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De Videla a Sani Abacha Queridos colegas y amigos. Kakuna Kerina ya hizo mi presentación. Tal vez yo debería comenzar presentando a mi país. La Argentina está en el extremo sur del continente americano, frente a Sudáfrica, Océano Atlántico de por medio. Somos vecinos cercanos y sin embargo para llegar a Accra tuve que pasar por Nueva York, recorriendo el camino más largo, la hipotenusa y el cateto mayor del triángulo que ambas ciudades forman con Buenos Aires. Esta paradoja es muy expresiva de nuestra subordinada situación. Para un periodista argentino es un privilegio estar aquí entre ustedes, porque Africa es uno de los principales frentes en el combate de la humanidad por derechos tan elementales como los expresados hace medio siglo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta incluye el derecho a la libre expresión en el Artículo 19, pero también el más necesario derecho a la vida, el primero de todos los derechos, que en este hermoso continente es limitado por dictaduras brutales, recurrentes guerras, y pobreza y enfermedades generalizadas. Las curvas que describen la expectativa de vida, la mortalidad infantil, los asesinatos y encarcelamiento de periodistas son impresionantemente coherentes. No puedo ocultar la tristeza que me produjo la visita al castillo de Elmina, donde eran recluidas las personas que serían vendidas como esclavas. Pero además de los sufrimientos que los pueblos africanos padecieron durante su terrible pasado colonial, también impresionan las duras condiciones en que sus hijos viven hoy. En algunos aspectos, nuestras respectivas historias son completamente diferentes. La Argentina logró su independencia política hace casi dos siglos y así formó parte desde muy temprano del mismo mundo cultural de las revoluciones francesa y estadounidense, con sus admirables declaraciones de derechos y garantías, que desde mediados del siglo XIX integran nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, las mismas fuerzas económicas y políticas que operan en Africa se oponen en Latinoamérica a que tan sabios y generosos principios se apliquen en beneficio de nuestros pueblos. Durante más de medio siglo, desde 1930 hasta 1983, tuvimos en la Argentina más gobiernos militares elegidos por nadie que gobiernos civiles elegidos por el pueblo. Las botas eran más poderosas que los votos. Se instaló una cultura del miedo. Sobre los escombros de la última dictadura, que se desplomó debido a una lunática guerra contra Gran Bretaña y los Estados Unidos, comenzamos finalmente el camino hacia la democracia. Durante la dictadura que gobernó desde 1976 hasta 1983, un centenar de periodistas fueron secuestrados y asesinados. Aunque la nuestra fue una de las profesiones proporcionalmente más afectadas por la brutalidad castrense, ésta fue sólo una pequeña parte de los 30.000 desaparecidos. Esta cifra mide la magnitud de nuestra tragedia, cuyas heridas aún sangran. La mayoría de las víctimas del Estado Terrorista fueron capturadas por fuerzas de seguridad en sus casas o lugares de trabajo, en presencia de testigos. Pero el gobierno informaba que habían sido abatidos en combates entre las autoridades y organizaciones guerrilleras y los medios eran compelidos a reproducir esas falsas versiones. Esta evidente contradicción entre la verdad que los familiares de las víctimas conocían y la versión oficial era una de las fuentes del terror que paralizaba a la sociedad. La pertenencia de las víctimas a la guerrilla era cierta sólo en algunos casos. Pero aun en esos casos, se trataba de personas que fueron ejecutadas en forma cobarde luego de su detención y de ser sometidas a torturas en sombríos campos de concentración. Por desgracia, ustedes conocen muy bien este modelo. El general Sani Abacha y el general Jorge Videla no eran tan diferentes como a ambos les hubiera gustado parecer. La censura previa fue impuesta desde el mismo día del golpe militar de 1976, los medios disidentes clausurados, las estaciones de TV y radio políticamente controladas por facciones competitivas de las Fuerzas Armadas. Los periodistas