospital Español y del club por cifras millonarias, pese a lo cual sólo tiene a su nombre una propiedad". En otra causa aparte, la jueza Bértola investiga el crimen de Ignacio Torres, ex dirigente del Deportivo Español que fue quemado vivo en julio de 1994 en un bar de su propiedad ubicado a 50 metros del club. En su momento, Bértola ordenó la detención de Ríos Seoane, quien estuvo dos meses en la cárcel de Caseros luego de una frustrada fuga al Uruguay.
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