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Por Raúl Dellatorre  La Administración Federal de
Ingresos Públicos puso la mira sobre los contadores públicos como posibles instigadores
o cómplices de los delitos de evasión que pudieran cometer sus clientes. Los escribanos
y abogados que participan de esas maniobras también están bajo sospecha. Pero el
organismo que comanda Carlos Silvani no quiere pelearse con los colegios y consejos
profesionales. Previa consulta con dichos cuerpos, elaboró una instrucción interna para
los inspectores de la DGI, en la cual recomienda echar una mirada sobre la responsabilidad
de los profesionales cuando se encuentren con casos de evasión.
El nuevo embate del gobierno por buscar logros en la lucha contra la evasión apunta a encontrar a los autores intelectuales del fraude. "Las empresas que evaden no lo hacen sólo porque quieren, sino que necesitan de algún profesional que les indique cómo hacerlo", razonan en la AFIP. Antonio Lavolpe, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital, señaló a Página/12 que la entidad participó de las reuniones con la AFIP para acordar bajo qué condiciones un contador puede ser considerado partícipe del fraude. "Intervinimos para advertir que no necesariamente se debe suponer que el asesor impositivo o el contador interno es cómplice en todo caso de evasión; previamente hay que establecer en qué casos hay una participación del profesional en el hecho". Como resultado de una serie de reuniones de consulta con los colegios y consejos profesionales de abogados, escribanos y contadores, surgió por consenso la instrucción interna de la DGI, que limita los casos en que se podrá inculpar al profesional. "Si se comprueba el carácter de partícipe necesario, lo que corresponde es hacer la denuncia judicial contra el profesional, al igual que se hace con el contribuyente --explicó Lavolpe a este diario--. No sólo le importa a la AFIP castigar a los responsables, también es de interés de los consejos profesionales que sus tribunales de disciplina intervengan en esos casos y los juzguen". La sospecha de la AFIP es que muchos casos de evasión empresaria responden a estrategias diseñadas por contadores, abogados o escribanos para engañar al fisco. La intención del organismo es penalizar también a los profesionales que colaboren en la evasión y ayuden a disimular el incumplimiento. El compromiso que asumió la AFIP es que cada vez que denuncie a un profesional ante la Justicia, lo haga también ante los consejos profesionales, los que podrían resolver la suspensión o cancelación de la matrícula. Aunque fuentes de la AFIP aseguraron ayer que 21 profesionales de todo el país --entre ellos, seis de Capital Federal-- fueron denunciados hasta ahora por presunta colaboración con evasores, Lavolpe aseguró que el Consejo Profesional porteño "no recibió ninguna denuncia de ese tipo" contra contadores públicos. A partir de ahora, el compromiso es que los inspectores fiscales y los consejos trabajarán codo a codo contra la evasión. Pero para llegar a ello, fue necesario que la AFIP rectificara una instrucción anterior en la cual se hacía referencia a la "responsabilidad solidaria" de los profesionales vinculados con las empresas que hayan cometido el delito de evasión.
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