eran asesinados, encarcelados o forzados al silencio o el exilio. Como forma de resistencia contra la opresión, un grupo de periodistas organizó una red clandestina de información, que era distribuida mano en mano en copias en papel carbónico y enviada a la prensa internacional. En años más recientes, publiqué un libro con algunos de esos artículos que pude preservar del secuestro o la destrucción. Les traje un ejemplar, lamentablemente sólo en castellano. El abrupto final de la dictadura implicó una nueva serie de desafíos. La democracia no es algo que se conquista de la noche a la mañana sino un proceso cultural lento y difícil. Los asesinos todavía están entre nosotros, sin poder pero con algo de la antigua arrogancia. En 1984 nueve ex miembros de la Junta Militar, tres de ellos ex presidentes de facto, fueron juzgados. Cinco de ellos fueron condenados a cumplir diferentes penas de prisión, hasta de reclusión perpetua. El estado de derecho pareció por una vez posible. Pero luego de varios alzamientos militares, dos sucesivos gobiernos civiles pusieron fin a los nuevos juicios iniciados contra oficiales de menor graduación y perdonaron a los ex dictadores ya encarcelados. Más de 20 años después del último golpe militar, la sociedad argentina sigue discutiendo acerca de cuestiones como la justicia y la verdad, del mismo modo en que ustedes lo hacen en Africa. Escuché ayer el apasionado debate que ustedes sostuvieron acerca del perdón y la reconciliación, y desearía transmitirles algunas reflexiones personales. Investigué y denuncié la violencia militar contra la sociedad desde que comenzó. Publiqué en forma clandestina los primeros relatos sobre los campos de concentración. Hablé con las víctimas y con los verdugos. Hace tres años recogí el testimonio del primer oficial que se arrepintió y confesó sus crímenes. Fue uno de los tripulantes de los vuelos de la muerte, en los que los prisioneros eran adormecidos con inyecciones de drogas y arrojados aún con vida al mar, desde aviones militares. Mi conclusión es que el único camino de salida serio y saludable de semejantes pesadillas es la Justicia. Que sólo en unos pocos casos especiales la reconciliación puede producirse cara a cara entre los asesinos y los familiares de sus víctimas. Que la curación de las heridas sólo puede provenir de la implantación de un riguroso y permanente estado de derecho, en el que todos sean iguales ante la ley, sin excepciones. La Justicia es la fuerza más poderosa en el sendero a la democracia plena. Podemos debatir acerca de sucedáneos, allí donde la Justicia no es posible porque los perpetradores de las peores atrocidades conservan una porción del poder. Pero a sabiendas de que se trata de un sucedáneo, y sin acusar nunca a las víctimas por rehusarse a perdonar lo imperdonable. Este proceso también consiste en establecer vínculos nuevos y diferentes entre la sociedad civil y el gobierno, horizontales y no verticales. Vamos a las urnas para elegir a nuestras autoridades, pero no menos importantes que los derechos políticos son los derechos civiles y los derechos humanos, el gradual fortalecimiento de una ciudadanía de alta intensidad, consciente de sus derechos y decidida a luchar por ellos y a hacer responsables a los gobernantes de sus actos ante el pueblo. En este proceso tiene un rol significativo una prensa independiente, que chocará con los hábitos autoritarios que son la herencia inevitable de décadas de gobiernos brutales e ilegítimos y que deberá enfrentar intentos por restringirla y suprimirla. Tenemos tres activos que pueden ser explotados en esta lucha. El primero es la sociedad civil o, por decir lo mismo con otras palabras, la opinión pública. Segundo, las organizaciones nacionales o regionales, como nuestra Asociación Periodistas para la Defensa del Periodismo Independiente, o vuestra Asociación de Periodistas del Africa Occidental. Tercero, la red internacional de organizaciones que pueden contribuir a aislar a los dictadores y condicionar a los demócratas recientes. La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho fundamental de cada ciudadano y un instrumento en