PIDEN JUICIO A LA CORTE POR EL FALLO CONTRA LA MADRE DE UNA DESAPARECIDA
Jueces que son derechos y humanos

		La APDH ya anunció que presentará el martes el pedido, en tanto que otros organismos de derechos humanos y legisladores nacionales estarían por sumarse. El fallo que impidió a la señora Carmen Lapacó proseguir la investigación sobre el destino final de su hija desaparecida durante la dictadura podría servir para neutralizar otras causas contra ex represores. También denunciarán el fallo ante la CIDH y la ONU.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) impulsará el próximo martes en la Cámara de Diputados un nuevo pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, porque considera que el reciente fallo del alto tribunal, que cerró la posibilidad de investigar la desaparición de la joven Alejandra Lapacó, es una amenaza para la continuidad de todas las causas abiertas para establecer el destino final de los desaparecidos. Las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos clausuraron la vía de las condenas penales para los represores, por lo cual los denominados "juicios por la verdad" son el último camino para saber qué pasó con las víctimas de la dictadura. Las causas sobre sustracción de menores no deberían afectarse, pero el cuestionado fallo podría convertirse en el instrumento que los represores imputados en ellas utilizarán para negarse a declarar. A este pedido se sumarán algunos legisladores de la oposición y otros organismos de derechos humanos.

Los integrantes de la APDH realizaron ayer una reunión de emergencia para analizar la situación creada por el fallo de la Corte. El dirigente Simón Lázara explicó que el pedido de juicio político incluye al presidente de la Corte, Julio Nazareno; al vicepresidente, Eduardo Moliné O'Connor, y a los ministros Augusto Beluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez, quienes votaron en rechazo a la demanda presentada por Carmen Aguiar de Lapacó para conocer el destino de su hija, secuestrada y desaparecida en 1976, estableciendo que no tiene derecho a buscar datos sobre el paradero de Alejandra en los archivos oficiales. Durante la reunión se analizó la situación creada y su gravedad institucional porque se ven afectados el estado de derecho y los pactos internacionales que fueron incorporados a nuestra legislación a partir de la reforma de la Constitución de 1994.

Los diputados de la Alianza Alfredo Bravo, Elisa Carrió, Jorge Rivas y Melchor Cruchaga también promoverán el enjuiciamiento de los ministros. En los fundamentos se advierte que es "deber indelegable de la Justicia el agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad, y el asegurar a la víctima, y en este caso a sus familiares, una adecuada reparación, por lo que resulta inconcebible que el tribunal encargado de velar por las garantías constitucionales les niegue este derecho". También se hace una comparación con la causa por sustracción, ocultamiento y cambio de identidad de Emiliano Castro Tortrino, hijo de un matrimonio de detenidos-desaparecidos. Esa causa fue declarada prescripta por la Corte Suprema, en abierta violación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño --incorporada a la Constitución Nacional en 1994-- y dio lugar a uno de los pedidos de enjuiciamiento y destitución que el menemismo rechazó el miércoles pasado en la comisión del Congreso.

Tanto la APDH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciarán el hecho ante organismos internacionales, entre ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas. El abogado de Lapacó e integrante del CELS, Martín Abregú, manifestó a Página/12 que la semana próxima el miembro de la CIDH que sigue los casos argentinos, Robert Goldman, visitará nuestro país y le harán el planteo personalmente. En 1992 la CIDH recomendó a los gobiernos argentino y uruguayo --y lo reitera todos los años-- que permita la prosecución de los juicios por la verdad, proponiendo también una reparación para las víctimas. El abogado Jaime Gluzmann, miembro de la mesa directiva de la APDH y del Colegio de Abogados de La Plata, consideró que "el Estado argentino está al borde de ser sancionado. Los tres poderes tienen que resolver qué pasó con los desaparecidos porque las leyes que establecieron la impunidad violaron el Pacto de San José de Costa Rica y no pueden impedir que los familiares de las víctimas busquen información".

Según la agencia DyN, un vocero de la Cámara Federal porteña --donde se tramita el expediente sobre el destino final de Rodolfo Walsh y los secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz-- razonó que "la Corte escribió unos cuantos párrafos que serán letra de los recursos que se vienen, para impedir que se siga investigando no sólo aquí sino en los otros tribunales, como las cámaras federales de La Plata y de Córdoba". Ante este panorama de reacciones hacia la Corte, el abogado Alberto Pedroncini abordó un enfoque diferente. Descubrió que el fallo puede ser un impulso para reclamar al juez en lo contencioso administrativo Osvaldo Guglielmino que dicte su veredicto en una demanda promovida contra el Estado Nacional poco después del indulto de 1990, y reclama dos respuestas concretas: qué hizo el Estado con los desaparecidos en la dictadura y qué hizo por ellos en estado de derecho.

