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Por Susana Viau  El capitán de navío retirado Horacio Pedro Estrada, imputado
en la causa por la venta ilegal de armas, fue hallado muerto ayer en su domicilio de
Arenales 910 con un balazo en la cabeza. El arma utilizada fue una pistola de calibre 380,
un arma "de impacto", más pequeña y algo más liviana que la 9 milímetros
también encontrada en su departamento. Estrada estaba acusado de haber supervisado
personalmente, y junto al traficante francés Jean Lasnaud, los containers con fusiles y
municiones embarcados en el aeropuerto de Ezeiza con destino a Ecuador.
"Humberto", tal el seudónimo que eligió para su actividad clandestina en los
grupos de tareas de la ESMA, había sido citado el viernes último por el juez federal
Jorge Urso, pero se negó a prestar declaración indagatoria. La policía adhirió en
principio a la hipótesis del suicidio. El juez interviniente, Facundo Cubas, fue más
precavido y caratuló la investigación como "muerte dudosa". Fuentes de la
inteligencia naval, en cambio, sostenían ayer que el perfil psicológico de Estrada no
permitía suscribir con facilidad la explicación de muerte por propia mano y optaban por
hablar de "supuesto suicidio".
El cadáver de Estrada fue descubierto ayer, alrededor de las 11 de la mañana, por un familiar y la mucama que había acudido a limpiar el departamento. Al parecer, la falta de noticias había llamado la atención de sus allegados. Estrada estaba separado de su esposa y tenía dos hijos que viven en Uruguay. De acuerdo con los primeros datos recogidos por los forenses, la muerte del marino se habría producido entre doce y dieciséis horas antes, es decir, entre la tarde y la noche del lunes. Eso explica, asimismo, que Estrada se encontrara en pijama. El hombre se encontraba en el escritorio, ante una computadora que fue secuestrada por el juzgado. En el lugar se encontraron dos pistolas, una 9 milímetros Parabellum y una 380. Con ella fue efectuado el disparo. El proyectil entró por el costado izquierdo de la nuca, en la región occipital. Los magistrados reconocieron que no es la forma habitual del suicidio con arma de fuego y que la sien y la boca suelen ser los puntos elegidos por quien acciona el arma. Además, resulta difícil sostener la pistola y apretar el gatillo con la mano izquierda. Sin embargo, familiares de Estrada señalaron que si bien era diestro, disparaba con las dos manos. Los policías de la comisaría 15, al mando del comisario Jorge Laino, y el personal del juzgado de instrucción de Facundo Cubas --el mismo que interviene en el affaire de Susana Giménez y las llamadas de Hard Communication-- no observaron ninguna anormalidad en el lugar, que se encontraba ordenado y sin signos de violencia. En la heladera se enfriaban copas de champagne y, eso sí, junto al televisor se apilaban varios videos calificados X. Consultados, los encargados de la investigación se negaron a contestar por sí o por no una pregunta de este diario: ¿es concebible que un oficial de Marina se suicide dejando a la vista una colección de films pornográficos? "Nadie puede saber lo que pasa por la cabeza de un suicida", fue la vaporosa contestación. Algunos de sus ex compañeros de arma recordaron ayer a este diario que, en los últimos encuentros, lo habían notado a Estrada "acosado" y furioso con un alto funcionario del Gobierno al que había definido como "más peligroso que Satanás". Alias "Humberto" Estrada, Horacio Pedro, nació en 1933 y pertenecía a la promoción 80 del Liceo Naval, al que ingresó en 1947. Se graduó seis años después, en 1953, con --también-- el número 80 en su orden de mérito en diciembre del '47. Sus compañeros de camada fueron el capitán de fragata Jorge Búsico, ex jefe de la División Estudios de la ESMA entre el '76 y el '77; el contraalmirante Vicente Mario Arduino, denunciado en el proceso que instruye el juez Baltasar Garzón, y el vicealmirante Carlos Lacoste, titular del Ente Autárquico Mundial 78 y presidente de la Nación por unas pocas horas. Pero la fama no le iba a llegar por su verdadero nombre sino por su seudónimo, "Humberto", el nombre de guerra con que se hizo célebre en los sótanos de la ESMA. Allí, según el sobreviviente Víctor Basterra, fue jefe del GT (Grupo de Tareas) hasta 1981. "Venía para renovar pasaportes falsos y auténticos. Intervino en la confección de dos pasaportes falsos para Licio Gelli", recordaría Basterra. Luego, Estrada o "Humberto", acusado de 37 delitos de tortura y asesinato y beneficiado con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue destinado a la agregaduría del arma en Sudáfrica, donde intervino en la venta de proyectiles que las fábricas del appartheid hicieron llegar a la Marina de Guerra Argentina, un negocio que comenzó a dominar en aquellos años y le iba a servir luego para sobrellevar las estrecheces del retiro.
