Por Laura Vales
Primero le dijo al juez que no tenía nada que ver con el tema; después, el propio
presidente Carlos Menem señaló que mentía, y ahora se niega a declarar. El comisario
Guillermo Armentano, jefe de la custodia presidencial, se negó a dar a la Justicia los
nombres de quienes arrancaron el reloj de la muñeca del hijo del Presidente, y a aclarar
su participación en el hecho. Con esta estrategia judicial, Armentano también evitó el
mal trago de explicar por qué el día de la muerte de Carlos Menem Junior sus custodios
estaban a kilómetros del lugar donde cayó el helicóptero, y por qué llegaron media
hora más tarde. El comisario era el jefe de estos guardaespaldas, pese a lo cual nunca
investigó las irregularidades que cometieron. Otros dos policías federales, los
subcomisarios Néstor Ruiz Valdez y Carlos Respighi, que también habían sido citados a
indagatoria por el juez en lo criminal Eduardo Alomar, tomaron la misma actitud de cerrado
silencio. El magistrado investiga a los tres policías en una causa abierta por la
desaparición de un maletín donde Junior llevaba más de treinta mil dólares, su reloj y
otros efectos personales del corredor Silvio Oltra.
El juez de San Nicolás considera que el jefe de la custodia
presidencial conoce a los ladrones del reloj, y por eso lo procesó por los delitos de
encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Detrás de la recuperación del Rolex hay una historia misteriosa, a
través de la cual se podrían conocer detalles importantes sobre la muerte del hijo del
Presidente. En los minutos que siguieron a la caída de la máquina, alguien le sacó a
Junior el Rolex, que estuvo desaparecido durante más de un mes, y llegó a manos del
Presidente sin que la Justicia recibiera ningún tipo de explicación. Ante versiones
públicas de que el jefe de la custodia presidencial, Guillermo Armentano, era quien lo
había recuperado, el juez Alomar lo citó a declarar, pero el comisario le aseguró que
no tenía la menor idea sobre el tema. Poco después, fue el propio Menem quien dijo que
Armentano mentía, y esta mañana Zulema Yoma volvió a relatar que el comisario le
entregó personalmente el reloj a Menem. Zulema también acusó al funcionario de
"encubrir el atentado" y le reclamó que diga dónde están los restos del
helicóptero", desguazado y vendido con una celeridad inexplicable.
La ex primera dama había viajado a San Nicolás acompañada por su
abogado Franco Caviglia, sólo para escuchar el testimonio del comisario. Tras la
frustrada audiencia, anunció que cuenta con los testimonios de personas a quien su hijo
habría confesado su temor a sufrir un atentado. "Tengo las grabaciones, los conozco,
y van a declarar en su momento ante el juez federal Villafuerte Ruzo" aseguró
Zulema. Fuentes cercanas a su equipo de asesores dijeron a Página/12 que la
testigo en cuestión sería una amiga de Junior, a quien --la tarde anterior a su muerte--
le habría dado cinco nombres de quienes sospechaba que querían atentar contra su vida.
Esta mujer habría hablado esa misma noche --la del 14 de marzo de 1995-- con otras
personas, a quienes les comentó en detalle los temores de Menem Junior.
Los abogados de Zulema también tienen expectativas sobre la próxima
declaración del hijo del ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá. Franco
Caviglia indicó que Juliá, que trabaja en la Secretaría de Inteligencia del Estado,
acercó hace un mes a Zulema un listado de las personas que podrían estar vinculadas con
el supuesto homicidio de Menem Junior. Y en el cruce de las dos listas, en la que hay
importantes figuras del entorno presidencial, habría nombres repetidos. Zulema también
destacó que no pedirá al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo el cambio de carátula de
la causa --de investigación de muerte a doble homicidio-- "porque es él mismo quien
deberá reconocer de una vez por todas que esto fue un atentado", y anticipó que
pedirá que se llame a declarar a su hermana Amira y al titular del organismo coordinador
de los Cascos Blancos, Octavio Frigerio, aunque no aclaró qué aportes podrían hacer
estas personas a la causa.
Los derechos individuales
Al negarse a declarar, el
comisario Guillermo Armentano se convirtió en un presunto encubridor de un robo. Varios
especialistas consultados por Página/12 coincidieron en que, como a cualquier
ciudadano, Armentano tiene derecho a no autoincriminarse; el tema, en cambio, generó
polémica sobre la actitud que debe tomar la Policía Federal.
Federico Domínguez, presidente de la Cámara de Casación Penal
bonaerense: "Armentano puede negarse a declarar, es uno de sus derechos
individuales. Pero es evidente que la Policía Federal debe abrir un sumario
administrativo, iniciar una investigación, básicamente porque no cumplió con su deber
de policía de colaborar con la Justicia en la búsqueda de la verdad. Si se negó a
declarar para no autoincriminarse, con más razón debe ser sancionado."
Andrés D'Alessio, titular de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires: "La condición de funcionario público del comisario
Armentano no lo obliga a declarar contra sí mismo. Por lo tanto, nadie puede -ni debe-
sancionarlo. Hay que respetar los derechos individuales por encima de cualquier
cosa".
Eugenio Raúl Zaffaroni, Director del Departamento de Derecho Penal
y Criminologia de la Universidad de Buenos Aires: "Negarse a declarar es un un
derecho que tiene toda persona procesada, porque nadie puede decir algo que juegue en su
contra. Este es una derecho constitucional. Sin embargo, creo que Armentano, en su
condición de policía, debería ser suspendido preventivamente; no por su falta de
colaboración con la justicia, sino por su condición de procesado, y hasta que se aclare
su participación en este tema"
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Servicios privados
El comisario
Guillermo Armentano, jefe de la custodia del presidente Carlos Menem, deberá prestar
declaración el próximo lunes ante el juez Jorge Urso, quien investiga presuntas
irregularidades en los contratos de servicios de seguridad privados suscriptos en
dependencias del Poder Ejecutivo nacional. Armentano será interrogado en calidad de
acusado, sobre los supuestos ilícitos relacionados con la actividad de la empresa de
seguridad Guns, de la cual sería propietario. La causa se inició a raíz de una denuncia
presentada por el abogado Ricardo Quesada, y los investigadores ya colectaron
documentación y testimonios que incriminan al jefe de la custodia presidencial.
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