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Por Santiago Rodríguez  El juez Héctor Yrimia concedió
ayer la libertad bajo palabra al ex escribano general del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Jorge Gómez, acusado de haber pedido una coima para la habilitación de una
fábrica. La decisión del magistrado marcó el cierre del primer capítulo del nuevo caso
de corrupción que empaña la gestión del precandidato radical a la presidencia Fernando
de la Rúa apenas en el ámbito de la Justicia, porque
en el campo de la política el pase de facturas por el escándalo recién comienza. Y en el centro de ese escenario quedó el secretario de Gobierno porteño, Enrique Mathov, a quien los radicales cuestionan por la forma en que manejó el tema y cuyas explicaciones del caso tampoco convencieron a la oposición en la Legislatura porteña. Gómez fue liberado por la noche en el Departamento Central de Policía junto a María Rita López. Yrimia había dispuesto su detención anteayer tras investigarlos durante un mes por presunto pedido de coima. La denuncia contra ambos fue formulada por el empresario Emanuel Fumarola, quien acusó a ambos de haberle pedido una coima de 90.000 pesos para la instalación de una fábrica en Floresta. Según su relato, el hombre "determinó la forma de pago de la coima", mientras que la mujer "puso el precio". La causa contra Gómez seguirá ahora el lento trámite de la Justicia. Pero los tiempos de la política son otros y ayer se pusieron de manifiesto en la Legislatura porteña, cuando Mathov concurrió a dar a los diputados explicaciones del escándalo. El secretario de Gobierno no fue bien recibido ni siquiera por los radicales, quienes en una reunión previa a su exposición le cuestionaron la forma en que manejó el asunto. "Cómo es posible que sólo él supiera de la investigación y los demás se enteraran cuando detuvieron a Gómez. De la Rúa pagó así un doble costo: por la sospecha de tener un funcionario corrupto y por haberlo mantenido en su cargo durante un mes", comentó a Página/12 un legislador que no está alineado con el jefe del distrito. Las críticas de sus correligionarios en la Legislatura reflejan el malestar que existe con Mathov dentro mismo del Ejecutivo porteño. El desarrollo del caso Gómez exacerbó los ánimos radicales, que adjudican a los "enemigos en la interna partidaria" cada cosa que sale a la luz. Más de uno dice que "Mathov mantiene viejos rencores con Gómez" y otros le atribuyen "desmedidas ansias de poder". En el recinto Mathov tuvo que lidiar encima con la oposición, de cuyas preguntas se escabulló durante las tres horas que estuvo frente a los diputados. El vicejefe de Gobierno, Enrique Olivera, no le dispensó el mismo trato que en otras ocasiones: "No dialogue señor secretario", lo paró en seco en más de una oportunidad Olivera, quien después desmintió haberle ofrecido nada menos que a Gómez la jefatura de su campaña para la Jefatura de Gobierno en caso de que De la Rúa llegue a la presidencia, durante una cena que ambos compartieron el último lunes junto a otros dirigentes de la UCR. Mathov repitió ante los legisladores la forma en que derivó la denuncia contra Gómez a la Justicia y se esforzó en defender la transparencia de la gestión de De la Rúa frente a los legisladores: dijo que desde 1996 se impulsaron 1251 denuncias penales, 1307 sumarios administrativos, 154 traslados y 64 exoneraciones. Pero no los convenció. "Queremos precisiones, no estadísticas", lo increparon los diputados de Nueva Dirigencia, que insistieron con que el de Gómez "no es un caso aislado". Le comentaron de una escribanía de Bernardo de Irigoyen 88 2º "F" que cobra aranceles para tramitar habilitaciones, le recordaron la designación de Marta Scaravaglione en el directorio del Banco Ciudad y le preguntaron si el interventor de la Policía Municipal, el capitán Norberto Varela, estuvo en la ESMA (ver aparte). Mathov tampoco aclaró lo que quiso saber el frepasista Aníbal Ibarra: ¿cómo era que había dado crédito a la denuncia de Fumarola al punto de llamar a la policía a su despacho sin siquiera preguntar las circunstancias del pedido de coima y del funcionario que la pidió? En el Frepaso sospechan que, en realidad, Mathov conocía el hecho y más de uno se lamentó por "no poder asumir el papel de oposición como corresponde". En sintonía con eso, los frepasistas impulsarán un proyecto de ley de ética en la función pública.
DE LA RUA YA ORDENO SUSPENDER A DOS AFILIADOS
DEL DISTRITO PORTEÑO Por Sergio A. Vaudagnotto
Emilio Gibaja, presidente del tribunal, soportó fuertes presiones para que la medida fuera anulada. Un allegado a Scarbaglione y García Montiel dijo a Página/12 que "nunca hubo una sanción en contra de ellos" y otro explicó que "la sanción fue un error y ya no existe". La causa judicial en la que se encuentra involucrado el matrimonio tiene relación con subsidios que habría otorgado la mujer a dos entidades sociales en las que su marido tiene activa participación. El mismo lunes 3, por la noche, los delegados al comité de la Capital por las 28 circunscripciones electorales --García Montiel entre ellos-- tenían prevista una de sus reuniones. Estaban todos en la sede de la calle Tucumán cuando se conoció la decisión del tribunal de conducta. La nota en la que se comunicaba la sanción estuvo en manos de muchos de ellos. El cuerpo partidario finalmente no sesionó, pero el debate ardía en los amplios pasillos. Para unos, se había iniciado "una caza de brujas sin sentido", que "puede ser aprovechada por el Frepaso" de cara a las elecciones internas que tendrán lugar dentro de poco más de tres meses. Para los otros, "no son brujas, sino mercaderes que están vendiendo nuestra historia, y hay que ir contra ellos hasta las últimas consecuencias, porque es lo que está reclamando la gente". Las comillas surgen de la reconstrucción de los diálogos que realizó ayer un veterano dirigente radical en una charla con este diario. El órgano que preside Gibaja está integrado además por Gustavo Soler (vicepresidente), Joaquín Balbuena, Elena Silva, Carlos Méndez, Alberto Conforte, Enrique Arana, Beatriz Ferretti y Olga Lopuszynsky. La votación para suspender la afiliación a Scarbaglione y García Montiel es otro ejemplo de lo difícil que resulta la limpieza que impulsa De la Rúa con el apoyo de Raúl Alfonsín. Cinco de los miembros del tribunal votaron a favor (entre ellos Gibaja y Soler) y cuatro en contra. La entonces concejal habría otorgado subsidios a la Asociación de Amigos del Parque Centenario y a un centro de jubilados en los cuales su marido cumple tareas directivas. La primera ayuda oficial habría sido para la construcción de baños en el parque, obra que nunca se llevó a cabo. La "purga" radical se inició con la expulsión de Walter Berardo y Rubén Garavaglia, en mayo pasado, por el pedido de coima que fue registrado por una cámara oculta. El martes pasado, De la Rúa echó al escribano de la Ciudad, Jorge Gómez (ver aparte). Entre los muchos casos que estudia el tribunal, con el apoyo de la máxima jerarquía partidaria, se cuenta uno que involucra a alguien que también fue edil y otro que alcanza a un legislador porteño. El viejo dirigente que habló con Página/12 repasó los nombres de varios políticos que hicieron de la UCR una fuerza asociada a la "decencia", y luego citó los de algunos de los llamados "punteros", para preguntarse: "¿quiénes son?". "Hay que echarlos ya mismo y adelante los que quedan", dijo.
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