TRABAJO

  La nueva Ley sobre Riesgos del Trabajo sólo benefició a los empresarios. En dos años de vigencia de esa norma llevan ahorrados más de 8 mil millones de pesos en seguros y, sin embargo, no incrementaron sus inversiones en prevención de accidentes y enfermedades laborales. Por el contrario. El 97 por ciento de los empleadores no cumple con las normas de seguridad e higiene y, como consecuencia, hubo 740 mil accidentes desde que rige la ley, de los cuales 2069 fueron fatales. El constante deterioro de las condiciones de seguridad se verifica en que la cantidad de fallecidos aumentó de 851 en el período julio '96/junio '97 a 1106 en el lapso julio '97/ junio '98. Y sólo en julio de este año fueron 112 los trabajadores que perdieron la vida a causa de las precarias condiciones de seguridad en que desarrollaban sus tareas.

Con la legislación anterior, que regía desde 1915, el empleador que quería ponerse a salvo de cualquier demanda por accidentes de trabajo debía contratar un seguro de riesgo laboral que tenía un costo del 3 por ciento de la masa salarial, más uno de responsabilidad civil que, en promedio --variaba según el sector--, rondaba el 7 por ciento del total de los sueldos de la empresa. Además, si el trabajador entablaba una demanda civil, y la ganaba, el empresario debía hacerse cargo del 20 por ciento de la indemnización, en concepto de franquicia (el porcentaje del seguro que la compañía de seguro no cubre). Sumado a todos esos cargos, el empleador debía asumir también los gastos que surgían de la atención de las denominadas enfermedades profesionales, que son las que se desarrollan como consecuencia del ejercicio laboral, ya que las aseguradoras no les brindaban esas prestaciones. Los que optaban por no contratar seguros se arriesgaban a tener que afrontar indemnizaciones en muchos casos millonarias.

A partir del 1º de julio de 1996 comenzó a regir la nueva norma que redujo el costo total del seguro de riesgos del trabajo al 1,34 por ciento de la masa salarial. Con esta tasa, las 480 mil empresas inscriptas en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) están pagando 536 millones de pesos por año. Es decir, que en estos dos años desembolsaron 1072 millones lo que antes les hubiera salido 8000 millones más los gastos resultantes de las enfermedades profesionales, que ahora cubren las ART, más las eventuales franquicias por demandas civiles perdidas que la actual ley no prevé (ver cuadro).

Luego de más de 25 años de violar la Ley de Seguridad e Higiene, promulgada en 1970, los empresarios tuvieron un período de gracia de dos años y medio más para cumplir con la reglamentación vigente. La Ley de Riesgos del Trabajo estipula que deben llevar adelante un plan de mejoras diseñado por los expertos de las ART, que se dividió en etapas, y que, como máximo, debe estar terminado el 31 de diciembre de este año. De no cumplirlo, la ley indica, por todo castigo, una multa de hasta 30 mil pesos. Más allá de lo exiguo que resulta el monto de la pena para muchas empresas, la ley no contempló ningún tipo de sanción penal, como las que prevén la mayoría de las legislaciones de los países desarrollados para este tipo de negligencias. A dos años de vigencia de la ley no sólo los empresarios no se ven incentivados a invertir en prevención, sino que, por el contrario, saben que nada podrá pasarles mientras desembolsen apenas nueve pesos por trabajador que, en promedio, les cuesta por mes la actual cobertura de seguros.

Mientras tanto, las ART todavía no le encontraron la vuelta al negocio. Además de la guerra de precios, que ellas mismas generaron, y que llevó de la prevista prima del 3,5 por ciento de la masa salarial al 1,34 por ciento actual, se encontraron con una frecuencia de siniestros muy superior a la de los países que habían tomado como parámetro para fijar la tasación: en España y en Chile es la mitad que en Argentina, y en Estados Unidos, la cuarta parte. Por otra parte, casi el 40 por ciento de los trabajadores está en negro, lo que hace que los empleadores no contraten seguros por ellos y que los blanqueen cuando sufren un accidente, por lo que las ART terminan pagando por una persona por la que no recibieron aportes. Si las aseguradoras quieren recuperar el pago, deben demandar al empresario y probar que el empleado estaba en negro.