la lucha más amplia por la libertad y la verdadera democracia. Las investigaciones de la prensa argentina sobre las violaciones a los derechos humanos durante la denominada guerra sucia de la década del 70’ y sobre la corrupción que presidió el proceso de privatización de empresas estatales en la del 90’, constituyeron aportes significativos a la transparencia y la responsabilidad en el proceso de transición a la democracia. El partido gobernante en la Argentina controla los tres poderes del Estado, lo cual ha deteriorado el mecanismo constitucional de controles y equilibrios. La prensa hace lo que puede por llenar este vacío, lo cual le ha valido un altísimo grado de reconocimiento, que la singulariza entre las demás instituciones de la sociedad. Cuando una sociedad civil se identifica con una prensa independiente y la apoya, es más difícil para un gobierno legislar en contra de ella. De hecho, durante la última década ha habido un gran número de proyectos para amordazar y silenciar a la prensa, pero el Congreso no los aprobó. También se han registrado más de novecientos ataques y/o amenzas contra periodistas, declaraciones ofensivas del presidente Carlos Menem en contra de periodistas (a mí me llamó "el peor terrorista de toda la historia argentina") e instigaciones a golpear a los periodistas críticos de su gobierno. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado y quemado dentro de su auto, como un escalofriante mensaje a todos nosotros. En mi primera juventud leí un libro de Nelson Mandela sobre el largo camino hacia la libertad. Mandela recordó en sus páginas que los grandes principios humanitarios habían sido exaltados por las potencias coloniales durante la Segunda Guerra Mundial y que luego de su finalización les resultó más difícil negar a los pueblos africanos los mismos derechos por los cuales los habían convocado a resistir al nazismo. La conciencia universal de estos principios fue muy útil en el proceso de descolonización. Del mismo modo, los principios escritos en declaraciones internacionales, como el Artículo 19 acerca de la "libertad de sostener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir y transmitir información e ideas por cualquier medio", son armas poderosas que debemos utilizar. También debemos contar con las organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), Freedom Forum o Human Rights Watch, cuya junta directiva para las Américas integro, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH). La prensa internacional también puede prestar una gran ayuda. Dos veces en los últimos años, el gobierno argentino desistió de sus proyectos de ley mordaza luego de la publicación de editoriales críticos en el "New York Times". Esta ha sido también mi experiencia personal. Luego de la publicación de uno de mis libros sobre la corrupción gubernamental, la Corte Suprema de Justicia controlada por el gobierno me condenó a una pena de prisión por supuesto desacato a uno de sus integrantes. El propósito explícito del gobierno era obligarme a dejar el país. Denuncié al Estado Argentino ante la CIDH, que aceptó el caso como violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión. Ante la perspectiva de una condena internacional, el gobierno argentino aceptó el procedimiento de solución amistosa de la controversia. Asistido por un mediador especial de la Comisión, se comprometió a derogar el delito de desacato. En cumplimiento de ese compromiso el Congreso derogó el artículo correspondiente del Código Penal y mi condena quedó sin efecto. Además, la CIDH declaró que existía una evidente incompatibilidad entre la Convención Americana y las leyes de desacato vigentes en otros 13 países de la región, a los que instó a derogarlas. Este círculo se completó cuando los mismos conceptos de la declaración de la Comisión Interamericana fueron recogidos en la sentencia de una jueza argentina, en otro juicio que me inició el presidente Menem. Cuando Menem envió al Congreso la solicitud de ascenso a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de dos ex secuestradores y torturadores, publiqué en el diario "Página/12" sus antecedentes