VIQUEIRA RECONSTRUYE COMO FUE LA VENTA DE
ARMAS Por Adriana Meyer
--¿Cómo se inicia el caso de la venta ilegal de armas? --Es como una novela. El caso estalla con la denuncia de que estaban saliendo armas con destino a Ecuador, un país con el cual Argentina tenía el compromiso de garantizar la paz en su conflicto con Perú. Esto trasciende periodísticamente, lo que motoriza una denuncia penal e investigación que culmina con el procesamiento del ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, por omisión de denuncia de lo que aparecía como una operación de triangulación de armas. Los otros procesados son el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, el ex jefe de la Fuerza Aérea, Juan Paulik, y el coronel Edberto de la Vega. Supuestamente lo que había salido por el decreto 103 de 1995 hacia Venezuela, había ido directamente a Ecuador. Venezuela negó haber comprado nada. --¿Cómo es la venta a Croacia? --Empieza en 1991 con dos decretos firmados por el presidente Carlos Menem, Erman González, Guido Di Tella y Domingo Cavallo, que facultaban la venta de armas a Panamá. Tiene que ver con material bélico más pesado. Se vendieron desde ese año hasta 1995 de manera continuada en siete embarques en naves de bandera croata (Croatia Line), más de 6500 toneladas de armamento: lo más conocido son las piezas de artillería, los cañones Citer 155 milímetros, los obuces Oto Melara, munición para estas armas y morteros. --¿De dónde sale este armamento? --Salieron de arsenales del Ejército. Ellos sostienen que tenían un convenio con Fabricaciones Militares para reparar armas, y tratan de justificar en él la salida de las armas desde esos arsenales. Ocurre que hemos presentado pruebas de que hay dos salidas: una posterior a la firma del convenio de octubre de 1994, pero hay otra salida anterior de febrero de 1994 cuando todavía no se había rubricado. Los contenedores que salían de la Capital y volvían a ella, descansaban en la compañía de municiones de Los Polvorines. Esto demuestra que hay un alto nivel de participación del Ejército. Cuando uno ve que está involucrada la Fábrica Militar de Río Tercero, la cúpula de Fabricaciones Militares, y que gran parte de los elementos eran sacados de cuarteles militares, nos hace suponer que había una decisión política al más alto nivel del gobierno nacional. --¿Cuál fue el papel del ex ministro de Defensa Antonio Erman González? --El fiscal Carlos Stornelli le ha pedido al juez Urso que lo cite como imputado, junto al ex interventor de Fabricaciones Militares, Jorge Pereyra de Olazábal, actual segundo de Jorge Domínguez en Defensa, al hermano de Raúl Granillo Ocampo, Nicolás Ignacio, y al ex vicecanciller y actual diputado Juan Carlos Olima, entre otros ex funcionarios. --¿Cuál es la relación entre el estallido de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida en noviembre de 1995 y el caso de las armas? --El juez que investiga la explosión todavía no ha podido determinar cuál ha sido el origen del fuego, y han aparecido indicios que pueden abonar la teoría del hecho intencional para encubrir la venta ilegal. --¿Qué investigan los otros jueces? --Los jueces en lo penal económico Julio Speroni y Marcelo Aguinsky investigan el contrabando. El primero se limitó a Ecuador y Speroni investiga el buque Opatija, y le he solicitado que amplíe a otros embarques. El juez Jorge Urso analiza la actuación de los funcionarios públicos, que podría encuadrarse como asociación ilícita porque actuaron verdaderas bandas, son hechos reiterados y se adulteran documentos. --¿Cuál fue el rol del capitán de navío retirado Horacio Estada? --En la salida de las armas a Ecuador hay testimonios de su presencia, junto al traficante de armas Jean Bertrand Lasnaud. --Además de los ministros que firmaron los decretos, ¿hasta qué punto está involucrado presidente Carlos Menem? --Hay que investigar a todos los firmantes del decreto, porque ya desde
1993 se pedían informes sobre el tema. Se presume que los decretos blanquearon la venta
que venía desde 1991.