Hablan los abogados de las causas más afectadas por el fallo

"No afecta a nuestra causa"

* María Elba Martínez: "Este fallo no afecta a nuestra causa, porque la "cosa juzgada" ya fue descartada por la Cámara Federal de Córdoba y su resolución está firme. La denegatoria no tiene asidero porque la cosa juzgada no tiene nada que ver con el derecho a de los familiares de la víctima, aunque yo creo que no la hay. La cosa juzgada basada en leyes ilegítimas no tiene efecto. No se va a aplicar el Código Militar, y podemos seguir adelante con el juicio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría merecer el juicio político por prevaricato, porque no aplicó una resolución obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los pactos internacionales que son parte de la Constitución. Nuestra causa abarca los casos de desaparecidos de las diez provincias que integraban el Tercer Cuerpo de Ejército, y está muy avanzada porque cuando vino el indulto estaba por ir a juicio oral".

(* Abogada querellante en el juicio que se sigue en Córdoba por el destino final de los desaparecidos, integrante del SERPAJ.)

* Alberto Pedroncini: "La corte puso un cerrojo y clausuró la búsqueda de la verdad humanitaria por el único camino que nos quedaba. Es siniestro por el daño que hace. Además le niega el derecho a un tribunal penal de seguir investigando, diciendo que si no está persiguiendo a un criminal, no puede hacer otra cosa. Vamos a dar impulso a la única vía que nos queda, que es la causa iniciada poco después del indulto de 1990, en un juzgado del fuero contencioso administrativo en donde le reclamamos al Estado dos respuestas concretas: qué hizo con los desaparecidos en la dictadura y qué hizo por ellos el estado de derecho".

(* Abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, en la causa por sustracción de menores radicada en el juzgado de Adolfo Bagnasco.)

* Luis Zamora: "Si se aplicara el fallo tal como la Corte ha resuelto no le dejará margen a la Cámara Federal de la Capital Federal para seguir investigando el destino final de Rodolfo Walsh, Dagmar Hagelin y los desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz. En esta causa nosotros hicimos desde el comienzo reserva de nulidad, es decir, no aceptamos que queden excluidos los efectos penales, porque no aceptamos la impunidad de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos. La única causa abierta en la cual esta discusión está abierta es la de Dagmar Hagelin, pero la de la Cámara Nacional de Casación Penal".

(* Abogado de Ragnar Hagelin.)

* Ricardo Monner Sans: "Este fallo vulnera el Pacto de San José de Costa Rica que es parte de nuestra Constitución, quiebra el derecho a la verdad tan bien construido por la Cámara Federal. La Corte por mayoría quiere confundir lo no confundible, ya que la Cámara Federal dijo que una cosa es intentar reprocesamientos prohibidos y otra es utilizar los juicios al único efecto del servicio de verdad. Pero además, el fallo de la Corte no es obligatorio, sólo sienta jurisprudencia en ese caso particular, y por razones prácticas los jueces pueden acatarlo, pero no están obligados a hacerlo. Los tribunales inferiores no quedan atados a esta acordada".

(* Abogado penalista.)

* Jaime Gluzmann: Aunque los juicios en curso no se ven afectados, el fallo es aberrante porque se basa en leyes que eximieron de acción penal a los genocidas, en donde no estaba en discusión lo penal, sino la verdad sobre sus víctimas. Por eso es absurdo, es puro cálculo político como expresión de un pacto con los militares que querían una sentencia favorable a ellos porque están molestos por las citaciones. Seguramente fue armado a pedido del gobierno, en virtud del pacto de los que mandan para que la impunidad no sea revisada. La Corte se encargó de cerrar rápido la grieta que estamos abriendo.

(* Abogado de la causa de La Plata, miembro de la mesa directiva de la APDH.)

"La mayor tortura para una madre es ver cómo torturan a su hija"

Por Victoria Ginzberg

"La mayor tortura para una madre es ver a su hija torturada", afirmó Carmen Aguiar de Lapacó, la madre de Plaza de Mayo a quien la Corte Suprema impidió continuar con la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con Alejandra, su hija desaparecida. Lapacó fue detenida junto con su hija, el novio de ésta y un sobrino, y estuvo secuestrada tres días en el campo clandestino de detención Club Atlético. Allí vio por última vez a Alejandra. "Los jueces que votaron a favor de paralizar esta causa son cómplices de los militares", aseguró en una entrevista con Página/12. Lapacó se definió como "una luchadora nata" y dijo que no se va a "dejar vencer".

--¿Cómo se enteró de la noticia del fallo de la Corte?

--El jueves me llamó el abogado del CELS, Martín Abregú, y me dijo que tenía que darme una mala noticia. Al principio dije, '¡bueh!, tantas malas noticias a lo largo de veintiún años...' Pero después empezó a darme rabia, me sentí maltratada. No creo que se le pueda negar a nadie la posibilidad de saber qué es lo que pasó con su hijo. No han sabido leer o no han leído la presentación. Yo no estoy pidiendo el juicio a los responsables --aunque lo quiera-- porque sé que las leyes de impunidad me lo impiden. Que en treinta renglones me digan que no tengo derecho a saber la verdad es una burla. Para mí los que votaron a favor de que se parara el juicio son cómplices de los militares. ¿Por qué quieren ampararlos tanto?

