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Por Mariana Carbajal  El "Susy-gate" sumó ayer un nuevo capítulo: la DGI
reveló que reclamará a la firma Hard Communication --ideóloga del concurso telefónico
del programa de la diva-- el pago de unos 3,3 millones de pesos que habría evadido del
impuesto al valor agregado (IVA). "Los resultados del concurso no se compadecen con
los propósitos de exención del IVA dispuesto para las líneas con fines benéficos. Este
0-900 se convirtió en un verdadero negocio empresario", denunció a Página/12
el asesor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Pedro Kondratiuk. La
pesquisa de la DGI sobre la empresa del novio de Susana Giménez no termina allí: el
organismo analiza además, la posible existencia de premios "truchos" y de
gastos "inflados" que podrían haberle restado beneficios a la entidad del padre
Julio César Grassi. Y amplió la investigación a todas las asociaciones civiles y
fundaciones de bien público del país. El fiscal Martín Niklison, por su parte, apeló
el sobreseimiento de Jorge Rodríguez y sus socios ante la sospecha de una "gran
defraudación" contra la fundación "Felices los Niños".
En los fundamentos de su decisión, Niklison consideró que el juez de Instrucción Facundo Cubas debe seguir investigando a Rodríguez, al empresario Jorge Born y al ex dirigente montonero Rodolfo Galimberti. Para el fiscal hay "varios puntos oscuros" en el contrato con la fundación del padre Grassi como la compañía aseguradora de premios a la que Hard dice haberle pagado casi medio millón de pesos: de acuerdo a la denuncia que destapó el escándalo, la misma no estaría inscripta en la Superintendencia de Seguros (ver aparte). La DGI comenzó a investigar los movimientos de Hard Communication a principios del '98. "Queríamos ver si el 0-939-12222 (el número que se usaba para el concurso Su Llamado) cumplía con el fin benéfico para el que había sido autorizado y por el cual estaba exento del pago del IVA", explicó el asesor de la AFIP, de la que depende la DGI. Para el organismo, la respuesta fue un "no" tan grande como la facturación que levantó Hard Communication en el último año. "Hasta el 31 de diciembre el padre Grassi había recibido 60 mil pesos en concepto de anticipo a cuenta de futuras liquidaciones, es decir, figuraba como deudor de Hard. Y los 10.200.000 pesos que se cobraron por llamadas telefónicas se habían distribuidos en publicidad, premios, eventos, etc. Es evidente que el fin benéfico no se cumplió", consideró Kondratiuk. Y evaluó que si se tienen en cuenta los 18.509.469 pesos que facturaron por las 6.169.823 llamadas recibidas durante 1997 --de acuerdo a la solicitada publicada dos días atrás-- tendrían que pagar unos 3,3 millones de IVA. El permiso para utilizar esta línea fue otorgado por la secretaría de Desarrollo Social el 1 de setiembre del '97 --cuando estaba al frente de esa dependencia Eduardo Amadeo-- a través de la resolución 3543. La autorización se fundamenta en que "el producido (de los llamados) será volcado en el sostenimiento de la meritoria y notoria obra que en favor de los niños lleva a cabo la institución" del padre Grassi. Hoy, el texto de la resolución, parece una ironía. "Es llamativo que la autorización fue posterior al inicio del funcionamiento de la línea, que fue el 1 de junio", apuntó Kondratiuk. El uso de una línea benéfica le permitió a la empresa organizadora del concurso cobrar 3 pesos por llamada en lugar de 45 centavos más IVA, como los 0-600. Otro aspecto que investiga la DGI son los premios otorgados por Hard Communication. Aunque Kondratiuk aclaró el organismo no recibió ninguna denuncia por el incumplimiento en el pago de los mismos, el asesor de la AFIP reveló que se estudia la posible existencia de recompensas "truchas" o de "algún convenio" entre el participante y Hard, que exima a la empresa de entregar el monto total, lo que sería un constituiría un delito penal. También están fiscalizando el pago de la publicidad (Hard asegura haber pagado 2,5 millones de pesos a Telefé). La importancia de este punto radica en que la firma acordó pagarle al padre Grassi un porcentaje sobre sus ganancias. Si se "inflaron" los gastos, habrían estafado a la fundación dedicada a la asistencia de niños carenciados. La pesquisa de la DGI no finaliza en la empresa del novio de Susana. Kondratiuk reveló que el organismo estudia los movimientos de todas las entidades de bien público del país ante la sospecha de que muchas podrían funcionar como pantallas para evadir tributos. "Hay 4000 fundaciones y 42.000 asociaciones civiles que no pagan ni IVA ni el impuesto a las ganancias. Si realmente son benéficas no haría falta el Ministerio de Acción Social", ironizó el funcionario.
