Página/12

Los desocupados en condición de pobreza serán los más golpeados por los efectos de la crisis internacional sobre la economía argentina. No sólo porque el empleo se estancó y, de agravarse la crisis, los expertos pronostican recesión con destrucción de puestos de trabajo. Para colmo,

el Gobierno está realizando un sustancial recorte sobre los programas oficiales de empleo destinados a esta franja de la población. Según datos del ministerio de Trabajo, a los que accedió Página/12, este año el presupuesto para planes oficiales de empleo será un 32 por ciento menor al del año pasado. Son 115 millones de pesos menos que, partiendo de un subsidio de 200 pesos mensuales durante seis meses, se traducen en casi cien mil prestaciones para desocupados pobres que este año no estarán disponibles.

Ya antes de que, hace poco más de un mes, Roque Fernández anunciara una reducción de mil millones de pesos en el gasto público, en el ministerio de Trabajo manejaban datos que daban cuenta de una baja en los fondos destinados a los programas oficiales empleo. De acuerdo a la información elaborada por la secretaría de Empleo, en poder de este diario, entonces ya se preveía que este año habría sólo 294 millones de pesos para este fin, frente a los 358 millones gastados el año pasado (ver cuadro).

Pero además, Trabajo contribuyó al ajuste de Roque, según consta en las planillas que recibió la Jefatura de Gabinete, recortando 5,4 millones de pesos en concepto de "Políticas de empleo y capacitación" y 46,2 millones del "Programa de apoyo a la empleabilidad y estabilidad de los jóvenes". De esta forma, el ajuste en programas de empleo llegaría a los 115,6 millones de pesos, un 32,3 por ciento sobre los fondos disponibles en 1997.

Los otros programas en los que está pautada una menor ejecución de fondos son los siguientes:

* Plan Trabajar, destinado a desocupados en condiciones de pobreza, a los que se les paga un subsidio de hasta 200 pesos mensuales durante un período de entre 3 y 6 meses: los recursos disminuirán de los 299 millones del año pasado a 230 millones este año. Suponiendo que se pagara efectivamente 200 pesos a cada beneficiario, durante 6 meses, esto significa que habría 57.500 beneficiarios menos. En rigor, en los últimos tiempos el subsidio percibidos por quienes se incorporan al programa es inferior a los 200 pesos y el tiempo del contrato es menor a los 6 meses. Con lo cual, los potenciales perjudicados por el ajuste serían todavía más.

* Servicios Comunitarios, un programa de empleo transitorio destinado principalmente a mujeres, con una paga mensual de 160 pesos: los fondos se achicarán de 41 millones a 30 millones. De nuevo, suponiendo que cada contrato se pactara por un período de 6 meses, esto se traduciría en unas 11.500 beneficiarias menos que el año pasado.

* Programas especiales, dirigidos a atender con un subsidio de 200 pesos a desocupados, según la definición del Ministerio, de "sectores productivos o regiones en reconversión", en las que se presenta una "situación especial de emergencia ocupacional": este año contarán con sólo 5 millones, frente a 13 millones en el '97, lo cual representaría unos 6700 beneficiarios menos.

Este año, Antonio Erman González puso en práctica un programa nuevo llamado "Pro-empleo", consciente de que los programas anteriores no generaban ocupaciones estables en el sector privado sino que desaparecían apenas el Estado dejaba de subsidiarlas. El plan propicia el pago a los empresarios de una parte del salarios de los desocupados que contraten, siempre y cuando éstos cumplan una serie de requisitos (dificultad de reinserción laboral, afectados por procesos de crisis y/o reestructuración productiva, etc) fijadas por el Ministerio. Sin embargo, apenas se destinarán a este fin 22 millones de pesos, que no contrapesan los fuertes recortes en el resto de los programas de corte más asistencial.