--¿Saber la verdad sería una reparación?

--Nada nos va a reparar, pero tengo derecho a elaborar el duelo y para eso necesito saber lo que pasó.

--¿Cuándo desapareció su hija?

--El 17 de marzo de 1977. Junto con el novio, Marcelo Butti, mi sobrino, Alejandro Aguiar, y conmigo. A la única que dejaron fue a mi madre. Mi sobrino había venido de San Juan a rendir unas materias de Derecho y se iba al día siguiente. Estábamos todos en mi casa cuando aparecieron como 12 personas del Ejército y la policía con armas largas y cortas. Rompieron todo lo que había, tiraron los libros.

--¿Su hija militaba en alguna grupación?

--Yo vengo de una familia de políticos, de manera que en mi casa siempre se habló de política y en ese medio se crió Alejandra. Cuando se la llevaron tenía 19 años, estudiaba antropología y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Los tipos que la secuestraron la encontraban de poca importancia porque le decían 'vos sos un perejil', 'no sabés nada'. --¿Cómo era el lugar dónde usted estuvo detenida?

--Nos llevaron al Club Atlético, un campo de la policía que estaba en el Bajo. Era un galpón largo dividido en boxes, las paredes de cada celda me llegaban hasta las axilas. Estábamos encadenados y nos hacían sentar con la espalda apoyada en la pared de división entre las celdas, pero yo me acostaba boca abajo y me levantaba la capucha que me cubría los ojos. Alcanzaba a ver a Marcelo, que estaba muy torturado.

--¿Alguna vez vio a su hija?

--En un momento dado miré a la celda de al lado mío y vi unos zapatos que, me parecía, eran los de mi hija. Aunque usaba un vestido cuando se la llevaron y en ese momento estaba con pantalones, me dio la sensación de que era ella. Pasé la mano y la toqué. Ella pegó un grito. Yo le dije: 'No te asustes, soy tu mamá'. Nos abrazamos, nos besamos y me dijo que no resistía más la tortura. 'Mamá creo que me voy a morir, no resisto mas', fueron sus palabras. Como ella había gritado, se avivaron y la sacaron de ese lugar. Nunca mas la vi.

--¿Usted fue torturada?

--La mayor tortura es ver a tu hija torturada. Después, cuando venía la noche nos golpeaban a todos con una cadena. También me manosearon.

--¿Reconoció a alguno de los represores del Atlético?

--Al "Turco Julián", o sea Julio Simón. Y a "Colores", que es Del Cerro. Ellos fueron a mi casa. Usaron para vendarnos mis pañuelos de cuello y a mí me pusieron uno de gaza, así que veía todo.

--¿Cuándo la soltaron?

--A los tres días, a mi sobrino y a mí nos dejaron en la Boca, debajo de un camión. En ese momento creí que me fusilaban. Antes de largarme me amenazaron, pero no se dieron cuenta con quién se metían. Me dijeron: 'Si vos hablás, podés tener un accidente automovilístico y no se te ocurra hacer hábeas corpus, si no vamos a tirar el cadáver de tu hija en la puerta de tu casa'. Salí un sábado y el lunes fui a Tribunales a presentar un hábeas corpus. El martes escribí cartas pidiendo entrevistas con Videla, Massera y Agosti. Me llamaron de la Marina. Un tal González --ése no era su verdadero nombre-- tenía mi carta subrayada y me dijo 'Cómo se imagina usted que en la Marina vamos a tener gente detenida. Somos unos señores'. '¿Quiénes tienen los grandes campos? El Ejército'. También me dijo: 'Si su hija es culpable de algo, puede aparecer en una cárcel, si no quizás algún día le toque el timbre'. Yo salí ilusionada.

--¿Alguna vez tuvo otra noticia de su hija?

--Un chico amigo de mi hija que pudo salir me dijo que había tenido un careo con Alejandra y que estaba muy entera. Eso me reconfortó, pero después pensé que él no me iba a decir que mi hija estaba hecha miércoles. En el juicio a los Comandantes declaró que estaba entre unas treinta personas a las que habían trasladado.

--¿Cuándo se inició esta causa?

--Alrededor del '85. Fue contra Suárez Mason porque era el jefe del área. Con la Obediencia Debida y el Punto Final se paró. En 1995 presentamos el pedido para saber la verdad. En el `97, el procurador Becerra aseguró que tengo razón. Eso me dio un poquito de esperanzas... y llegó esta resolución.

--¿Todavía tiene esperanzas de llegar a la verdad?

--Soy una luchadora nata. Me han pasado cosas muy malas en mi vida y no me voy a dejar vencer. Voy a hacer una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Voy a buscar todas las formas legales, el país firmó convenios sobre este tema.

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