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 El gesto es
rutinario, pero reclama agilidad mental y conocimientos. El periodista que conduce su
programa de radio lee retazos de artículos de diarios y revistas. Para Eduardo Aliverti
era una actividad natural dentro del programa "Anticipos II" que en 1987
comandaba en Radio Belgrano. Citar a otros medios es casi un acto reflejo para muchos
periodistas, es una pequeña parte del ejercicio de la libertad de expresión. Sin
embargo, podría dejar de serlo. Esa es la conclusión que surge de un fallo judicial que,
después de varias idas y vueltas, volvió a encontrar responsable a Aliverti del delito
de "calumnias" en una causa que le inició Juan José Ramos, funcionario de la
gestión de Raúl Alfonsín, por haber leído (en el programa radial que conducía once
años atrás) un recuadro publicado en la revista El Porteño que lo
responsabilizaba de pedir una comisión para pautar publicidad en una emisora mendocina.
Paradójicamente, la revista y su entonces director, Jorge Lanata, fueron absueltos hace
tiempo. El fallo proviene de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital Federal y amenaza con sentar un gravísimo antecedente contra la libertad de prensa. Aliverti presentará por segunda vez un recurso de queja, de modo que la Corte Suprema de Justicia tendrá que volver a analizar la sentencia. Si no es revocada, el periodista estará obligado a pagar una indemnización por daños y perjuicios de unos 50 mil pesos a Ramos, secretario de prensa del Ministerio de Bienestar Social durante el gobierno de Alfonsín. Aliverti, en tanto, no descarta la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Once años atrás, Ramos inició acciones judiciales contra Jorge Lanata, Alberto Ferrari y Marcelo Helfgot, responsables de la Sección "Posta Post" de El Porteño en la que aparecía mencionado el funcionario. La demanda quedó radicada en el fuero civil pero no prosperó. En cambio, el proceso contra Aliverti y Radio Belgrano fue a parar al fuero federal civil y comercial y el caso no está todavía cerrado. En un principio, el juez Jorge Segreto condenó al periodista a pagar 10 mil dólares. Luego de la apelación, el fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala II de la Cámara Federal. Más aún, los camaristas (Eduardo Vocos Conesa y Pablo Gallegos Fedriani) duplicaron la suma a pagar por el acusado y rechazaron la presentación de un recurso extraordinario. El siguiente puerto fue la Corte Suprema. "Ella mandó dejar sin efecto el fallo y ordenó que otra sala dictara nueva sentencia, porque advirtió la existencia de errores de magnitud en la valoración de pruebas y que se vinculan directamente con las garantías constitucionales de la libertad de expresión", explicó Ricardo Monner Sans, actual abogado patrocinante de Aliverti. En ese punto la Sala III se comprometió a estudiar el caso en profundidad, incluidos los expedientes de El Porteño. Sin embargo, según se conoció ayer, los camaristas Francisco de las Carreras, Octavio Amadeo y Eugenio Bulygin ratificaron la sentencia previa sin dar indicios de haber analizado la documentación en cuestión. Aliverti resumió a este diario sus preocupaciones: "Por un lado, el dislate del fallo de la Cámara que se desatiende a sí misma después de haberse comprometido a revisar el expediente correspondiente a la revista. Segundo, es peligrosísima la jurisprudencia que puede sentar esto: resulta que por levantar información de terceros te pueden hacer un juicio y que, además, el autor original puede ser absuelto". La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) se prepara para presentar hoy mismo su denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos por verse violados los pactos internacionales que suscribe la Constitución nacional. "Nos parece que éste es un hecho que impulsa la autocensura de los periodistas. Veníamos con algunos fallos favorables pero éste es gravísimo", manifestó Jorge Goldemberg, secretario de derechos humanos del gremio. Monner Sans agregó: "De quedar firme un precedente de agresiva naturaleza respecto del quehacer periodístico y de la libertad de expresión, se habrá retrocedido de manera muy sensible, con un mensaje que puede interpretarse como la necesidad de que el poder no debe ser investigado".
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