Resulta paradójico que justo cuando los economistas alertan que la crisis externa golpeará sobre el nivel de actividad y la creación de empleo el Estado reduzca los programas de ayuda a los desocupados. Pero no debería sorprender si se considera la lógica política que han seguido en los últimos años este tipo de programas. El caso del plan Trabajar, el más importante, es ilustrativo. Diversos estudios demostraron que el plan Trabajar I y, en menor medida, el Trabajar II se distribuyeron favoreciendo a las provincias amigas de la Rosada (ver aparte). Además, resulta difícil no vincular el desembolso de los subsidios con alguna intención electoral: en octubre del '97, se llegó al máximo de beneficiarios, unos 280 mil. En diciembre, la cifra había descendido a 150 mil y en mayo último eran solo 115 mil.

A partir de agosto, el Ministerio planeaba poner en marcha el plan Trabajar III, con lo cual aumentaría sensiblemente el número de beneficiarios. El Banco Mundial, que financia el 70 por ciento del programa, aprobó el préstamo (de 284 millones de pesos) el 30 de junio pasado. Pero en el organismo internacional están preocupados por los eventuales ajustes que realizaría el Gobierno sobre los fondos que debe aportar como contrapartida local. Por eso, ya hay fijadas para esta semana reuniones entre funcionarios argentinos y representantes del Banco para discutir el asunto (ver aparte).

Página/12, por sugerencia de las directoras de Prensa del Ministerio, llamó no menos de 10 veces al licenciado Luis Castillo Marín, director nacional de Empleo y coordinador del programa Trabajar, para que explicara los recortes en los programas de empleo a su cargo. Pero nunca contestó.

Clientelismo político

De acuerdo al documento con que el Banco Mundial aprobó el plan Trabajar II, la asignación de la cuota de subsidios por parte del gobierno nacional entre las provincias seguiría "una fórmula que incluye población, tasa de desempleo y nivel de pobreza (medida como un indicador de necesidades básicas insatisfechas)". Sin embargo, el sociólogo Artemio López demostró, en un estudio publicado por la CTA (Confederación de Trabajadores Argentinos), que en el plan Trabajar I no se habían respetado esos parámetros sino la cercanía del gobernador al palacio presidencial. Así, durante la segunda mitad de 1996, para atender la demanda de 9000 desocupados en La Rioja se distribuyeron 5100 subsidios, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, para enfrentar los reclamos de 170 mil desempleados hubo apenas 303 contratos. "Estas desviaciones parecen haber sido corregidas sólo en parte durante 1997", sostiene López. La provincia más beneficiada en la distribución fue Santiago del Estero, en la que se distribuyó casi un subsidio de 132 pesos mensuales a cada uno de los 22 mil desocupados. La Rioja siguió representando uno de los coeficientes de cobertura más elevados: 1 subsidio de 176 pesos mensuales cada dos desocupados. En cambio, fueron discriminadas jurisdicciones gobernadas por el radicalismo, como Catamarca y Capital Federal. Catamarca, de características sociodemográficas muy similares a las de La Rioja, obtuvo un subsidio de 167 pesos cada tres desocupados. Y la ciudad de Buenos Aires un subsidio cada 92 desocupados, el peor coeficiente de cobertura de todo el país.

Los números de la Alianza

Según el economista de la Alianza Pablo Gerchunoff, el gobierno puso toda la artillería de planes de empleo para que se alcanzaran los picos de prestaciones en coincidencia con las elecciones de octubre del '97. Quienes reciben los subsidios, a cambio de realizar tareas comunitarias, dejan de revistar en la categoría de desocupados para el INdEC. En octubre, de no haber sido por los planes oficiales, la desocupación no hubiera sido del 13,7 por ciento sino del 16 por ciento. Para la medición de mayo, pese a que habían desaparecido unos 160 mil prestaciones, la tasa de desempleo en lugar del 13,1 por ciento hubiera sido del 14 por ciento. Gerchunoff dice que hacia fines del año pasado todavía se creaban muchos empleos en el sector privado, lo cual sirvió para disimular el recorte de planes oficiales. Pero que en los próximos meses, crisis mediante, se hará sentir.