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 La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se ocupó al fin de las trabajadoras del sexo, al exhortar
a los gobiernos a reconocer oficialmente la industria de la prostitución. El organismo
internacional no está guiado únicamente por la defensa de los derechos de las
trabajadoras, sino por la posibilidad que tienen los estados de recaudar impuestos, por
derecha, a quienes manejan esa próspera actividad. La recomendación de la OIT toma como
base el rápido crecimiento del comercio sexual en los países del sudeste asiático,
donde el negocio representa entre el 2 y el 14 por ciento del Producto Bruto Interno en
las economías de esas naciones.El informe, que se oficializará hoy, no solicita la legalización o reglamentación de la prostitución, pero advierte sobre las ventajas de reconocerla como actividad económica para "extender la base tributaria y cubrir muchas de las actividades lucrativas asociadas con ella". La organización internacional dependiente de las Naciones Unidas reclamó también la "creación de políticas laborales necesarias para hacerse cargo de los varios millones de personas que en el mundo trabajan en la industria sexual". El autor del informe, Lin Lim, dijo que la OIT pretendía que los gobiernos apliquen las normas y estándares laborales de protección social "donde la prostitución es reconocida como un trabajo legal". "Eso es justamente lo que buscamos: que se nos reconozcan nuestros derechos como trabajadoras, aunque tengamos que pagar impuestos", dijo en Buenos Aires, a Página/12, la titular de la Asociación de Meretrices Argentinas (AMAR), Elena Reynaga. Según la dirigente, las trabajadoras del sexo "deberían gozar de los beneficios que tienen todos los trabajadores, como cobertura médica y jubilación". "Esta es una de las metas de nuestra organización", se entusiasmó Reynaga. En cambio, el sociólogo Julio Godio, especialista en temas laborales, que trabajó durante quince años en la OIT, se mostró de acuerdo con estimular la organización sindical de las prostitutas, pero consideró una "aberración" que el organismo internacional proponga la reglamentación del trabajo sexual. "Se estaría legalizando la opresión cuando la OIT tiene convenios contra la esclavitud. Lo que debe promoverse en todo caso es que las prostitutas se liberen de sus explotadores", dijo el especialista a este diario. El informe de la OIT amenaza con generar polémica, principalmente en los países donde la prostitución está considerada como un delito. En la Argentina, el comercio sexual no está castigado penalmente. Lo que sí está penalizado es la explotación sexual o proxenetismo. "El sector sexual no es reconocido como un sector económico en las estadísticas oficiales y los presupuestos gubernamentales, pero los ingresos que genera son cruciales para los medios de subsistencia y salarios de millones de trabajadores, además de las prostitutas", advierte el informe. Por eso sugiere que "el reconocimiento oficial de la actividad y el mantenimiento de registros sobre ella sería extremadamente útil". El informe, más preocupado en la posibilidad de recaudar impuestos que en la defensa de los derechos laborales, se basa en un estudio sobre los alcances del comercio sexual en los países del sudeste asiático. La OIT calculó que la prostitución recauda en Indonesia unos 3600 millones de dólares por año; en Tailandia se estima que las prostitutas urbanas transfieren unos 300 millones de dólares anuales en ingresos netos a sus familias en el campo, lo que coloca el ingreso anual de la prostitución en más de 20.000 millones de dólares. Sólo en Japón, el negocio del sexo representa el 1 por ciento del PBI, estimó la organización internacional. Según el estudio, entre el 0,25 y del 1,5 por ciento de las mujeres de Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia son prostitutas. En otras partes del mundo, según la OIT, la prostitución representa unos 30 millones de dólares anuales en Australia. La encuesta encontró que las prostitutas ganan más que otros trabajadores no calificados, con un promedio de 800 dólares en Tailandia y 600 en Indonesia. Del negocio forman parte el floreciente turismo sexual y el tráfico de mujeres, actividades que según la OIT han ido en aumento y sobre las que ahora se pretende ejercer al menos un control de tipo comercial.
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