Erman puede ser indagado por la venta de armas

El fiscal Carlos Stornelli solicitará en los próximos días que el juez federal Jorge Urso tome declaración indagatoria al ministro de Trabajo Antonio Erman González y al diputado justicialista Juan Carlos Olima en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia. González será indagado en su calidad de firmante de dos de los decretos que posibilitaron las ventas de armamento y Olima como integrante de la comisión interministerial tripartita que debía hacer el seguimiento de las operaciones relacionadas con material bélico y sensible.

Los dos decretos que vinculan a Erman González, en su condición de ex ministro de Defensa, fueron rubricados con dos meses de diferencia: el primero llevó el número 1697, del 27 de agosto de 1991, y el segundo el 2283, del 31 de octubre de 1991. Ambos autorizaban la venta de armamento a Panamá y actuaba como intermediaria la empresa Debrol y fueron suscriptos también por el presidente Carlos Menem, el canciller Guido Di Tella y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Todos estamparon sus nombres sin pestañear pese a que, como es público, Panamá no tiene ejército sino un cuerpo militarizado, la Guardia Nacional. Según sostuvo el traficante de armamento Diego Palleros, actualmente detenido en Sudáfrica y sometido a un pedido de extradición, en el gobierno "todos sabían perfectamente" cuál era el destino final del cargamento. "El presidente de la Nación y sus ministros sabían muy bien que Panamá no tiene fuerzas armadas y lo firmaron igual. Me parece que eso lo dice todo", había dicho Palleros desde Johannesburgo. A Croacia fueron entregados cañones CITER de 155 milímetros y obuses Otto Mellara, de origen italiano comprados por Argentina en 1968 con la expresa prohibición de ser revendidos a un tercer país, pólvora y munición. Varios de estos embarques partieron de la terminal portuaria 6 de la empresa Intefema, cuyo titular era asimismo directivo del caído Banco Austral. Los despachos aduaneros se gestionaron desde el Batallón 601 de Los Polvorines donde se concentraron las armas requisadas de unidades militares de todo el país.

Un tercer decreto, el número 103, refrendado por Oscar Camilión, sucesor de Erman González en la cartera de Defensa, dio la venia para vender a Venezuela 5 mil FAL y 75 toneladas de municiones. En realidad, existió un pedido inicial de presupuesto formulado desde Caracas que sirvió de modelo para falsificar el certificado de uso final, que fue dado por válido por la comisión interministerial que formaban, Defensa, Economía y Cancillería. Ninguno de los miembros del cuerpo tripartito verificó, tal como exigía la propia existencia del organismo, la autenticidad del negocio que, como se demostró, no estaba pensado para concluir en Venezuela sino en Ecuador. La carga partió del aeropuerto de Ezeiza y su embarque fue supervisado por el capitán de navío retirado Horacio Estrada, represor de la ESMA y ex agregado naval en Sudáfrica, un punto neurálgico en la fabricación de armamento. Estrada presenció y supervisó los trabajos realizados en la pista acompañado por el traficante francés Jean Bertrand Lasneaud, a quien conoció en París. El juez Jorge Urso procesó a quienes formaban la comisión en 1995, dos de ellos actuales embajadores en Nueva Zelanda y Australia, pero la Cámara revocó la decisión. El bordonista Olima --uno de los hombres que impulsó el regreso de su fracción al justicialismo luego del renunciamiento del ex senador José Octavio Bordón a su banca-- integraba la comisión en ocasión de la firma de los dos primeros decretos referidos a las ventas a Panamá.

La causa iniciada por la venta de armas a Croacia urge a los investigadores, conscientes de que se agotan los plazos procesales para el juzgamiento. La solicitud de Stornelli, si es escuchada por Urso, podría interrumpir la prescripción y evitar que uno de los mayores escándalos de la década se convierta en puro material de investigación periodística.

UNA DIPUTADA DUHALDISTA ACUSA A LOS MENEMISTAS
"No firmé, mi firma fue falsificada"

Por Fernando Almirón

"Yo no firmé el despacho, me falsificaron la firma", denunció ayer la diputada justicialista Norma Godoy quien puso en duda la legitimidad del dictamen del oficialismo que el miércoles pasado rechazó "in limine" los pedidos de enjuiciamiento presentados contra la Corte en la Cámara baja. La legisladora pidió la renuncia de César Arias a la presidencia de la Comisión de Juicio Político por falsificación de documento público. Arias le respondió que someterá su firma al estudio de un perito calígrafo. Godoy, que votó a favor de la propuesta del PJ en la Comisión y después --según asegura-- se negó a firmar el dictamen, dijo que "Duhalde está mal informado" sobre el manejo del tema en el Congreso. Mientras la radical Elisa Carrió quiere aprovechar el escándalo para anular el dictamen, el bloque oficialista dice que la Godoy tiene razón, que ella votó, pero no.

"Arias, a usted lo deberían llamar Pinocho, porque es un muñeco de Menem, miente, y es de madera", le gritó Norma Godoy a su compañero de bloque, el menemista César Arias, dos semanas atrás. Ese miércoles la legisladora se vio venir la derrota del oficialismo en la Comisión de Juicio Político y abandonó la sala antes de la votación que le permitió a la Alianza habilitar la investigación preliminar de las 17 causas presentadas contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Curiosamente, una semana después la marplatense Godoy levantó su mano a favor del dictamen de la mayoría justicialista que César Arias elaboró para abortar lo dispuesto por los aliancistas, con el que logró dejar sin efecto el estudio de la totalidad de los expedientes que pesaban sobre los miembros del tribunal. El gobernador Eduardo Duhalde se ocupó al día siguiente de manifestar su molestia por la actitud de los diputados, incluidos los bonaerenses. "Lo acordado --aseguraron en esa oportunidad los voceros del gobernador-- era desestimar todos los pedidos de origen político, tal como el que impulsaba la oposición contra los cinco magistrados a los que denominan la `mayoría automática', y estudiar causa por causa los presentados por instituciones y particulares." Norma Godoy entendió que el reto estaba dirigido a ella. Y cambió de idea.

"La diputada Godoy firmó el dictamen ante testigos", aseguró Arias. "Si es necesario vamos a recurrir a peritos calígrafos para determinar la autenticidad de su firma", agregó el diputado, quien se ocupó de señalar que como el oficialismo se había impuesto con 14 votos sobre 11 de la oposición, la deserción de Godoy no modificaba el resultado de la votación que blanqueó a la Corte por mayoría simple. La radical Elisa Carrió aprovechó la circunstancia para pedir la anulación del dictamen que ya había sido impugnado por la oposición debido al nombramiento de un diputado del PJ en reemplazo de otro que se encontraba de licencia, con lo que se aseguró un voto más.

Después del encuentro que ayer la diputada Godoy mantuvo con Eduardo Duhalde en La Plata, en el bloque de diputados justicialistas decidieron bajarle los decibeles al escándalo. A través de un comunicado elaborado a última hora, aseguraron que ya no son 14 los votos a favor del rechazo al juicio político contra la Corte, sino 13. Y que la Godoy se abstuvo de votar, tal como aseguran y niegan otros.

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