Panorama político
El cartero siempre llama dos veces
Por J. M. Pasquini Durán

La "Carta Abierta" de la Alianza es un ponderable esfuerzo de sus integrantes para ampliar las bases que los mantienen unidos. La oposición al hegemonismo menemista y la reivindicación de la transparencia administrativa del Estado, las dos razones que hasta ahora justificaban la coalición, son insuficientes para gobernar. Aunque los enunciados generales de la "Carta" se refieren al qué, sin especificar el cómo, podrían ser puntos de partida para el debate popular que proponen sus firmantes, con más de un año de tiempo antes de las elecciones presidenciales de 1999.

Si lo hacen bien y abren los oídos, la formulación de un programa de gobierno a partir del "rebote" de opiniones surgidas de la comunidad organizada quizá contribuya a plantar nuevos compromisos entre la política y los votantes. Es preferible, en todo caso, a la consigna hueca -–"Síganme"-- o a las plataformas minuciosas -–"Programa para los cien días"-- que luego se abandonan en el umbral de la Casa Rosada, sin remordimiento alguno. Por otra parte, en una actividad política nacional basada en el canibalismo interno intrapartidario, la proposición de un debate de ideas es, en sí misma, un aliento renovador.

Tomando la palabra de sus auspiciantes, no es un texto cerrado ni tampoco un itinerario definitivo (el cómo) para la gestión de gobierno. Puede ser leído y juzgado, entonces, con la mente abierta por esa doble salvedad. La primera impresión es que se trata de un documento dictado por la extrema cautela, con el indisimulable propósito de agradar tanto a partidarios como a críticos del llamado "modelo" económico.

Los beneficiarios de la gestión economicista de la última década son tranquilizados por la explícita aceptación de algunas variables constitutivas del esquema vigente: convertibilidad, privatización del patrimonio público, apertura irrestricta del mercado nacional al capital externo, déficit fiscal cero. Las víctimas del "modelo" podrán encontrar sus propias coincidencias en el repudio, también explícito, a la masiva exclusión social, la evasión impositiva y la corrupción administrativa, lo mismo que en las buenas intenciones de atender prioridades como la creación de empleos, la reforma educativa, el respaldo al capital pequeño y mediano dedicado a la producción y la promoción de las exportaciones nacionales.

Así expuesto, es un cuerpo de ideas sin ombligo, como Adán y Eva. ¿De dónde viene? Podría argumentarse que responde a las encuestas, pero estos instrumentos de evaluación tienden a reflejar opiniones sobre lo que ya existe, mientras que la política tiene la obligación de diseñar la ruta hacia lo que debería existir. Dicho en plata: en 1991 el ingreso promedio del 10 por ciento más rico de la población fue quince veces superior al de la franja más pobre, pero en mayo último esa diferencia aumentó a veinticuatro veces. Entre octubre de 1994 y mayo de este año, el ingreso del 10 por ciento más pobre de la población cayó 18,3 por ciento, de acuerdo con los datos del Indec sobre distribución del ingreso. La transformación tendrá que redistribuir a favor de los pobres, sacando a unos para darle a otros, por lo cual no se puede quedar bien con todos. Los fondos que hoy se escapan por los desagües de la corrupción y la evasión impositiva serán una parte, si se recuperan, de esa transferencia obligada.

Hay que hacer opciones, y no basta con el carisma mediático o la moderación sin filo. Por más de veinte años, una supuesta racionalidad económica subordinó a la voluntad política, por lo cual la competencia quedó limitada a quien administraba mejor lo mismo. Los recientes casos de corrupción en el Gobierno de la Ciudad muestran que no bastan los relevos de hombres para obtener mejores resultados. Siempre habrá voluntades individuales débiles a la tentación y apartarlas cuanto antes es una buena actitud, pero existen normas y procedimientos que hacen posible la repetición del método subrepticio para eludir los caminos kafkianos de la administración. Sin cambiar esas reglas, la posibilidad del cohecho estará siempre a mano.

Lo mismo sucede con la relación entre política y economía. "El reduccionismo económico, que se traduce en posibilismo político, esto es, en hacer sólo lo que nos permite el poder económico, conduce inexorablemente a la pérdida de poder del Estado y a su subordinación al mercado. En ese sentido, el problema no está tanto en el mercado sino en la fuente de poder del Estado, en la manera en que se construye ese poder", escribió en La Vanguardia el diputado Dante Caputo, encargado de la redacción final de la "Carta". Exacto: para una política reformista, hay que empezar por renunciar al posibilismo y reconstruir dos ideas, la de futuro y la de progreso, que fueron quebradas por ese economicismo cerril. Hoy en día, ocho de cada diez padres no pueden imaginar nada mejor que su propio pasado para el futuro de sus hijos.

Un gobierno reformista no deberá ser rehén de los gurúes de la economía, porque casi todos son intelectuales orgánicos de corporaciones de alta concentración económica. Deberá correr riesgos, porque el riesgo es inherente a la transformación. "Si por moderación entendemos que no se pueden cambiar todas las cosas al mismo tiempo, estamos de acuerdo. Pero no se puede ser moderado en todo y también reformista", afirmó con propiedad uno de los participantes del debate sobre "La política y las ideas", publicado en la última edición de Punto de Vista (agosto/98). De la misma fuente, por demás interesante, alguien reflexiona "si no habrá pesado en esta crisis [del reformismo] el fuerte moderatismo al que nosotros mismos nos sometimos, casi como una especie de castigo de conversos: después de haber pedido la revolución, sólo había que pedir un país normal, donde, simplemente, se eviten las disrupciones. ¿Qué significa un país normal? ¿Normal como qué: como Suecia, como Francia?". Podría agregar: ¿O normal como Nepal, donde la distribución de la riqueza es igual a la de algunas provincias argentinas?

