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Por Martín Granovsky  El terror a la difusión pública de las declaraciones de
bienes volvió a imponerse anoche sobre la transparencia sin límites. El Senado votó
artículo por artículo la Ley de Etica Pública con una importante restricción: en el
Boletín Oficial sólo se publicará la lista de los funcionarios que hayan entregado su
declaración. De ese modo, no quedará automáticamente sometida al conocimiento de los
ciudadanos el contenido de la confesión sobre los bienes propios. Para obtener la
declaración, quien esté interesado deberá acudir a la Oficina de Etica Pública del
gobierno nacional, entregar su identificación y explicar por qué desea conocer el
documento presentado por un funcionario. El texto tal como fue sancionado por el Senado
también elimina la posibilidad de pedir declaraciones a los testaferros, que figuraba en
la versión de Diputados.
La Cámara de Diputados ya había dado media sanción al proyecto. El Senado lo había aprobado en general el 1º de julio. Como anoche modificó varios artículos del texto sancionado por la Cámara baja, ahora será ésta la que deberá tratar de nuevo el proyecto de ley. Si insiste en su sanción original para una artículo, deberá reunir dos tercios de los votos. En la media sanción de Diputados se establecía la automaticidad de la publicación de las declaraciones en el Boletín Oficial. En la media sanción del Senado ese paso quedó eliminado. Para conservar el artículo original, Diputados debería conseguir los dos tercios. "Yo no sé si el oficialismo en Diputados tendrá ganas ya no de conseguir sino incluso de buscar esos dos tercios", dijo anoche a este diario un senador de la Alianza que formuló su ironía a cambio de la reserva de su nombre. La sola necesidad de que la Cámara baja deba rediscutir el articulado agrega una traba más a la aprobación de este ley que lleva en danza más de un año. Tras una larga discusión los diputados recién la sancionaron el 27 de agosto de 1997 y los senadores demoraron casi doce meses en ponerse de acuerdo (o en desacuerdo) sobre los puntos más importantes. Por ejemplo: * La ley abarca a "todos los niveles y jerarquías" de funcionarios, "por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado". * Los funcionarios no podrán recibir regalos "con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones". * La mayoría oficialista del Senado introdujo la traba, ya mencionada, en la difusión de la declaración de bienes. * Esa misma mayoría quitó la formulación original de la Cámara de Diputados que daba importancia a la presentación de quien fuera sospechado como testaferro del funcionario. Lo interesante es que no sólo Diputados aprobó el artículo. También figuraba en el dictamen de la mayoría del Senado. Pero al final, en una última versión, el oficialismo directamente modificó el texto invocando tratados internacionales en los que, por cierto, no había reparado antes. * El Senado votó en contra de la propuesta de Antonio Berhongaray (UCR-Alianza) de establecer la obligatoriedad de entregar no sólo la declaración de bienes sino también una declaración de gastos. Se trataba de un inciso indicando que el funcionario debía informar sobre los gastos mensuales, propios y familiares, que hiciera regularmente. * La mayoría también votó en contra de una propuesta para que las declaraciones de bienes fuesen realizadas con retroactividad. En lugar de pisar lo pasado, se establecería la coherencia entre las declaraciones nuevas y la situación anterior. * En cambio, el oficialismo aceptó que se incluya en la lista de funcionarios obligados a entregar su declaración jurada de bienes a los titulares de dependencias como el PAMI, la obra social de los jubilados que figura como uno de los cinco principales presupuestos del Estado. En medio del debate, el senador Augusto Alasino (PJ) quiso modificar el articulado sobre enriquecimiento ilícito. Se preguntó si no era el momento de cambiarlo. "Yo a este tema lo conozco muy bien", argumentó. En el calor de la discusión no quedó claro para sus colegas si se estaba refiriendo a su versación jurídica o a que él mismo había sido procesado por la Justicia para determinar si se había hecho más rico violando la ley o respetándola. Aunque ningún legislador, ni de la oposición ni del oficialismo, cree que la corrupción se terminará con la sanción definitiva de la Ley de Etica Pública, ésta quedó asociada desde un principio con la difusión como un modo de dotar de transparencia a los funcionarios del Ejecutivo. Fue ese debate el que muy pronto opacó las intenciones del gobierno nacional, que apeló al proyecto de ley con un doble objetivo. Por un lado, quiso instalar su idea de la "tormenta ética". Era el oficialismo, y no la oposición, el mayor interesado en discutir sobre la moral de los funcionarios. Por otro lado, la administración Menem buscó presentarse en sintonía con lo que, creía, esperaba de ella la administración Clinton: un país a tono con los principios sobre transparencia administrativa que se habían aprobado en la cumbre de presidentes de Miami, en 1994. La formulación original del proyecto incluso era más restrictiva de la difusión sobre las declaraciones de las autoridades. Llegaba a penar con prisión a quien difundiera el contenido de una declaración jurada con intención "maliciosa". El castigo fue anulado en la Cámara de Diputados por el escándalo que generó en la opinión pública, que nunca entendió por qué mostrarse curiosa con los bienes de los funcionarios debía ser penada. El Senado no reintrodujo el castigo a los difusores de la intimidad financiera de los empleados públicos de alto nivel. Y en todo momento la mayoría, expresada por el riojano Jorge Yoma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, peleó por lo que define como derecho a la privacidad. --En el bloque del PJ de Diputados dicen que mandan la ley para que ustedes la traben --preguntó hace un año Página/12 a Yoma. Yoma se rió: "Es muy común que nuestros diputados no carguen con el costo político y nos tiren el fardo a nosotros", dijo. Y agregó sobre el tema de fondo: --La declaración jurada forma parte de los derechos personalísimos, de las garantías constitucionales. Yo si quiero la doy a conocer. Pero creo que hay que darle la posibilidad al funcionario de que la mantenga en secreto, por ejemplo para que no se use en un juicio por divorcio. La regla es la publicidad, pero habría que establecer un mecanismo de excepción. Que la regla --por lo menos la regla política que domina al oficialismo desde el vértice-- no es la publicidad parece probarlo la resistencia del propio Carlos Saúl Menem a difundir su declaración de bienes. Dos semanas atrás el Presidente dijo que no lo haría para evitar "un show de los medios" y porque si no "tiraría mi honra a los perros".
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