durante la guerra sucia. A raíz de ello el Senado les negó el acuerdo para el ascenso. Menem dijo entonces que él tenía autoridad moral para ascenderlos porque había sido torturado durante la dictadura. Esto me llamó la atención porque me parecía ilógico afirmar "como fui torturado, asciendo a los torturadores". Tal vez soy una persona demasiado simple, pero mi mente no funciona de esa manera. Entonces investigué el lapso en que Menem estuvo detenido y descubrí que nunca había sido torturado. Cuando Página/12 publicó esta información, Menem me querelló. El juicio fue público y parcialmente transmitido por televisión. Los propios testigos propuestos por Menem dijeron la verdad y fui absuelto. La juez dijo que no sólo había ejercido yo un derecho, sino que también había cumplido con mi deber. Porque el deber de un periodista es decirle la verdad a su pueblo. Esto nos introduce en un capítulo fundamental de nuestra actividad. La libertad de expresión es una avenida de dos manos. Existe un derecho de cada individuo a sostener opiniones y difundir información. Pero también un derecho colectivo, del pueblo en su conjunto a ser informado. El único poder de la prensa reside en la intersección de estos dos derechos. Aquí en Africa, como en la Argentina y el resto del mundo, la lucha por una prensa libre es sólo una parte de la lucha por la libertad y la dignidad humanas. Me siento honrado de estar entre ustedes, que libran esta batalla en las peores condiciones imaginables. Quiero usar las palabras de Martin Luther King, que fue africano como ustedes, pero también americano, como yo: van a lograrlo, vamos a lograrlo.
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Horacio Verbitsky está en Ghana, donde participa en un
seminario sobre la situación de la prensa bajo dictaduras y en la transición a la
democracia, organizado por la Asociación de Periodistas del Africa Occidental y por el
Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ) en apoyo a los perseguidos
periodistas de Nigeria. Participan en las deliberaciones 18 periodistas independientes de
Nigeria, cuatro de ellos recién liberados por el flamante presidente Abdulsalam Abubakar,
quien asumió el poder en junio luego de la muerte súbita del ex dictador, general Sani
Abacha. Christine Anyanwu, directora de "The Sunday Magazine", George Mbah,
subdirector de la revista "Tell", Kunle Ajibade, director de la revista The News
y Ben Charles Obi, director de la revista "Weekend Classique" habían sido
detenidos en 1995 y cumplían una condena de prisión perpetua (luego conmutada sin
explicaciones a 15 años) por el difuso delito de "traición". Otros, como
Adetonkunbo Fakeye, Rafiu Salau, Onome Osifo-Whiskey y Babafemi Ojudu, habían sido
detenidos en 1997. Los medios independientes de Nigeria son clausurados, sus oficinas
quemadas, sus periodistas detenidos y sus marcas utilizadas para imprimir ediciones falsas
en apoyo de la dictadura. CPJ había declarado al general Abacha el mayor enemigo mundial
de la libertad de prensa en 1997. Además de Verbitsky, transmitieron las experiencias de
sus respectivos países Fred M'membe, de Zambia, y Kabral Blay-Amihere, de Ghana. También
participaron los norteamericanos Gene Roberts, ex director ejecutivo del "New York
Times" y ahora presidente del CPJ; la directora ejecutiva del CPJ, Anne Cooper,
Kakuna Kerina (nacida en Nueva York, crecida en Ghana y ahora a cargo de la sección
africana de CPJ); Bertie Howard, que dirige en North Carolina el Africa News Service, y
Jerri Eddings, directora del Centro Africano del Freedom Forum. Durante las deliberaciones
se reclamó la libertad de cuatro periodistas que aún permanecen detenidos en Nigeria, en
malas condiciones de salud. También se denunció el caso del periodista Baguda Kaltho, de
la revista The News, quien fue secuestrado en marzo de 1996. La semana pasada, el gobierno
de Abubakar informó que Kaltho había muerto cuando trataba de colocar una bomba para
cometer un atentado terrorista. Sin embargo, la información oficial sobre aquel episodio
había afirmado que las quemaduras en el cuerpo del autor del atentado impedían su
identificación.