Palleros salió ayer de la cárcel de
Sudáfrica Por A.M.
"La cárcel le ha afectado mucho, es un hombre de 72 años que ha perdido ocho kilos durante su cautiverio, y no tiene a su familia cerca. Aunque está pendiente ese asunto (una causa) por su solicitud de residencia, le han devuelto su pasaporte y su documento sudafricano", dijo en italiano el letrado que representa a Diego Palleros en Sudáfrica, Maurizzio Mariano. "Sobre su regreso a vuestro país aún no hemos hablado", agregó el letrado. Sin embargo, su defensor en Buenos Aires, el ex juez federal Néstor Blondi, manifestó que "Palleros no vuelve a la Argentina porque supone que no tiene las garantías suficientes de tener un juicio imparcial". En declaraciones al programa "Punto de encuentro" que conduce Luisa Valmaggia, el letrado manifestó que "no es un delito político, no son hechos políticos, pero las dos causas tienen connotaciones políticas bastante sustanciosas, por la calidad de la gente que está imputada, por la presión que existe en los medios de prensa y por el interés que han puesto los partidos políticos. Cuanto mayor cantidad de estos elementos hay, menor posibilidad de hacer algo estrictamente técnico y jurídico". Blondi cree que Palleros no se volverá a escapar. "Si se instaló ahí, es porque estaba cansado de dar vueltas, de un lado para otro, no es fácil estar fuera de su país y de su familia. Más allá del deseo de explicar su situación y de decir sus cosas, consideró conveniente elegir este lugar". De todos modos, Palleros está virtualmente preso en aquel país, porque está firme el pedido de captura de Interpol, por el cual sería detenido si intentara atravesar sus fronteras. ¿Palleros tiene miedo de volver?, preguntó Valmaggia. Blondi respondió que el tema de las amenazas es un elemento adicional, que ha sufrido en su momento. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky fue el primero en solicitar la captura internacional de Palleros en 1996, por el delito de contrabando agravado por los 5 mil fusiles FAL y 75 toneladas de municiones de Fabricaciones Militares que fueron a Ecuador a principios de 1995, a pesar de que el decreto presidencial decía que el material bélico era para Venezuela. Este delito tiene una pena mínima de 4 años y máxima de 15, por lo cual el magistrado no puede darle el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Fuentes de ese juzgado aseguraron a este diario que había cierta expectativa sobre la extradición, calificaron como "sorprendente" la decisión del juez sudafricano, y cifraron sus esperanzas en la apelación de la fiscalía. Palleros había dicho desde la cárcel de Johannesburgo que "la causa por contrabando de Aguinsky es política", y que quieren usarlo de chivo expiatorio. En ese reportaje concedido al diario Clarín, Palleros había asegurado que "el gobierno sabía todo sobre la venta de armas", e involucró al jefe del Ejército, general Martín Balza --a punto de ser imputado por el fiscal federal Carlos Stornelli-- y al empresario Emir Yoma. Cuando lo capturaron, hacía dos años que estaba prófugo. El coronel retirado Diego Emilio Palleros Paz fue dado de baja del Ejército por rebeldía en 1963, tras identificarse como parte de un grupo rebelde que participó de la insurgencia de abril de ese año. Luego recobró su grado militar y obtuvo el retiro efectivo con el grado de teniente coronel. Nació en Rosario hace 72 años, y desde 1982 se dedicó al comercio internacional de armas. Fue representante de Fabricaciones Militares y titular de las empresas uruguayas Debrol y Hayton Trade, empleadas para triangular los embarques ilegales efectuados entre 1991 y 1995, al amparo de los decretos presidenciales secretos.
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