De todas maneras, las ART más grandes esperan que la concentración termine mejorando la rentabilidad de su negocio: de las 44 compañías que comenzaron hace dos años, hoy sólo quedan 30, de las cuales las primeras cinco se quedan con el 60 por ciento del mercado y las primeras diez con el 80 por ciento.

Uno de los mayores gastos que deben afrontar las ART son las prestaciones médicas. Por cada denuncia de accidente de trabajo hay veinte de enfermedades profesionales. En ese sentido, la ley favoreció a las aseguradoras: una investigación realizada por la vicedirectora del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, Irene Vasilachis de Gialdino, revela que el 55 por ciento de las dolencias por las cuales se realizaron demandas judiciales en el período 1990-1994 no están previstas en el listado de enfermedades que la ley vigente prevé que sean pasibles de indemnización. Además del perjuicio económico para los trabajadores, la perversidad del sistema deriva en que, si una enfermedad no es considerada profesional, no se invierte en su prevención.

A las ART también se las critica porque no asumieron la responsabilidad que la ley les asignó de denunciar a las empresas que no cumplieran con el plan de mejoras sobre seguridad e higiene. El presidente de la Cámara de las ART, Jorge Ferrari, se excusó diciendo que si tuvieran que denunciar a todos los que no cumplen "deberían clausurar a todas las empresas del país" (ver aparte). Lo cierto es que las aseguradoras no denuncian los incumplimientos a la Superintendencia de ART para no perder clientes, en un mercado que, por el momento, es hipercompetitivo.

La variable de ajuste en las nuevas reglas de juego de los seguros laborales fueron los trabajadores. No sólo vieron aumentar las posibilidades de accidentes por la desinversión en seguridad, también se perjudicaron en los montos de las indemnizaciones por accidentes. La caída del montacargas de un edificio en construcción de Catalinas Norte, perdiendo la vida seis obreros, instaló el tema. Por toda indemnización, las viudas de los trabajadores están cobrando menos de 200 pesos por mes. Además, el artículo 39 de la ley de Riesgos del Trabajo les cerró el camino que antes les permitía entablar una demanda civil para lograr un resarcimiento integral, en los casos en que una incapacidad permanente o una muerte hayan sido causados por negligencia del empleador.

Ya son siete los jueces de primera instancia de la provincia de Buenos Aires que fallaron a favor de los trabajadores en reclamos de responsabilidad civil. En todos los casos se hizo lugar al reclamo de inconstitucionalidad del artículo en cuestión, porque pone en desigualdad de condiciones al trabajador con el resto de los ciudadanos que, fuera del ámbito laboral, sí pueden accionar en el fuero civil.

En la Cámara de Diputados hay diecisiete proyectos de reforma de esta ley. La mayoría prevé mayores multas para los empresarios que no cumplan las normas de seguridad y modifican de una u otra manera el polémico artículo 39. El lobby empresario ya empezó a mover sus piezas: desde la Unión Industrial Argentina se anticipó al Gobierno que sería "desastroso para el país volver a la industria del juicio que significó enormes costos en el pasado". La Superintendencia de ART propuso crear la figura de delegado de prevención, pero los sindicalistas se opusieron: "Nos quieren hacer cargar con los muertos a nosotros", sostienen. La misma CGT, que en 1994 firmó el Acuerdo Marco que culminó en la actual ley, presentó un proyecto en el que propone fuertes penalidades para los empresarios negligentes. Mientras discuten, los empleadores siguen pagando nueve pesos mensuales por persona y los trabajadores siguen muriendo de a tres por día hábil.

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