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UN FALLO DICE QUE NO SE PUEDE
SEGUIR INVESTIGANDO EL PASADO En una presentación para saber el destino de una desaparecida, la Corte dijo que no se puede investigar. Por Nora Veiras
El fallo es coincidente con los deseos de las Fuerzas Armadas que habían hecho saber al gobierno su "descontento" por el "nuevo desfile" de sus hombres por Tribunales. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, significa un retroceso "en el camino del derecho a la verdad". A principios del '95, Lapacó, querellante en la causa contra el ex titular del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason por homicidio y privación ilegal de la libertad, le solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional que indague sobre el destino final de su hija y de los demás detenidos-desaparecidos. La Cámara elevó el pedido al Ejército. El secretario de la fuerza, general de Brigada Ernesto Juan Bossi, respondió que "no obran antecedentes, en el ámbito de la Fuerza, respecto de lo que es materia específica del requerimiento formulado". La mayoría de la Cámara se dio por satisfecha con la respuesta y derivó a Lapacó a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La minoría, representada por Martín Irurzun y Horacio Cattani, se opuso a esa argumentación porque está en juego la Convención Internacional de los Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional en 1994. Lapacó apeló el rechazo ante la Corte y en el ínterin el Procurador General de la Nación, Nicolás Eduardo Becerra, se pronunció a favor de la continuidad de la investigación. Con fecha 8 de mayo del año pasado, Becerra señaló que "la falta de compromiso del Poder Judicial con la necesidad de la búsqueda de la 'verdad histórica', sobre todo en relación con episodios de tanta trascendencia ética e institucional, no haría honor a la enorme decisión que ha tomado la Constituyente al incorporar a nuestra Carta Magna, los documentos internacionales de derechos humanos" y agregó que la Justicia "no debe olvidar el imperativo ético de ser solidaria con las víctimas y ello implica buscar las alternativas institucionales más adecuadas para paliar o disminuir su sufrimiento". El dictamen de Becerra abrió una esperanza en los familiares que querían saber la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos. Un mes más tarde, los familiares del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh se presentaron ante la Cámara con el objetivo de conocer el paradero de los escritos inéditos del autor y el destino de las víctimas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Con el pronunciamiento favorable de Becerra, la mayoría de los jueces se avino esta vez a citar a declarar a testigos que pudieran aportar información sobre el operativo, comandado por miembros de la ESMA, que asesinó a Walsh el 25 de marzo de 1977. Haciendo caso omiso del desarrollo de esa investigación, los ministros de la Corte Suprema Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez se atuvieron al dogma y consideraron que indagar sobre el destino de los detenidos-desaparecidos sin la finalidad de comprobar la existencia de un delito y descubrir a los autores no resulta admisible. El fallo en minoría de Enrique Petracci y Gustavo Bossert, en cambio, calificó como "dogmática", "contradictoria" y "carente de sustento" el pronunciamiento de la Cámara y advirtió que "el hecho de que la persecución penal se encuentre clausurada respecto de algunas personas y respecto de hechos que hayan tenido ciertas características no implica, automáticamente, el cierre de la investigación". Antonio Boggiano, uno de los ministros de la Corte que habitualmente se integra a la mayoría automática del Ejecutivo, esta vez marcó sus diferencias y sentenció que Lapacó "tiene derecho a obtener la información que existiera en los organismos públicos".
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