Después de diez años de menemismo, la tarea es muy difícil, porque la fuerza de los oligopolios corporativos se instaló muy firme en los comandos de los destinos nacionales. Para desalojarlo, hará falta una épica de participación popular muy vigorosa, para lo cual son indispensables objetivos de esperanza. En 1989, Menem capitalizó el miedo a la hiperinflación que deshizo al alfonsinismo, supo activar las esperanzas ("revolución productiva", "salariazo") y luego regresó al temor ("voto-cuota") para imponerse. Fracasó en la búsqueda del tercer mandato, porque ya no podía ofrecer esperanzas ni infundir temor, después del 26 de octubre, sin apelar a violencias extremas. Por supuesto, no es fácil definir esos núcleos o símbolos que levantan las olas populares, y la Alianza, al menos en la "Carta", todavía no los identificó.

La cúpula aliancista sabe o intuye que las mayorías son indispensables y tal vez por eso repican sobre la necesidad de lograr consensos muy amplios. Ahora, el consenso no implica anular las diferencias, porque de lo contrario caería con ellas la pluralidad indispensable en la democracia. No puede significar, asimismo, la anulación del conflicto social como una vía posible para repeler políticas retrógradas, defender derechos y ampliar conquistas. Es inadmisible que las corporaciones patronales crean que para competir en el mundo tienen que contar con mano de obra esclava. Lo mismo vale para los gobiernos, como el de Jujuy, que golpean con mano dura y procesan a dirigentes sindicales que salen a la calle a ejercer sus derechos de protesta, sólo porque saben que el Poder Ejecutivo mirará hacia otro lado debido a sus complicidades en los proyectos políticos. Y la legislatura nacional ¿no tiene nada para decir?

Puede ser que en circunstancias como éstas la coalición no reaccione al unísono, pero eso no debería impedir que algunos de sus miembros actúen sus principios y convicciones, en solidaridad con los apaleados y los desprotegidos. Esto mismo vale para las relaciones internas de la coalición. El esfuerzo para encontrar comunes denominadores no implica, de manera automática, que siempre tengan que actuar por unanimidad, pues en ese caso dejarían de ser coalición para realizarse como partido. Es natural que cohabiten tensiones y pensamientos encontrados, sin que ello implique ninguna tragedia ni presagie finales apocalípticos. En la citada edición de Punto de Vista alguien recuerda una fórmula china sobre la actitud de aliados: "Acostados en la misma cama, acarician diferentes sueños".

Si no fuera así, ¿cómo elegir entre Fernández Meijide y De la Rúa? De acuerdo con algunas encuestas últimas, si en la interna de noviembre votaran sólo los afiliados ganaría la candidata del Frepaso, porque sus bases le serían fieles mientras que algunos núcleos radicales podrían saltar el cerco, por disidencias con el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad. Tampoco deberían ocultar las diferencias por temor a que las aproveche el menemismo, ya que los sondeos demuestran que todas las debilidades de la Alianza, ni siquiera la corrupción porteña, no llevan agua a ese molino.

En cambio, ocultarlas detrás de una aparente unanimidad trasluce la sensación de un doble discurso, uno para afuera y otro para adentro. Nada más desprestigiado que ese estilo: el gobernador Eduardo Duhalde lo está sufriendo, porque mientras levantaba una retórica encendida contra el "modelo", para diferenciarse de Menem, no pudo controlar a sus diputados que votaron al lado del oficialismo más ortodoxo para amparar a la mayoría automática de la Corte Suprema. Si no le obedecen los legisladores de su palo, el "candidato lógico" del PJ está mucho peor que sus adversarios. Con este voto, el menemismo volvió a confirmar que no soporta el escrutinio público en ninguno de esos campos, sea la declaración de bienes del Presidente o los expedientes de la Corte.

El tribunal, por su parte, dio otra muestra de su talante con el fallo sobre la causa 450, que no era otra cosa que la búsqueda de la verdad sobre la represión que organizó el Ejército. Ni siquiera la condena y prisión de los represores, razón por la cual tanto la Cámara Federal de la Capital como el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, entendieron a su turno que no entraba en contradicción con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (hoy derogadas) ni con el indulto. Para cinco de los nueve miembros de la Corte "no se advierte el objeto" de la causa. Es comprensible que no adviertan el valor de la búsqueda de la verdad, si tienen que ser cubiertos por los votos oficialistas en el Congreso para que nadie expurgue sus expedientes. Por suerte, las organizaciones no gubernamentales, y los defensores de los derechos humanos, no se rinden a las estratagemas de las facciones partidarias. El Colegio de Abogados insistirá con otro pedido de juicio político y las entidades de Derechos Humanos acudirán a la Corte Interamericana para apelar este nuevo intento de imponer el olvido.

Las políticas públicas requieren ser ventiladas y hay que impedir que el temor al conflicto termine desaguando en procedimientos que de tan discretos se vuelven conspirativos o autoritarios. Las diferencias tienen que notarse en forma y contenido, porque uno de los mayores motivos para el desaliento público, sobre todo para el "voto flotante" de los ciudadanos sin partido, es la opacidad en el trámite de los asuntos colectivos. Aunque parezca obvio, de tanto en tanto conviene recordar que la dirección política no es lo mismo que el directorio de una corporación privada. Que los diferentes sueños que sueña cada uno puedan ser contados a los demás y a la luz del día. Ese también es un procedimiento indispensable para la buena gobernabilidad.

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