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Unidos por la misma preocupación
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| Por Miguel Bonasso
A pesar de estos desencuentros y roces, Goldman y Taiana concluyeron su periplo de una semana de duración con la esperanza de que podrán encontrar "una solución amistosa" que permita la liberación de los presos de La Tablada y la resolución de otros siete casos elevados a su consideración. Robert Goldman y Jorge Taiana (h) trataron de presentar su llegada al país como una rutinaria "visita de trabajo" destinada en buena medida a conocer a las nuevas autoridades del área, como Inés Pérez Suárez que reemplazó a Alicia Pierini en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pero, en realidad, mantuvieron una serie de reuniones confidenciales con el Gobierno, la oposición, los organismos de derechos humanos y los abogados que patrocinan ciertos casos, para tratar de lograr entendimientos políticos que denominan técnicamente "soluciones amistosas". Estas movidas se hicieron con gran discreción, eludiendo a la prensa, para no molestar a un gobierno que, en general, se muestra cooperador con la CIDH y podría echarles en cara que aparezcan ante la opinión pública como "inspectores". En una suerte de revival desproporcionado de lo que fue, sí, una genuina (y provechosa) visita de inspección, hace diecinueve años, durante la dictadura militar. Tampoco querían inquietar a los radicales, que también colaboraron con la CIDH en el primer gobierno de la democracia y pueden volver al poder con la Alianza. Y no ignoran que Raúl Alfonsín y algunos de sus seguidores no quieren que la sangrienta represión que sucedió al ataque guerrillero al cuartel de La Tablada sea colocada bajo la luz pública en los tiempos electorales que se avecinan. En las trincheras radicales hay temor de que Menem y su ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, "operen" el tema, uno de los más oscuros de la administración radical. En diciembre pasado, el tema fue objeto de un crítico informe de la CIDH donde se comprueba que hubo torturas, secuestros y "ejecuciones extra judiciales" de miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y se formulan una serie de recomendaciones al gobierno actual. Entre las que figura, por ejemplo, que se mejore la condición carcelaria de los presos de La Tablada, que siguen literalmente "sin ver la luz del sol" desde hace diez años, en clara contraposición con los penados carapintadas que gozan del verde de Magdalena y de franquicias más que liberales. En el fondo, lo que la CIDH desearía es que los prisioneros de La Tablada, los detenidos políticos más antiguos del país, logren zafar del afán persecutorio de fiscales como Plee y Romero Victorica y salgan en libertad. No ignoran que muchos de ellos eran casi niños cuando se lanzaron a la terrible aventura y piensan que su falta ha sido purgada con creces. Con un rigor desmesurado. En el que no cuentan, siquiera, con el recurso de apelación, porque así lo dispone la ley de defensa de la democracia que sólo puede ser revisada por el Poder Legislativo. De todos modos, los directivos de la CIDH piensan más en un acuerdo de buena voluntad de las distintas fuerzas políticas involucradas, que en soluciones legislativas de largo plazo. Desearían que los presos de La Tablada salieran por algún mecanismo como el de la conmutación de penas, que puede otorgar el Poder Ejecutivo y que no tiene la resonancia negativa en la historia reciente del vocablo "indulto". Para subrayar esa intención y por razones humanitarias visitaron el viernes último la prisión de Caseros, acompañados por Oscar Fappiano, ex integrante de la CIDH y actual defensor del pueblo para los presos. Y les informaron a los presos que su caso se tratará en octubre próximo en Washington, adonde acudirá la abogada defensora Martha Fernández y representantes del Gobierno.
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El viernes pasado, Robert Goldman, vicepresidente primero de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y Jorge Taiana (h), secretario ejecutivo del mismo
organismo, visitaron a los presos de La Tablada en la cárcel de Caseros y se lamentaron
de que sigan confinados en el piso 18º del penal, "sin ver el sol ni un solo día
durante diez años". Pese a la discreción y el bajo perfil que mantuvieron ambos
funcionarios internacionales, no pudieron evitar que el Gobierno se irritara y hubiera
inquietud entre los altos mandos del radicalismo, que no quieren ninguna revisión de lo
ocurrido en la represión del ataque guerrillero al cuartel de La Tablada. Por su parte,
los visitantes lamentaron que 48 horas antes de su llegada al país la Corte Suprema se
hubiera descolgado con un fallo como el que afecta a Carmen Lapacó y vulnera el derecho
humano básico de conocer la verdad sobre el destino corrido por los hijos. Un caso que,
obviamente, no va a tardar en llegar a la CIDH.