Todas las denuncias que nadie atendió
"Yo sospecho que el presidente de Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos no hizo nada para controlar la situación", dijo a Página/12 el fiscal Carlos López Perrando, quien en su denuncia de mayo pasado solicitó que ese funcionario (Félix Gaibisso) "justifique la actividad o inactividad de la entidad que preside". El fiscal imputó por infracción al decreto 6618/57, que reprime los juegos de azar clandestinos, a Hard Communication y "cualquier otra empresa del servicio de audiotexto que incurra en tal actividad, para lo cual se adjunta un listado de las mismas". También requirió "que se secuestren los fondos provenientes de esa actividad delictiva". Además, López Perrando pedía que el juez dictase una "medida de no innovar, prohibiendo la utilización del audiotexto para juegos de azar, bajo el falso nombre de entretenimiento o cualquier otro que el organizador use para sortear la intervención de la Lotería Nacional". En febrero pasado la Comisión Nacional de Comunicaciones dispuso constituir un consejo asesor para controlar los audiotextos, con participación de legisladores nacionales y del ombudsman, pero "hasta hoy, esa comisión no se formó". La denuncia está en el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, quien todavía "no tomó ninguna de las medidas solicitadas", según López Perrando. En octubre de 1997, la Asociación de Agentes de Loterías y Afines (AALARA, que representa a los trabajadores de juegos de azar) había denunciado que "las llamadas de tarifa diferenciada para obtener premios transgreden toda la legislación vigente, lo que equipara la gravedad de esta práctica a cualquiera de las modalidades del juego clandestino". Daniel Amoroso, secretario general de AALARA, dijo a este diario que "aunque este año se dictó el decreto 588/98, para regular la actividad, Lotería Nacional no lo reglamentó". La reglamentación obligaría a los empresarios a pagar impuestos "como los casinos privados: el de Puerto Iguazú paga un canon mensual de casi doscientos cincuenta mil dólares". Además, según la entidad gremial, actualmente "el que llama no tiene manera de saber si realmente entra en el sorteo. La reglamentación obligaría al empresario a garantizarlo: una modalidad es que la máquina que recibe los llamados le dé a cada participante un número de código". Según Amoroso, hoy tampoco se puede saber cuánto ganan los que organizan la timba: "Dicen que Susana Giménez recaudó 20 millones en un año: nosotros creemos que fueron más". Para colmo, "cuando quisimos investigar quiénes son en realidad los dueños, encontramos con que detrás de cada empresa había otra y detrás de ésta otra, y otra... Cuando fuimos a Lotería Nacional y a la secretaría de Comunicaciones nos negaron la información". Por su parte el diputado justicialista Antonio Cortés, vicepresidente
tercero de la Legislatura, presentó un proyecto para crear la "Lotería
Porteña", a fin de "autorizar y controlar los juegos de azar, destreza y
apuestas". Cortés explicó a este diario que su propuesta "da el marco para que
la ciudad participe en los beneficios de los 0-600, de las loterías provinciales que
aquí operan y, llegado el caso, de la instalación de casinos". |
